Durante una visita reciente al Perú, José Piñera explicó en una entrevista con Jaime de Althaus que en el corazón de la crisis del estado de bienestar está el viejo sistema insostenible de pensiones públicas. Y discutió la solución. Aquí pueden ver la entrevista.

Como Bucaram, como Chávez, payasos...

Al menos dos grandes escándalos judiciales han aflorado en Ecuador en el pasado reciente: (1) el relacionado con la sentencia contra la empresa ChevronTexaco, condenada a pagar miles de millones de dólares por un juez ecuatoriano corrupto, una decisión basada en un informe de un mal llamado experto, elaborado en gran parte por la parte acusadora. Esta decisión fue ayudada por las presiones abiertas del Presidente Correa y su gobierno para que se dictara un fallo condenatorio. Y (2) el relacionado con la decisión del juez de Guayaquil Juan Paredes, quien en 24 horas “elaboró” un informe de 80 páginas para declarar culpables de calumniar al presidente a un diario ecuatoriano y a uno de sus columnistas, dándole 3 años de prisión al columnista y obligando al diario, sus directivos y al columnista a pagarle a Correa $40 millones.

Detrás de las dos grotescas decisiones está Rafael Correa, quien se propone establecer en Ecuador un verdadero hamponato judicial, a imagen y semjanza del que ya existe en Venezuela gracias a Hugo Chávez, quien sigue siendo el tutor de Correa en estas marramucias.

En el escándalo de ChevronTexaco le está saliendo el tiro por la culata, ya que la empresa afectada ha logrado probar que el juez, el experto, el equipo legal de la parte acusada y sus asesores técnicos y de imagen, tanto los de Colorado en EE.UU., como los de Ecuador, forman parte de una conspiración.

En el caso del diario condenado la reacción internacional no se ha hecho esperar. La Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y muchas otras organizaciones están criticando abiertamente este grotesco abuso de poder.

Rafael Correa piensa que está ganando “batallas”, sin darse cuenta de que está perdiendo la guerra. Ya aparece en el radar de los pueblos civilizados del planeta como un satélite de los regímenes forajidos de Cuba y Venezuela.

Es apenas un triste neroncito tropical.

En menos de cuatro meses la justicia ecuatoriana, conocida por ser lenta, ha llegado a una decisión en la querella que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, planteó en contra del columnista Emilio Palacio, los directivos del diario que publicaba sus editoriales El Universo y la empresa Diario El Universo. Según el presidente, Emilio Palacio lo injurió en este artículo y los directivos del diario y la misma empresa "coadyuvaron" en la ejecución del supuesto delito. En otras palabras, se fijaría el precedente de responsabilizar a terceros --incluso con cárcel-- de lo que un individuo dice a título personal y con su firma.

El dictamen establece que los directivos del diario --César, Carlos y Nicolás Pérez-- y el columnista Emilio Palacio irán a la cárcel por tres años y que además deberán pagarle $30 millones a Correa. Además, el juez ha pedido que paguen 5% de los costos de los abogados del presidente. Finalmente, el dictamen pide que la empresa Diario El Universo le cancele otros $10 millones al presidente.

Esto es un acto de intimidación para todos los medios y ciudadanos independientes de Ecuador. Aunque no es el primer golpe a la libertad de expresión durante este gobierno, si es el más radical dado el contexto. El 7 de mayo el presidente obtuvo en las urnas el poder de "meter las manos en las cortes", como él mismo lo dijo al proponer la consulta. De esta manera, el poder judicial del país próximamente podrá ser agregado la cada vez más extensa lista de instituciones capturadas por el gobierno.

Una vez que se complete la captura del poder judicial y luego de este dictamen, podremos esperar o más auto-censura por parte de los medios independientes o más personas enjuiciadas/encarceladas por opinar o una combinación de ambas cosas. Lo que si es seguro es que este es un duro golpe a la libertad en nuestro país.

El manifiesto de "Democracia real ya" subraya que sus firmantes y partidarios no tienen color político: sólo quieren democracia. Pero su democracia se basa en que la gente no pueda elegir.

Esto dicen: "Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz".

El manifiesto es imperativo: hay derechos básicos que "deberían estar cubiertos" y prioridades sociales que "han de ser". Nótese que así se han edificado las democracias modernas, cuya presión fiscal ya es históricamente elevada. Si a los redactores del manifiesto les parece que la democracia que tenemos no es real, la conclusión es que desean que el nivel de coacción política y legislativa que ya experimentan los ciudadanos aumente de modo apreciable. Es evidente que cuando hablan de derecho a la vivienda, la salud, la educación o el consumo de bienes "necesarios", no se están refiriendo a que los ciudadanos libremente paguen con sus propios recursos esos bienes y servicios. Si no se están refiriendo a eso, sólo pueden referirse a que el poder forzará a la población a que los pague. La "democracia real ya" no puede, por tanto, querer decir menos impuestos, controles, multas y prohibiciones, sino más. Su idea de la democracia, en consecuencia, estriba en que la gente no elija.

Dirá usted: ¡pero si apoya el "libre desarrollo personal"!

Es cierto, y resulta llamativo. Tanto este párrafo como el conjunto del manifiesto reprochan a los seres humanos libres, consideran que los objetivos de prosperidad de las personas son inmorales, empobrecedores y destruyen el planeta. Todo el manifiesto apunta a restringir más el libre desarrollo personal y también los contratos voluntarios, porque específicamente se ataca el mercado y se prima la coacción de la colectividad sobre el individuo.

En conclusión, o bien el manifiesto rechaza el libre desarrollo personal, o bien cree que sólo somos libres cuando la sociedad nos somete. En el primer caso, engaña. En el segundo, hiela la sangre.

Publicado originalmente en Libertad Digital (España) el 17 de julio de 2011.