Una de las principales críticas que nos hacen a los liberales es nuestra supuesta indiferencia ante los pobres. Esta percepción nace del hecho de que los liberales nos oponemos a gran parte del llamado “gasto social” del Estado. Para nosotros, en lugar de regalarles cosas a los pobres, el Estado debería facilitar que estos puedan trabajar y salir adelante mediante sus propios medios. En resumen, es la parábola de que en lugar de regalar pescado, hay que enseñar a la gente a pescar. Esto no significa que los liberales nos opongamos por completo a toda ayuda social. Friedrich Hayek, premio Nóbel de economía y uno de los principales exponentes del liberalismo en el siglo XX, enfatizaba la necesidad de que el Estado brinde una “red de protección social” para aquella gente que no puede valerse por sí misma. Milton Friedman, otro Nóbel de economía, promulgó la idea de un “impuesto de renta negativo” mediante el cual la gente que gana por debajo de un nivel mínimo de ingreso recibe una transferencia del Estado en lugar de pagarle impuestos a éste. Sin embargo, en todos estos casos, la ayuda estatal debe ser la excepción, no la regla.
En Costa Rica hemos apostado por un abotagado Estado Benefactor que, según el último estimado, comprende 44 programas contra la pobreza llevados a cabo por 24 instituciones públicas y que en el 2010 gastó aproximadamente $976 millones, o el equivalente de 2,2% del PIB. Este Estado de Bienestar se ha convertido en un artículo de fe de la clase política costarricense. Cada campaña electoral nos trae la promesa de un nuevo programa social. Oscar Arias nos trajo “Avancemos”. Laura Chinchilla la “Red de Cuido”. Cualquiera que ose proponer la eliminación de uno de estos programas o a tratar de racionalizar el gasto es rápidamente acusado de ser un desalmado “neoliberal”.
¿Está funcionando todo este gasto social? Las estadísticas no mienten. Costa Rica lleva casi dos décadas en que el nivel de pobreza no baja del 20% de la población. Más bien en los últimos 3 años ha experimentado un ligero aumento. Y hoy El Financiero reporta que Costa Rica es el segundo país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad en la última década. Docenas de programas estatales y cientos de miles de millones de colones en gasto social no están haciendo mella en el nivel de pobreza que ostenta el país. ¿Nos sorprendemos? En lo absoulto. En diciembre un informe de la Contraloría señaló que el Estado no sabe en qué se está gastando toda esa plata destinada a la lucha contra la pobreza. Ana Isabel García, ex viceministra de Desarrollo Social, afirma que “No hay manera de saberlo. Costó dos años determinar que había 44 programas. Pero nadie sabe si la ayuda llega a quien lo necesita, ni si esa ayuda hace bien”. Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica permanece incólume y la desigualdad va en aumento.
Mi diagnóstico es simple: En Costa Rica tenemos una clase gobernante a la que le interesa que los pobres estén inscritos en las planillas del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) en lugar de que salgan adelante honradamente mediante el trabajo. Una razón puede ser que estos políticos ven condescendientemente a los pobres como gente inútil que no puede ganarse el sustento por sí solos y necesita ayuda. Otra teoría más cínica (y creo que más realista) es que a la clase política le interesa contar con un segmento importante del electorado que dependa del asistencialismo y, por ende, sea susceptible al clientelismo.
El Estado es el principal agente empobrecedor en nuestro país: Les encarece los alimentos básicos a los más pobres mediante el proteccionismo agrícola. Les dificulta poder ganarse su sustento mediante mil y una regulaciones que les imposibilita poder ponerse un negocito. Les licúa sus ingresos a través de la inflación. Les niega un título de propiedad sobre los terrenos que habitan. El sistema mercantilista que Costa Rica ha adoptado de 1985 a la fecha ha generado un crecimiento anual promedio de la economía del 4,7% sin que la pobreza baje del 20% desde 1994 y con una desigualdad en crecimiento. No hay que ser brujo para llegar a la conclusión de que los beneficios de este crecimiento no están llegando a las clases más desfavorecidas.
La interrogante radica en cómo hacer para que los pobres se beneficien del crecimiento de la economía. La respuesta de las autoridades es que debemos gastar más en programas sociales y para eso necesitan más impuestos. Los liberales sostenemos que la mejor manera de ayudar a los pobres es permitirles que salgan adelante por sus propios medios sin tanta traba por parte del Estado. La evidencia es contudente en que aquellos que defienden el Estado de Bienestar lo hacen más basados en un acto de fe que en resultados concretos.