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Archivo por Marzo 2015

Mucho se ha escrito sobre El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Las críticas al libro se resumen en dos grandes grupos: (1) cuestiones teóricas y (2) problemas empíricos. En esta reseña para la Fundación Libertad y Progreso resumo algunos de los mayores problemas encontrados en la obra de Piketty.

"La publicación en inglés del libro El capital en el siglo 21 del economista francés Thomas Piketty ha generado un intenso y a veces hasta acalorado debate en Estados Unidos. Su publicación en español por el Fondo de Cultura Económica (FCE) puede generar un impacto similar en los países de habla hispana. El libro de Piketty trata directamente sobre cuestiones de distribución del ingreso, siendo un tema de debate político y social en Latinoamérica es de esperar que el libro tenga cierto impacto.

Tantas opiniones se han vertido sobre el libro Piketty que no puedo dejar de mencionar que no reclamo originalidad en los puntos que discuto a continuación. De hecho, en lo que sigue me baso fundamentalmente en los trabajos de Dierdre McCloskey, Xavier Sala-i-Martin, Philip Magness, Robert Murphy, Juan Ramón Rallo, David Henderson, y Chris Giles cuya lectura es recomendable".

Seguir leyendo en Fundación Libertad y Progreso.

A partir de hoy (11 de marzo) entra en vigencia la Resolución N° 011-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) del Ecuador que establece sobretasas arancelarias entre el 5% y 45% para la tercera parte de los productos importados, exceptuando la mayoría de materias primas y bienes de capital. Según las autoridades gubernamentales, con esta medida se busca mitigar el efecto que tendrá la caída del precio del petróleo en las exportaciones, estimada en unos $3.000 millones, y así proteger la balanza comercial y la dolarización.

Aunque no es la primera vez que el Gobierno se decide por este tipo de medidas, sí es la restricción más fuerte al comercio que ha impuesto. Al igual que ahora, en enero de 2009 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) estableció una salvaguardia para precautelar la balanza comercial, también por la caída del precio del petróleo. Sin embargo, en aquella ocasión la sobretasa máxima fue del 35% para bienes como bebidas alcohólicas, cosméticos, celulares, entre otros bienes de consumo. Esto afectó a un poco más de 600 artículos de importación. En cambio, la restricción del 2015, aumenta hasta en 45% los aranceles vigentes y afecta a más de 3.000 productos como televisores, repuestos automotrices, cerámicas, camiones, alimentos y demás.

Además, a pesar que las autoridades han sugerido que la salvaguardia dure 15 meses, la Resolución no especifica la fecha de expiración, solo establece que es de “carácter temporal”. En cambio, en la del 2009, el Artículo 1 definió explícitamente que la salvaguardia sería “temporal y por el periodo de un (1) año”. Actualmente solo se conoce que tras los 15 meses sugeridos por el Ministerio Coordinador de la Política Económica se revisará para determinar su fin, o continuidad.

Pero Ecuador no es el único país sin moneda propia con problemas deficitarios en su cuenta corriente. Si comparamos el promedio del déficit de la cuenta corriente en relación al Producto Interno Bruto (PIB) entre 2005-2013 de Panamá (-8,1%) con Ecuador (0,8%), se podría concluir que Panamá necesitaría mucho control sobre sus importaciones. Pero a pesar de no tener política monetaria, no ha optado por la aplicación de medidas restrictivas al comercio. La estrategia de Panamá se fundamenta en atraer grandes flujos de capital además de libertad de comercio y financiera.

Otro factor importante de considerar es el problema fiscal que atraviesa el Estado ecuatoriano. Entre 2007 y 2014 el gasto del Sector Público no Financiero, que engloba toda la actividad del Estado, pasó del 25% a más del 45% del PIB. Esto conllevó pasar de un resultado global superavitario del 1,9% del PIB a un déficit del 4,6% en el 2014. Para el 2015, con la caída de los ingresos petroleros (tercera parte del total), la necesidad de financiamiento del Estado superaría los $10.000 millones.

Esta agresiva medida para restringir las importaciones y la salida de divisas evidenciaría que la economía ecuatoriana no está “tan preparada” para asumir impactos externos como la caída del precio de petróleo y el fortalecimiento del dólar. Es ahora cuando no haber diversificado las fuentes de divisas le costará caro al país. Con una reducida inversión extranjera de menos de $800 millones por año, limitados mercados de exportación, elevado déficit fiscal y endeudamiento agresivo, el Ecuador es cada vez más vulnerable a los cambios repentinos de la economía mundial.

Es evidente que el 2015 será un año difícil para los ecuatorianos. No solo por la reducción del poder adquisitivo como consecuencia del aumento de aranceles sino también por la reducción de la actividad comercial que afectará al empleo y el crecimiento económico. Por último, la dolarización para fortalecerse no necesita salvaguardias, impuestos, aranceles, cupos, cuotas u normas técnicas, lo que necesita es mayor apertura comercial, inversión productiva y reglas claras que incentiven el empleo y la producción.

Es cierto que, a diferencia de Venezuela, nuestro país vecino al oriente, Colombia no se destaca en las noticias internacionales por las expropiaciones arbitrarias, por la inflación ni por la escasez de productos básicos causada por los controles de precios.

El gobierno colombiano tampoco ha cerrado despóticamente medios de comunicación simplemente porque emiten noticias u opiniones que desagradan al régimen, ni ha legalizado el uso de armas letales en contra de los estudiantes que se manifiestan en las calles.

Pero nada de esto debería enorgullecer mucho a los colombianos que defienden la libertad. Raramente es buena idea compararse con el peor alumno del salón de clase para ufanarse de unas notas mediocres, y el desempeño de Colombia en cuanto a las libertades económicas y civiles es poco brillante en el mejor de los casos.

En cuanto a la economía, los políticos colombianos de todas las vertientes establecidas suelen culpar al “neoliberalismo”- aquella “tremebunda entelequia destructora” según Mario Vargas Llosa- de todo mal real o imaginario. La realidad, sin embargo, es que la libertad de mercado es bastante precaria en Colombia.

Usualmente se requiere a un extranjero para que señale el carácter poco libre y mas bien corporativista de la economía nacional. En el 2012, Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato y autor de Libremente, me dijo en una entrevista que Colombia es un país “bastante mercantilista, con un sector privado fuerte, pero con empresas fuertes porque han sido protegidas durante muchos años por el Estado, principalmente por medio del proteccionismo comercial y de regulaciones”.

Agregó que los Tratados de Libre Comercio colombianos, denigrados tanto por la izquierda como por la derecha, “abren mucho menos el mercado local a la competencia foránea” que aquellos que firman países vecinos como Perú.

Las palabras de Juan Carlos tienen eco en lo que ha escrito acerca de Colombia el profesor de Harvard James Robinson, quien percibe un altísimo grado de cartelización o monopolio en la economía colombiana. Robinson nota que las tres mayores fortunas creadas en el país durante el siglo XX- en cerveza, bebidas gaseosas y en la banca y servicios financieros- surgieron “a partir de monopolios… protegidos y a veces blindados por el Estado”.

Aparte de esta colusión poco salubre entre grandes grupos económicos y políticos o funcionarios estatales --claramente a costa de la competencia y del consumidor-- están los colosales tentáculos retardatorios de la burocracia y del fisco colombiano. Más allá yace un sistema judicial ineficiente y en muchos casos corrupto.

Según el Banco Mundial, crear una empresa legítima en Colombia requiere 8 trámites que se cumplen en 11 días. Quien intente registrar un nuevo negocio, sin embargo, rápidamente cae en cuenta de que estas cifras son bastante optimistas. Más acordes con la realidad son las cifras de 33 trámites y 1.288 días necesarios para hacer cumplir un contrato en Colombia, lo cual nos deja en el puesto número 168 entre 189 países en el escalafón Doing Business. En materia tributaria, una empresa colombiana puede perder 239 horas anuales al cumplir los requisitos para pagar 11 impuestos que suman el 75,4% de las ganancias totales, una tasa mucho mayor a la de Suiza (29%), Suecia (49%) y Dinamarca (26%).

Aunque “la equidad” es uno de los términos favoritos del gobierno actual- un gravamen nuevo se llama el “Impuesto sobre la renta a la equidad”- la descomunal carga tributaria y burocrática que impone el Estado sobre el sector productivo genera una desigualdad de oportunidades aterradora.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el 60% de las empresas del país son informales, y ¿quién las puede culpar? Pagar impuestos en Colombia es algo para ricos, pero acá rigen las mismas condiciones que detecta Johan Norberg en Kenia: “¿Quiere usted abrir un negocio para enriquecerse? Olvídelo, usted debe ser rico para abrir un negocio”.

Lo funesto del asunto es que, como escribe Hernando de Soto, los actores en la economía informal no pueden ejercer sus derechos a la propiedad ni hacer valer contrato alguno. Tampoco tienen acceso al crédito o a la acumulación del capital dentro de un sistema financiero legal. En pocas palabras, los informales colombianos no tienen acceso al capitalismo, por medio del cual la gran mayoría podría salir de la pobreza.

Una cosa, sin embargo, es la realidad económica, y otra los mitos que persisten en la academia. Resulta algo irrisorio, de hecho, que la mitad de los historiadores asignados por el gobierno colombiano para hacer una “contribución al entendimiento del conflicto armado” coincidan en que el “capitalismo” es la causa o parte de la causa de la guerra en el país. Como nota el economista Daniel Gómez Gaviria, cuando se habla del rapaz capitalismo colombiano, en realidad se hace referencia “a las estructuras pre-capitalistas que aún persisten” aquí.

En cuanto a las libertades civiles, los medios de comunicación colombianos no están sometidos a una censura brutal por parte del Estado, pero eso no significa que sean del todo libres o independientes.

Recientemente se supo que algunos de los medios más grandes e importantes del país- Revista Semana, RCN y Caracol Televisión- han recibido cientos de miles de dólares por parte del Estado para promover su agenda propagandística a favor de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Así que la prensa, la cual debe observar meticulosamente al Estado y alertar de cualquier abuso de su parte, ha comprometido su independencia a cambio del flujo de fondos provenientes de la entidad que debe vigilar. En las palabras del poeta Juvenal, quis custodiet ipsos custodes? (¿Quién vigilará a los propios vigilantes?)

Otro ejemplo de la amenaza a las libertades civiles en Colombia es la denominada Ley Antidiscriminación del 2011, la cual penaliza con cárcel a quien sea declarado culpable de ofender a otra persona por su religión o su ideología entre otras razones. Esto le ha abierto la puerta a las acusaciones en contra del “discurso del odio” que, basadas en la noción falaz de que un supuesto derecho a no ser ofendido es compatible con la libertad de prensa, han socavado considerablemente la libre opinión en Canadá y Francia entre otros países.

Sin duda alguna, los colombianos deberíamos denunciar los abusos contra la libertad que ocurren prácticamente a diario en Venezuela. Pero no debemos perder de vista la manera en que el Estado colombiano quebranta nuestras propias libertades de una manera más gradual y menos notoria, pero a la vez constante y ciertamente peligrosa.

Recientemente el Foro Económico Mundial elaboró un ranking a través del cual evaluó el nivel de independencia judicial existente en 148 países alrededor del mundo. Si bien su metodología, como la de todos los demás rankings, puede ser cuestionable sus resultados son elocuentes y nos invitan a la reflexión.

En un extremo del listado se ubican Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Hong Kong y Noruega todos ellos países cuyos sistemas de justicia funcionan con independencia frente a los grupos de presión –políticos, empresariales, ideológicos o sindicales- existentes en la sociedad. Al otro lado de la balanza, se encuentran Venezuela, Burundi, Paraguay, Moldova y Chad; muy probablemente, en esos países, los jueces no tienen la libertad para aplicar el derecho según su criterio sino que deben obedecer directivas de poderes –jurídicos o fácticos- que los tienen apresados.

Si ampliamos un poco la mirada las cosas se hacen aún más interesantes. De los 20 países peor ubicados en el ranking 7 están ubicados en Africa, 5 en Latinoamérica y 4 en el área de influencia de la antigua Unión Soviética. Por su parte, de los 20 países mejor evaluados, 5 pertenecen al Commonwealth y 8 están ubicados en el norte de Europa.

Claramente una infinidad de factores influyen en los niveles de independencia judicial de las naciones.  Sin embargo, igual me animaré a formular una tesis que intente explicar, aunque sea de manera defectuosa y simplista, los resultados estadísticos citados anteriormente.

A grandes rasgos existen dos modelos institucionales alternativos para organizar el funcionamiento de los poderes judiciales en el mundo. En el primero de ellos los jueces usualmente inician su carrera a temprana edad y, progresivamente, van ascendiendo a través de los distintos cargos de una estructura jerárquica. En el segundo de ellos, en cambio, las personas ingresan a la carrera judicial a una edad más avanzada y tienden a ocupar la misma posición por mucho tiempo. A continuación debemos preguntarnos: ¿qué influencia ejercen estos modelos institucionales en los niveles de independencia judicial de un sistema jurídico?

Naturalmente, en el primero de estos sistemas, la actividad de los jueces es seguida de cerca por instituciones encargadas de su evaluación y promoción. En cambio, en el segundo de estos sistemas, generalmente no existe una organización formalmente encargada de evaluar, premiar y castigar a los jueces.

A primera vista, el primer modelo establece una estructura de incentivos que estimula la diligencia en la administración de justicia. Sin embargo, es importante no olvidar que las personas encargadas de supervisar a los jueces tienen incentivos –económicos, políticos e ideológicos- propios.  Probablemente algunos ejemplos pueden ayudar a aclarar este punto:

En el Perú el Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad encargada de nombrar, evaluar, promover y destituir a los jueces. Dicha institución cuenta con 7 miembros; uno designado por el propio Poder Judicial, uno por el Ministerio Público, uno por los colegios de abogados, dos por los demás colegios profesionales existentes, y dos por las universidades-públicas y privadas del país.

Cabe resaltar que, lejos de ser excepcional, este modelo es bastante representativo en la región puesto que Ecuador, Bolivia, El Salvador, México, Paraguay y Argentina poseen organismos con una composición semejante. Por su parte, muchos países en Europa como Francia, Italia, Portugal, Polonia y España también utilizan mecanismos semejantes. De hecho, el modelo se ha extendido hasta el punto de que el 60% de los países en el mundo lo utiliza en alguna medida.

Posiblemente el modelo descrito en el párrafo anterior puede tener muchas ventajas, sin embargo, en términos de independencia judicial, no es tan difícil percibir los problemas que plantea. Si los jueces deben someterse a la evaluación de una institución corporativa que representa a diversos grupos de presión –básicamente abogados, profesionales, y profesores universitarios- muy probablemente su capacidad de aplicar el derecho con independencia quedará menoscabada en algún grado.

Con ello en mente conviene volver al ranking elaborado por el Foro Económico Mundial. Mientras que, de los 20 países peor ubicados, 13 (65%) utilizan el sistema descrito en el párrafo precedente solo 4 (20%) de los 20 países mejor ubicados en dicho ranking lo emplean.

Como queda claro, ello dista mucho de demostrar algo fehacientemente pero la idea no deja de ser sugerente.

Nota: Si se quiere leer más sobre este tema recomiendo revisar el excelente artículo de Richard Posner titulado Judicial Behavior and Performance: An Economic Approach.

Ricardo Patiño en evento para respaldar al gobierno de VenezuelaUna nueva crisis política se está gestando en Venezuela conforme la economía continúa en caída libre, el malestar social crece, y el gobierno intensifica su ofensiva contra la oposición. Dos semanas atrás, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue arbitrariamente detenido bajo cargos espurios de planear un golpe de Estado. Otras figuras destacadas de la oposición están en la mira del régimen de Nicolás Maduro y podrían ser detenidas en cualquier momento.

Una vez más, la oposición venezolana, así como organizaciones internacionales de derechos humanos y expresidentes latinoamericanos, han exigido que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tome una posición sobre la situación en Venezuela. Bueno, ya lo ha hecho. En numerosas oportunidades, tanto el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, como los ministros de relaciones exteriores elegidos para mediar en el conflicto, han apoyado de manera inequívoca al régimen de Maduro.

Luego de reunirse con Maduro días atrás, Samper dijo que “Todos los países de la UNASUR rechazan cualquier intento, interno o externo, de desestabilizar la estabilidad y tranquilidad democrática de Venezuela. Hemos recibido pruebas (de los intentos)”. Diez días después del arresto de Ledezma, Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y uno de los “mediadores” de la UNASUR en Venezuela, realizó un “evento de solidaridad” al régimen de Maduro, afirmando que, "Estamos dispuestos a viajar a Venezuela tantas veces como sea necesario para colaborar con las autoridades revolucionarias del gobierno electo en representación de los venezolanos, y contribuir a detener lo que se presenta como un nuevo golpe de Estado que nos parece inaceptable”.

Resulta bastante evidente que la misión de la UNASUR en Venezuela es apoyar al gobierno. ¿Por qué es entonces algunos líderes de la oposición venezolana, así como otros actores internacionales, siguen esperando que esta organización desempeñe un papel constructivo en la crisis?

Pero la participación de la UNASUR no termina allí. Por alguna razón, a pesar de sus declaraciones manifiestas a favor del régimen de Maduro, la organización ha sido aceptada en el pasado como mediadora entre el gobierno y un sector de la oposición. Como tal, las negociaciones mediadas por la UNASUR han tenido dos efectos: En primer lugar, han ayudado a dividir la oposición entre aquellos que reconocen la inutilidad de negociar con una dictadura y quienes todavía creen que pueden obtener concesiones del gobierno. En segundo lugar, las negociaciones le han dado al régimen de Maduro una oportunidad para engañar al mundo haciendo creer que está dispuesto al diálogo con la oposición. Además, han ayudado a presentar a aquellos que se niegan a participar como "radicales".

Eso es lo que ocurrió luego del arresto a Leopoldo López hace un año. López sigue languideciendo en la prisión, el gobierno desinfló la presión internacional, y la oposición está más dividida que nunca entre los que se sentaron a negociar ("colaboracionistas", según los que se negaron a participar) y los que decían que todo era una trampa ("radicales", de acuerdo a los que aceptaron la mediación de UNASUR).

Después de la detención de Ledezma, ¿caerán una vez mas los elementos “moderados” de la oposición en la trampa de aceptar la mediación de UNASUR?

A lo largo de los últimos años han emergido innumerables movimientos feministas que dicen querer hacer universal la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Emancipación de las mujeres de toda opresión, sociedad igualitaria, empoderamiento desde una perspectiva anticapitalista, clasista y revolucionaria, son sólo algunas de las consignas que resaltan estos movimientos. La lucha más difundida últimamente ha sido "igual salario por igual trabajo", haciendo alusión a que la mujer gana en promedio menos que el hombre.

Muy pocas personas han reflexionado sobre estas cuestiones y se han aventurado muy peligrosamente a apoyarlas. Incluso muchos medios de comunicación proclaman a voces lo que oyentes aceptan sin cuestionar.

Los invito a ver estos videos acerca de esta cuestión:

Lo que los burócratas, organizaciones internacionales y no gubernamentales y medios de comunicación olvidan es que la idea de igual salario por igual trabajo es injusta, sus consecuencias para la economía son nefastas y otorga privilegios en base a cuestiones aleatorias, en este caso, de género. De esta forma se ha dado un mensaje completamente tergiversado y con argumentos falaces, mensaje al que muchos han adherido. Por ejemplo, plantean desde las agrupaciones feministas que "(...) esto [sistema patriarcal] lleva a que, a lo largo de la historia, los derechos de la mujer hayan sido relegados, estableciendo una relación de opresión y dominio de los hombres sobre las mujeres, derivando indefectiblemente en la violencia de género, en cualquiera de sus variantes (física, emocional, sexual o económica)". Esta idea no sólo presenta incongruencias a nivel económico sino también a nivel moral.

Lo que la premisa igual salario por igual trabajo no tiene en cuenta es que las comparaciones se realizan en base a valores promedio de salarios, y lo que hay que aquí tener en cuenta, antes que nada, es el tipo de trabajo que ambos sexos realizan. El trabajo de la mujer no es igual al del hombre. Las estadísticas no muestran que muchos hombres se han abocado a carreras como Ingeniería, mientras que las mujeres tienden a escoger otras profesiones en las que los sueldos son menores. Otro aspecto a tener en cuenta es que el sexo femenino tiende a reducir sus horas de trabajo, a diferencia del hombre quien está más dispuesto a trabajar horas extras. Las diferencias de inversión en materia de educación es otro factor que diferencia a hombres y mujeres. Tampoco los datos muestran que la mujer debe ausentarse durante largos períodos por el simple hecho de que son quienes tienen hijos y necesitan de tiempo para cuidar a sus hijos y familia. Además, también suelen requerir atención médica con más frecuencia. Es por todo esto que, si bien pueden existir excepciones puntuales, la mujer es menos productiva que el hombre en la vida profesional. Por ello, las diferencias de salarios entre los dos sexos no es resultado de discriminación en el mercado laboral sino de las decisiones que ambos toman a lo largo de su vida.

Ahora, ¿por qué asumir que una persona tiene derecho a un determinado salario? Los únicos derechos legítimos son a la vida, Libertad y propiedad. Cualquier otro derecho es injusto en sí mismo ya que llevarse a cabo implica perjudicar y violentar los derechos de otra persona. Así como los aspirantes a un puesto de trabajo escogen dónde trabajar y a qué salario están dispuestos a ofrecer su trabajo, los empleadores deciden a quién emplear y cuánto pagar. Y es a partir de la negociación entre el empleador y empleado que se acordará el salario. Sostiene Domingo García "(...)Convéncele de que tú [mujer] vales tanto o más como los empleados varones que hacen el mismo trabajo, o que tú haces un mejor trabajo por el mismo precio. ¿Que no puedes convencerle? Vete a otro empleador que acepte tus razones. ¿Que no sabes negociar? Haz un curso de negociación. ¿Que no consigues convencer a nadie? Entonces, ¿de dónde sacas que tú vales más de lo que alguien te quiere pagar?"

Por último, como señalaba Frédéric Bastiat, debe tenerse en cuenta aquellas consecuencias que a simple vista no se ven. La implementación de una ley que obligue a los empleadores a pagar el mismo salario tanto a las mujeres como a los hombre no sólo es injusta para el empleador sino que sería contraproducente para el sexo femenino. Si se promulgara esta ley, cualquier empresa dejaría de emplear a mujeres porque sus costos aumentarían -ahora deberían pagar a sus mujeres empleadas lo mismo que a los hombres que realizan el mismo trabajo-. Además, como muchas leyes injustas no se cumplen, los empresarios correrían el riesgo de que las mujeres los demanden por no cumplir esta legislación, incurriendo nuevamente en costos.

Lo que estos movimientos ignoran es lo importante que resulta la preservación y respeto del Estado de Derecho para que la discrecionalidad de algunos pocos no lesione las libertades de otros. A fin de cuentas, estas nuevas dictaduras de género que bajo un discurso totalitario reclaman igualdad mediante derechos que no son legítimos, no son otra cosa más que la analogía marxista de división de clases aplicada a los sexos. Es imprescindible que la ley trate a todos como iguales y no se convierta en un instrumento nocivo que haga a algunos más iguales que otros. Porque como bien ha expresado Alberto Benegas Lynch (h) en incontables oportunidades: "La igualdad es ante la ley y no mediante ella".

Magna CartaEl año 1215 se muestra lejano en el tiempo. Solo la historia como ciencia de la exploración nos permite comprender lo que en esa época había ocurrido. Hasta hoy día, un documento de hace 800 años ilumina nuestra civilización.

Ya antes el colectivismo, cuya raíz es la misma del socialismo que privilegia al Estado sobre el individuo, sepultó a la Roma Republicana en el 27 a. C. a causa de la voluntad imperial que impuso la intervención estatal sobre la vida, la propiedad y la libertad.

Desde aquella caída de la Roma Republicana a causa del colectivismo socializante,  y durante casi mil años, cayó sobre la faz de la tierra la tiniebla del colectivismo. Había sido relegado en el tiempo el sabio concepto de que la ley sirve para proteger la libertad del individuo. Se hacía necesario el resurgimiento de aquella tradición libertaria. Y así ocurrió. En el norte del continente europeo, en una isla, Inglaterra, se inició un extraordinario proceso civilizador que no se detendría cada tanto si no fuera por las tiranías impuestas.

Los ingleses hacia el 1215, sin embargo, fueron comprendiendo que el derecho de propiedad es un genuino derecho humano: sin propiedad, decían, no hay justicia. De esta manera, no estaban dispuestos a admitir que la propiedad es un permiso, una dádiva, otorgada por el humor o capricho de la autoridad de turno.

Fue así como en aquel memorable 15 de junio de 1215, el Rey Juan I, conocido como Juan sin Tierra, firmó luego de complicadas reuniones en el campo de Runnymede el majestuoso documento conocido como Carta Magna que reconoce que la vida, la libertad y la propiedad son indisolubles; por tanto, ningún hombre podía ser desposeído de su propiedad, excepto por leyes pre establecidas y que la voluntad del Rey no era ilimitada.

A todos los comerciantes se les garantizaba seguridad de entrar y salir de Inglaterra, y el derecho para comprar y vender, libres de trabas. A los alguaciles, de gran predicamento en esa época, se les prohibía confiscar carretas y caballos, madera, trigo u otro tipo de provisión, sin pagar previamente y de inmediato en efectivo. Precisamente, la Revolución Industrial ocurrida en el siglo XVIII que concitó el progreso en la Inglaterra y Holanda de entonces no hubiera sido posible sin los recaudos originarios de la Carta Magna del siglo XIII.

¡Qué gran lección para los gobernantes de nuestra época! Una lección completa de política, economía y de cultura en general. ¿Cuánto avanzarían hoy las sociedades estancadas por vetustas ideas, con gobernantes colectivistas cuyo único propósito consiste en entrometerse en la vida de la gente?

A 800 años un grito de libertad resuena en el tiempo: ¡celebremos la Carta Magna!

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