El gobierno argentino ha impuesto serias restricciones a la importación de libros debido a preocupaciones “por la salud humana”. Así como suena. Según el gobierno, “manosear” un libro con altas concentraciones de plomo en su tinta puede resultar nocivo. “Si uno se pone el dedito en la lengua para cambiar la hoja puede ser peligroso”, dijo Juan Carlos Sacco, el vicepresidente de una organización industrial que apoya la medida.

El gobierno afirma que esto no es una prohibición. Sin embargo, dado que cada comprador debe ahora demostrar en la aduana del aeropuerto que la tinta en el libro adquirido tiene cantidades de plomo menores al 0,006% en su composición química, la importación de libros al país está completamente detenida.

La medida tiene mucho que ver con los crecientes esfuerzos del gobierno argentino por detener la salida de dólares del país. La fuga de capitales en el 2011 alcanzó los $21.500 millones, y se aceleró tras la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre. Frente a las crecientes presiones fiscales, y tras nacionalizar los fondos privados de pensiones y tomar parte de las reservas del Banco Central, muchos argentinos esperan que el siguiente paso es que el gobierno venga tras sus ahorros bancarios.

El gobierno ha reaccionado con medidas cada vez más ridículas. Perros adiestrados para olfatear están siendo utilizados en aeropuertos y puestos fronterizos para detectar la tinta utilizada en los billetes estadounidenses, de tal forma que los argentinos no puedan sacar del país más de $10.000 sin declararlo al gobierno. La administración Fernández está exigiendo a grandes importadores, tales como los fabricantes de automóviles, que igualen el precio de sus importaciones con bienes que deben exportar. Como resultado, Porsche está exportando vino Malbec y Mitsubishi ahora vende maní.

Esta es la economía que Paul Krugman defiende como la de “un país serio”.

La proliferación de controles de capital y a las importaciones está ahora amenazando la libertad de expresión. La restricción a libros extranjeros es una medida consistente con las recientes medidas contra la prensa escrita de la administración Fernández y de sus crecientes tendencias autoritarias. Como me comentara una amiga argentina recientemente, “En cualquier momento van por el Internet”.

Según este denominado documental, basado en un texto de Naomi Klein, el comunismo fue apenas un "cuento de hadas", y el Muro de Berlín no simbolizó un sistema totalitario y criminal sino solo "la división de Europa"; lo malo del comunismo fue... Lo que vino después por culpa de los economistas liberales. Quien cree eso, quien cree que la maldad es solo debida a políticos como Margaret Thatcher y al camelo del "fundamentalismo de mercado", que jamás ha existido, ya puede creer cualquier cosa.

Aquí van unas muestras: las burbujas y las crisis son creadas por las empresas privadas y los mercados, no por autoridades ni organismo públicos como los bancos centrales; las mejores políticas económicas son aquellas en las que los burócratas fijan precios y salarios; lo peor, claro está, es EE.UU., único país al que se responsabiliza del terrorismo, aunque se rescata a sus presidentes "no militaristas" como (agárrese) F.D. Roosevelt. Lógicamente, Milton Friedman organizó el golpe de Videla, porque en la Argentina no pasaba nada antes. Y el golpe de Pinochet fue culpa exclusiva de la perversidad de EE.UU., porque en Chile tampoco pasaba nada. La URSS no quiso jugar en el Estadio Nacional de Santiago porque los comunistas luchan por los derechos humanos, y en ese estadio había presos políticos; nunca hubo presos políticos en la URSS, claro está. Para que quede claro, solo se habla de campos de concentración  ¡En Chile!

El presidente Mauricio Funes de El Salvador se ha manifestado en contra de la propuesta de su homólogo guatemalteco para legalizar las drogas como mecanismo para luchar contra narcotráfico en la región. Funes, un político de centro izquierda que inicialmente favoreció la propuesta de Guatemala, manifestó su oposición poco después de la visita a San Salvador de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano.

¿Por qué Funes retiró su apoyo original a discutir la legalización de drogas? ¿Ejerció Washington algún tipo de presión sobre el presidente salvadoreño? Es difícil de decir. En primer lugar, gracias al DR-CAFTA los países centroamericanos ya no enfrentan sanciones comerciales si llegaran a molestar a Washington. Al contar con un tratado de libre comercio con EE.UU., se eliminó la incertidumbre que enfrentaban los centroamericanos al depender de concesiones unilaterales por parte de Washington que constantemente necesitaban ser renovadas o que podían ser modificadas sin previo aviso.

Sin embargo, hay otro programa unilateral que podría explicar porqué el presidente Funes retiró su apoyo de la propuesta de Guatemala. Es el programa de Protección Temporal de Estatus (TPS por sus siglas en inglés), que otorga ciertos beneficios migratorios a ciudadanos de determinados países "que temporalmente se ven impedidos de regresar de forma segura, o bajo ciertas circunstancias, cuando el país es incapaz de manejar el regreso de sus ciudadanos adecuadamente".

El Salvador fue designado como beneficiario de TPS en marzo del 2001, luego de que un par de terremotos causaran daños estimados en $1,600 millones —cerca del 12% del PIB salvadoreño. Los beneficios fueron extendidos años después cuando el huracán Stan arrasó al país en el 2005. Sin embargo, siete años luego, el TPS se ha convertido en un punto de negociación permanente conforme los presidentes salvadoreños piden repetidamente renovaciones a Washington. Aproximadamente 212.000 salvadoreños se benefician del TPS.

Coincidentemente, depende del Departamento de Seguridad Nacional el renovar el TPS. Así lo hizo para los ciudadanos salvadoreños el pasado 10 de enero, pero los beneficios prescribirán el 9 de septiembre de 2013 —a menos que sea renovado.

El TPS también beneficia a ciudadanos de Honduras y Nicaragua y estos prescribirán también el próximo año. No esperemos mucho entusiasmo de Tegucigalpa y Managua sobre la propuesta de Guatemala.

Es difícil explicarle a extranjeros cómo se destruyó la democracia desde adentro en Ecuador entre 2007 y 2012. No obstante, el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado hace un excelente resumen en la segunda parte de su ensayo titulado "De la democracia a la dictadura".

Consideremos este extracto donde se relatan los atropellos al Estado de Derecho en tan solo los primeros 6 meses del gobierno de Rafael Correa en 2007:

"Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada 'revolución ciudadana'. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes".

En el resto del ensayo Hurtado señala que en el Ecuador de hoy no existe la división de poderes y cita ejemplos de la falta de independencia de la justicia, la Asamblea Nacional y los órganos de control. El ensayo termina con un importante recordatorio de que esta tremenda concentración de poder en el Ejecutivo, incluso para "meter las manos en la justicia", se logró con apoyo popular en las urnas.

Ya comenzó el ataque a mansalva contra Henrique Capriles Radonsky por parte de los medios de comunicación oficiales venezolanos tras su contundente victoria en las primarias del domingo. Capriles es ahora el candidato de la coalición opositora y se enfrentará a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de octubre. Como informa el Wall Street Journal, los ataques malintencionados contra Capriles incluyen, entre otras cosas, insinuaciones de que es homosexual y un agente sionista.

Esta elección no será para nada justa. Chávez no solo controla la mayoría de los medios de comunicación venezolanos, sino que su gobierno también está aumentando drásticamente el gasto en programas sociales. Alrededor de 8,5 millones de venezolanos ya reciben algún tipo de ingreso permanente o asistencia por parte del Estado (4 millones de ellos son empleados públicos). El régimen chavista amenaza e intimida a aquellos que reciben ayuda estatal y se atreven a mostrar algún tipo de simpatía con la oposición. Por otra parte, ya que el voto en Venezuela es electrónico muchos temen —tal vez justificadamente— que sus votos no sean secretos. El gobierno alimenta tácitamente estos temores.

Eso no es todo. Chávez también controla el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Debido a la incapacidad de la oposición en el pasado de vigilar cada uno de los centros de votación del país, los resultados que son anunciados el día de las elecciones podrían no ser exactos. El Consejo Electoral por lo general toma mucho más tiempo del necesario para tabular los resultados de cada votación —algo inusual en un sistema electrónico—lo cual ha aumentado también la preocupación de que haya actividad fraudulenta.

Una preocupación importante es el registro electoral, según lo documentado por Gustavo Coronel en un estudio de Cato en el 2006. Coronel escribió que un análisis independiente del registro electoral contenía muchas irregularidades:

"tales como la existencia de 39.000 votantes mayores de 100 años. Esa cantidad de personas dentro de ese grupo etario equivale a la existente en Estados Unidos, donde la población es 10 veces mayor. De esas 39.000 personas, 17.000 nacieron en el siglo XIX, ¡y una tiene 175 años de edad y sigue trabajando! 19.000 votantes comparten día y año de nacimiento en el estado Zulia. Hay miles de personas que viven en la misma dirección".

De tal forma, encima del apoyo de sus seguidores (algunos entusiastas, otros intimidados), que fluctúa alrededor del 45% de la población, Chávez también puede confiar en un margen de error —un “colchón” de fraude electoral— si no consigue los votos suficientes para su reelección. He hablado con algunos venezolanos que dicen que dicho margen puede ser tan alto como ocho puntos porcentuales. Es decir, si la elección se decide por menos que eso (y es casi un hecho que así será), Chávez puede alterar los resultados a su favor.

La oposición se ha comprometido a tener fiscales en cada uno de los centros de votación del país para observar la votación. El Consejo Nacional Electoral probablemente impedirá que vengan observadores internacionales a monitorear las elecciones. Esto crea el escenario para que la noche de la elección presidencial, tengamos resultados contradictorios de la oposición y del Consejo Nacional Electoral. Lo que sucederá después es una incógnita.

Iba a suceder tarde o temprano. Hace tres años, un trío de ex presidentes latinoamericanos denunció la prohibición de las drogas e hizo un llamado a "romper el tabú" en la discusión de políticas alternativas como la despenalización. Unos meses más tarde tuvimos a un ex presidente mexicano pronunciándose a favor de la legalización completa de todas las drogas. A finales del año pasado, el actual presidente colombiano dijo que él favorecería la legalización si "el resto del mundo así lo decide". Este fin de semana, el actual presidente de Guatemala dijo que propondrá la legalización de las drogas para América Central en una próxima cumbre regional.

Otto Pérez Molina se convierte así en el primer Jefe de Estado en ejercicio en proponer el fin de la guerra contra las drogas. Al ser un ex general conservador cuya campaña prometió una "mano dura" contra el crimen organizado, Pérez Molina resulta ser un sorpresivo defensor de adoptar una reforma sensible en política de drogas. Como lo describe en su propuesta: "No sería un crimen el transporte ni el movimiento de las drogas. Todo tendría que ser regulado". Pérez Molina dice que con la legalización, “Se estaría quitando el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción que ha penetrado en fiscales, jueces, policía e instituciones completas en el Gobierno, problemas que no sólo afectan a nuestro país, sino a la región”.

América Central es uno de los campos de batalla más cruentos en la guerra contra las drogas impuesta por Washington. Guatemala, junto con sus vecinos Honduras, El Salvador y Belice, están entre los países más violentos del mundo. La mayor parte de la violencia proviene de las guerras territoriales entre pandillas juveniles, pero los cárteles de droga mexicanos están intensificándola a medida que amplían su influencia y operaciones en la región.

Como dijo Pérez Molina, la mayor debilidad de América Central en su lucha contra el crimen organizado es su fragilidad institucional. Jueces, policías, políticos y soldados son fácilmente comprados por los cárteles. A pesar de aumentar sus presupuestos de seguridad en un 60% en los últimos cinco años, los países centroamericanos gastaron aproximadamente $4.000 millones en seguridad y justicia en el 2010. Esa cifra empequeñece en comparación al estimado de $25.000-$35.000 millones que ganan cada año los cárteles mexicanos —que son los que manejan el narcotráfico en Centroamérica.

El problema con la propuesta de Pérez Molina es, por supuesto, Washington. América Central no es más que una zona de transporte de cocaína desde la región andina hacia México y luego a EE.UU. Se estima que el 90% de la cocaína consumida en EE.UU. pasa a través de Centroamérica. En los últimos meses también se han descubierto laboratorios de metanfetaminas en Guatemala, lo que podría indicar un desplazamiento de la producción de drogas sintéticas de México a América Central.

A pesar de representar un paso en la dirección correcta, la propuesta de legalizar las drogas en uno o todos los países centroamericanos difícilmente solucionará todos o la mayoría de los problemas asociados con el narcotráfico, especialmente si el resto del hemisferio mantiene la prohibición.

Sin embargo, esto no le resta importancia al hecho de contar con un presidente en ejercicio a favor de la legalización. El presidente Pérez Molina debería conversar pronto con Juan Manuel Santos de Colombia sobre este tema. Ambos podrían brindar un muy necesario liderazgo en un tema donde América Latina lo requiere desesperadamente.

Alberto Bonadona en su artículo "Racionalidad económica limitada" (El Deber,Bolivia, 28 de enero de 2012), entre divagaciones y errores conceptuales, hace una crítica de la racionalidad.

En primer lugar confunde los fines u objetivos, con los medios e intenta analizar la racionalidad de los objetivos. También critica la “forma simple de razonar” de los economistas. Sin embargo, ¡implícitamente iguala la racionalidad económica con la búsqueda de acumulación de riqueza! Nada es más simplista que esto.

Cada persona tiene diferentes valores éticos y objetivos personales. Unos quieren ser ricos, otros ascetas, unos poetas, otros don juanes, unos jugar fútbol, otros ayudar a los pobres, etc. Como indica Ludwig von Mises, los objetivos de cada ser humano no están sujetos a un análisis de racionalidad y nada tiene que decir el economista sobre estos. Sin embargo, para lograr nuestros objetivos, los seres humanos disponemos de recursos, que siempre son escasos. Es el uso de la razón lo que lo que nos permite que tomemos decisiones con respecto al uso adecuado de los recursos para alcanzar nuestros objetivos. Y es el trabajo del economista estudiar el uso racional de los recursos. Para ello debe presumir cierta racionalidad de los individuos; sin esta presunción su trabajo se hace imposible. Corresponden a la psicología y la psiquiatría el estudio de la irracionalidad. Bonadona confunde la presunción de racionalidad como herramienta de análisis con juicios de valor de carácter ético. Por ejemplo dice que “Escoger el propio interés de acumular capital, por ejemplo, puede llevar a un ser humano a esclavizar a otros”. Efectivamente esclavizar a otros es éticamente deleznable, pero no es en sí mismo, racional o irracional. Bonadona ni siquiera entiende la definición de libre mercado, cuya característica principal precisamente excluye situaciones de esclavitud: el comercio de esclavos y la trata de personas no son mercados libres.

Bonadona confunde racionalidad con conflicto de intereses y luchas de poder (y nuevamente la asocia a actividades anti-éticas) cuando dice que “preservar lo que escogió un grupo por la posición que en un momento ocupa (conquistador, hacendado o gobernante de turno) significa mantener la condición de extrema pobreza de otros grupos, tal elección será ‘racional’ para el grupo poderoso, pero no para el grupo sometido. ¿Cómo explicar, entonces, que este segundo grupo pudo ser económicamente irracional?”. La racionalidad del explotador no implica la irracionalidad del explotado ni viceversa: ambos grupos pueden estar actuando racionalmente en un escenario de explotación y abuso de poder. Por cierto este tipo de situaciones donde ciertos grupos mantienen privilegios es característico de los Estados: los mercados competitivos tienden a reducir los privilegios sectoriales, en cambio los gobiernos tienden a crear grupos privilegiados a costa del resto.

Finalmente Bonadona llega a la insólita e infundada conclusión de que la causa parcial de la pobreza en el mundo es que “se privilegia como única la concepción de la racionalidad económica”. Por supuesto, su simplista y errónea concepción de la racionalidad económica lo lleva a este desenlace.