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¿Por qué algunos países tienen un Poder Judicial independiente y otros no?

Publicado por Lucas Ghersi

Recientemente el Foro Económico Mundial elaboró un ranking a través del cual evaluó el nivel de independencia judicial existente en 148 países alrededor del mundo. Si bien su metodología, como la de todos los demás rankings, puede ser cuestionable sus resultados son elocuentes y nos invitan a la reflexión.

En un extremo del listado se ubican Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Hong Kong y Noruega todos ellos países cuyos sistemas de justicia funcionan con independencia frente a los grupos de presión –políticos, empresariales, ideológicos o sindicales- existentes en la sociedad. Al otro lado de la balanza, se encuentran Venezuela, Burundi, Paraguay, Moldova y Chad; muy probablemente, en esos países, los jueces no tienen la libertad para aplicar el derecho según su criterio sino que deben obedecer directivas de poderes –jurídicos o fácticos- que los tienen apresados.

Si ampliamos un poco la mirada las cosas se hacen aún más interesantes. De los 20 países peor ubicados en el ranking 7 están ubicados en Africa, 5 en Latinoamérica y 4 en el área de influencia de la antigua Unión Soviética. Por su parte, de los 20 países mejor evaluados, 5 pertenecen al Commonwealth y 8 están ubicados en el norte de Europa.

Claramente una infinidad de factores influyen en los niveles de independencia judicial de las naciones.  Sin embargo, igual me animaré a formular una tesis que intente explicar, aunque sea de manera defectuosa y simplista, los resultados estadísticos citados anteriormente.

A grandes rasgos existen dos modelos institucionales alternativos para organizar el funcionamiento de los poderes judiciales en el mundo. En el primero de ellos los jueces usualmente inician su carrera a temprana edad y, progresivamente, van ascendiendo a través de los distintos cargos de una estructura jerárquica. En el segundo de ellos, en cambio, las personas ingresan a la carrera judicial a una edad más avanzada y tienden a ocupar la misma posición por mucho tiempo. A continuación debemos preguntarnos: ¿qué influencia ejercen estos modelos institucionales en los niveles de independencia judicial de un sistema jurídico?

Naturalmente, en el primero de estos sistemas, la actividad de los jueces es seguida de cerca por instituciones encargadas de su evaluación y promoción. En cambio, en el segundo de estos sistemas, generalmente no existe una organización formalmente encargada de evaluar, premiar y castigar a los jueces.

A primera vista, el primer modelo establece una estructura de incentivos que estimula la diligencia en la administración de justicia. Sin embargo, es importante no olvidar que las personas encargadas de supervisar a los jueces tienen incentivos –económicos, políticos e ideológicos- propios.  Probablemente algunos ejemplos pueden ayudar a aclarar este punto:

En el Perú el Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad encargada de nombrar, evaluar, promover y destituir a los jueces. Dicha institución cuenta con 7 miembros; uno designado por el propio Poder Judicial, uno por el Ministerio Público, uno por los colegios de abogados, dos por los demás colegios profesionales existentes, y dos por las universidades-públicas y privadas del país.

Cabe resaltar que, lejos de ser excepcional, este modelo es bastante representativo en la región puesto que Ecuador, Bolivia, El Salvador, México, Paraguay y Argentina poseen organismos con una composición semejante. Por su parte, muchos países en Europa como Francia, Italia, Portugal, Polonia y España también utilizan mecanismos semejantes. De hecho, el modelo se ha extendido hasta el punto de que el 60% de los países en el mundo lo utiliza en alguna medida.

Posiblemente el modelo descrito en el párrafo anterior puede tener muchas ventajas, sin embargo, en términos de independencia judicial, no es tan difícil percibir los problemas que plantea. Si los jueces deben someterse a la evaluación de una institución corporativa que representa a diversos grupos de presión –básicamente abogados, profesionales, y profesores universitarios- muy probablemente su capacidad de aplicar el derecho con independencia quedará menoscabada en algún grado.

Con ello en mente conviene volver al ranking elaborado por el Foro Económico Mundial. Mientras que, de los 20 países peor ubicados, 13 (65%) utilizan el sistema descrito en el párrafo precedente solo 4 (20%) de los 20 países mejor ubicados en dicho ranking lo emplean.

Como queda claro, ello dista mucho de demostrar algo fehacientemente pero la idea no deja de ser sugerente.

Nota: Si se quiere leer más sobre este tema recomiendo revisar el excelente artículo de Richard Posner titulado Judicial Behavior and Performance: An Economic Approach.

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