Resulta inexplicable el accionar diplomático irresponsable de países como Chile, Colombia y Costa Rica alderedor de la crisis política que vive Paraguay tras la remoción de Fernando Lugo como presidente de dicho país. Santiago y Bogotá han retirado a sus embajadores de Asunción, mientras que Costa Rica calificó lo acontecido como un "golpe de Estado" e incluso ofreció asilo político a Lugo. ¿Tuvieron las cancillerías de estos países la delicadeza de leerse la constitución de Paraguay y de informarse un poco sobre la figura legal del juicio político que se usó contra Lugo antes de proceder de manera tan temeraria?

Antes de juzgar el contexto político de un país tenemos que entender un poco de su historia. Paraguay fue gobernado durante 35 años por el dictador Alfredo Stroessner hasta su caída en un golpe de Estado en 1989. Resulta natural que luego de una dictadura tan prolongada, la constitución democrática de Paraguay, que entró en vigencia en 1992, estableciera múltiples mecanismos para limitar el poder del Jefe de Estado. Uno de ellos es dándole un poder bastante amplio al Congreso para poder remover al presidente, estipulado en el artículo 225 de la constitución:

Artículo 225 – El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.

La figura del juicio político no es nueva en sistemas presidencialistas. EE.UU. también cuenta con ella, y de hecho Bill Clinton fue sometido a un juicio político en 1998 –del cual apenas salió bien librado. Lo que caracteriza a la constitución paraguaya es el amplio poder que le da al Congreso para destituir al presidente. El mandatario no tiene que incurrir en ningún delito o crimen para poder ser removido. Con solo tener un “mal desempeño de sus funciones”, la Cámara de Diputados puede elevarle un juicio político, y de hecho ese fue el caso con Fernando Lugo, a quien, entre otras cosas, se le achacó la responsabilidad por la muerte de 18 personas en un choque entre policías e invasores de tierras hace dos semanas. Aquí se encuentra disponible el libelo acusatorio usado en su contra. Debido a esto, la Cámara de Diputados votó el jueves en la mañana 76 a 1 a favor de abrirle un juicio político a Fernando Lugo. En la mañana siguiente el Senado oyó por dos horas los argumentos de la defensa del presidente y por otras dos horas los argumentos de la parte acusatoria, compuesta por un grupo de diputados. En la tarde, tras un breve debate, el Senado votó 39 a 4 a favor de remover a Lugo de la presidencia, con dos abstenciones.

¿Expedito? Sí. ¿Injusto? Puede ser. ¿Ilegal? No. El Congreso paraguayo siguió al pie de la letra lo estipulado por la constitución del país. Quienes argumentan que no hubo debido proceso citan al artículo 17 inciso 7 de la constitución que señala que toda persona sometida a un proceso que involucre una sanción tiene derecho a “medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa”. Sin embargo, a diferencia de los procesos penales, la constitución de Paraguay deja a discresión del Congreso establecer los plazos para un juicio político. De tal forma que, aún cuando parezca injusto darle menos de 24 horas a un presidente para que se defienda, es legal. La razones dadas para justificar la celeridad del proceso fueron que someter al presidente a un juicio político prolongado amenazaba con paralizar al país y arriesgaba con desatar violentas manifestaciones. Cabe señalar además que al ser un juicio político basado en una acusación tan vaga (pero legal) como “mal desempeño de sus funciones”, el fallo de remover o no a Lugo no dependía de un criterio jurídico sino de uno político. El juicio pudo haber durado un mes que el voto ya estaba definido: el Senado lo iba a remover.

Era de esperarse que países como Venezuela y Ecuador pegaran el grito al cielo ante la remoción del poder de un presidente que les era aliado. Igual de Argentina y Brasil cuyas mandatarias tienen afinidad ideológica con el ex obispo católico. Lo que no se explica es que Colombia, Chile y Costa Rica caigan en actitudes irresponsables de referirse a lo acontecido como un golpe de Estado. Estos países todavía están a tiempo de corregir el desaguisado y reconocer al gobierno de Federico Franco en Paraguay.

Con un voto de 76 contra 1, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó esta mañana un juicio político contra el presidente Fernando Lugo por su papel en el enfrentamiento mortal que se dio la semana pasada entre la policía e invasores de tierras en Curuguaty. Es este momento el Senado se encuentra en sesión llevando a cabo el juicio político y se espera que Lugo testifique mañana para ejercer su defensa. No obstante, ya que la oposición controla el Senado, es muy probable que la mayoría requerida de dos tercios vote a favor de remover a Lugo de la presidencia.

Este proceso de destitución está contemplado en el artículo 225 de la constitución paraguaya, la cual dice que los funcionarios de alto rango del Estado como el presidente pueden ser sometidos a juicio político por "mal desempeño de sus funciones". Como podemos ver, la constitución es muy ambigua al estipular las razones por las cuales un funcionario puede ser removido de su cargo, de tal forma que la decisión queda en manos de mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Remover a Fernando Lugo de la presidencia podrá ser precipitado o un ejemplo de mala política en un país donde los políticos son expertos en tomar malas decisiones. No voy a entrar en esos detalles aquí. Sin embargo, se trata de medida perfectamente legal y constitucional.

Es por esto que es inaceptable que la Unasur amenace con considerar la potencial destitución de Lugo como un golpe de Estado. El secretario general de la Unasur incluso ha dicho que los países vecinos podrían estar facultados a invocar el Tratado de Ushuaia II, que contempla sanciones contra del país que viole "el orden democrático”. Las sanciones incluyen cerrar las fronteras (una amenaza particularmente delicada para un país sin acceso al mar como Paraguay), y suspender todo tipo de comunicación, comercio y provisión de energía. Es importante resaltar que Paraguay obtiene 95% de su energía de las represas Itaupú y Yasyreta que comparte con Brasil y Argentina, respectivamente. Por lo tanto, es altamente vulnerable a un bloqueo energético.

Unasur debe abstenerse de intervenir en el juicio político que se le sigue a Fernando Lugo. Y EE.UU. debería pedir enfáticamente que se respete el orden constitucional de Paraguay.

En esta entrevista en Canal N (Perú), el destacado economista peruano Richard Webb presenta resultados de una investigación reciente suya sobre la sierra rural peruana.

Una revolución económica silenciosa está transformando la sierra. Después de crecer por 1,6 % anual por casi un siglo, el ingreso familiar en las zonas rurales ha crecido por 5,1% por año en los últimos 15 años. Se debe a la integración del mercado interno al mercado nacional y global en un país cada vez más abierto al mundo. Ha habido una explosión de productividad, comunicación, transporte, y diversificación de actividad económica. La extensión del mercado ha producido un crecimiento inclusivo en el Perú.

Dos altos funcionarios de la administración Obama informaron a la Associated Press (en inglés) que el gobierno dará su apoyo a gran parte del Dream Act, utilizando la discrecionalidad administrativa del presidente para aplazar las acciones de deportación. Según un memorándum (en inglés) publicado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional , el plan se aplicaría a los inmigrantes indocumentados que:

• Hayan llegado a EE.UU. con menos de 16 años.
• Hayan vivido de forma continua en EE.UU. por al menos 5 años anteriores a la fecha del memorándum y se encuentren presentes en el país para la fecha del mismo.
• Se encuentren realizando estudios académicos, se hayan graduado de secundaria, obtenido un certificado de educación en general o sean veteranos de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
• No hayan sido condenados por algún delito grave, una contravención significativa, delitos menores múltiples o que no constituyan una amenaza para la seguridad nacional o pública.
• No sean mayores de 30 años.

Si el plan descrito anteriormente se implementa completamente, entre 800.000 y 2,1 millones de inmigrantes indocumentados podrían ser legalizados durante los próximos dos años (en inglés). Al ser legalizados se volverán más productivos, ganarán mejores salarios y podrán acoplarse de mejor manera a la sociedad estadounidense. Pero esto es solo una solución temporal.

Se pueden emitir permisos laborales temporales a inmigrantes indocumentados cuya deportación haya sido aplazada, pero esta situación solo podría durar dos años. Este es un proceso administrativo de rutina que ya existe para los inmigrantes indocumentados cuyas deportaciones ya han sido aplazadas. Esta es una situación en la que la complejidad de nuestras normas migratorias funcionan a favor de los inmigrantes y de los estadounidenses.

Una versión permanente de esta medida en la forma del imperfecto Dream Act necesitaría ser aprobada para gozar de todos los beneficios.

Los beneficios de la aprobación del Dream Act son inmensos. La evidencia de la amnistía de 1986 demuestra que los inmigrantes legalizados experimentaron un incremento de 15,1% de sus ganancias para 1992 (en inglés), aproximadamente 6 a 13 puntos porcentuales gracias a la legalización.

En la edición de invierno de 2012 del Cato Journal (en inglés), Raul Hinojosa-Ojeda estimó (en inglés) que una amnistía similar a la de 1986 sumaría al menos $1,5 billones al PIB en una sola década. Si 2,1 millones de inmigrantes indocumentados elegibles se legalizan de forma permanente, serían por lo menos $250.000 millones en producción adicional durante la próxima década (cálculo aproximado).

Sin embargo, antes de entusiasmarse demasiado sobre el prospecto de esta necesaria liberalización temporal, deberíamos recordar que casi nada cambió la última vez que la administración Obama utilizó su discrecionalidad para revisar los casos de deportación. Su administración prometió revisar rápidamente los casos atrasados y cerrar aquellos donde los inmigrantes indocumentados tuvieran fuertes lazos familiares con estadounidenses y ningún antecedente penal. Desde que la política entró en vigor en noviembre de 2011, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han revisado más de 411.000 casos y menos del 2% de ellos fue cerrado.

Si la propuesta del gobierno va tan lejos como el Dream Act, se reducirá la economía informal, aumentará la eficiencia económica y eliminará el miedo y la incertidumbre a los que se enfrentan millones de personas que potencialmente respetarían la ley. Sería un buen primer paso hacia reformar la inmigración y un vistazo a lo que lograría el Dream Act.

España es quizá el eslabón más débil de la Eurozona después de Grecia. Casi una cuarta parte de su fuerza laboral está desempleada; su sistema bancario es extremadamente vulnerable y podría colapsar en cualquier momento; los precios de la vivienda no han regresado a la normalidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria; y la economía está en su segunda recesión en tan solo dos años y se espera que se contraiga aún más en 2012 e incluso también en 2013. Un rescate parece inminente y el economista de George Mason University, Tyler Cowen, incluso advierte de “una implosión absoluta y total” de la economía española.

Hay un amplio consenso de que los problemas económicos de España son el resultado de una enorme burbuja inmobiliaria —aún más grande que la que afectó a EE.UU.— que estalló en 2008. Tan solo el año anterior a eso, España gozaba de indicadores fiscales saludables: Un superávit presupuestario del 1,9% del PIB y una deuda bruta consolidada de solo 36,2% del PIB. Sin embargo, una vez que estalló la burbuja, los ingresos del gobierno colapsaron y se inyectó gasto de estímulo en la economía, lo que se tradujo en un déficit fiscal de 11,2% en 2009 y una deuda bruta que ha aumentado más de 30 puntos porcentuales del PIB en tan solo cuatro años.

Paul Krugman y The Economist sostienen que esto demuestra que, a diferencia de Grecia, España no era despilfarradora. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Es cierto que España tenía un superávit antes de la crisis, pero no porque el gasto público fuera mesurado, sino porque los ingresos tributarios estaban aumentando exponencialmente (gracias al crecimiento de la burbuja inmobiliaria). Si nos fijamos en el gasto total del gobierno español en la última década, podemos ver un aumento constante y significativo desde 2009:

* Usando Deflator del PIB.
Fuente: Comisión Europea, Asuntos Económicos y Financieros.

El gasto público en términos nominales aumentó a una tasa anual de 7,6% de 2000 a 2009. Ryan Avent de The Economist afirma que “el impulso por la austeridad comenzó en 2010”, y por lo tanto tenemos que ver el gasto nominal después de ese año, cuando de acuerdo a Avent, se recortó “substancialmente” debido a las medidas de austeridad. En realidad, bajó solo un 1% en 2010 y otro 3,6% en 2011. Si estos recortes le parecen “substanciales” a Avent, entonces un aumento promedio anual de 7,6% durante casi una década debe ser dramático.

Por otra parte, si nos fijamos en el gasto público en términos reales, utilizando euros constantes del año 2000, no ha habido ningún recorte en el gasto público.

Si analizamos el gasto público como porcentaje de la economía, España parece fiscalmente prudente: El gasto representó el 39,2% del PIB en 2000 y exactamente la misma cifra en 2007. Sin embargo, como lo han señalado los economistas Juan Ramón Rallo, Ángel Martín Oro y Adrià Pérez Martí del Instituto Juan de Mariana en un reciente estudio del Cato Institute, “los datos deben ser interpretados con cautela, dado que el PIB estaba creciendo a una tasa artificialmente alta”. El punto es comprobado por el hecho de que cuando la economía se detuvo en 2008 (creció solo 0,9%), el gasto público como porcentaje del PIB saltó en 2,3 puntos porcentuales al 41,5% en solo un año. El gasto público como un porcentaje de la economía se mantuvo constante durante la mayor parte de la década de 2000 no porque el gasto estatal aumentara poco, sino porque el PIB estaba creciendo demasiado rápido.

Por otra parte, una vez que la crisis estalló, el gasto público como porcentaje del PIB alcanzó un pico de 46,3% en 2009 (gracias a una combinación de mayor gasto de estímulo y una economía en contracción). Luego se redujo a 43% en 2011, aún así una proporción mayor que en 2008. El gasto público en España sí ha disminuido en los dos últimos años, pero no de una manera tan dramática como algunos nos quieren hacer creer.

¿Qué ocurre con los impuestos? Como ha sido el caso en Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia, en los dos últimos años el gobierno español aumentó los impuestos para hacer frente al creciente déficit: El impuesto sobre la renta subió en 2010 y dos nuevas tasas de 44% y 45% fueron creadas para los ingresos más altos. Se revocaron créditos fiscales a los trabajadores independientes. La tasa del IVA subió del 16% al 18% y se aumentaron también los impuestos especiales sobre el tabaco y la gasolina. Todos estos aumentos de impuestos ocurrieron antes de que se introdujeran los grandes aumentos tributarios del gobierno de Mariano Rajoy, quien convirtió a España en uno de los países con los impuestos más altos de Europa como lo detalla ampliamente este estudio del Instituto Juan de Mariana.

En síntesis, la austeridad en España, descrita por Paul Krugman como “una locura”, consiste principalmente de aumentos significativos de impuestos y de modestos recortes al gasto público.

En realidad, salvando ciertas distancias, lo que ocurre en buena parte Europa y EE.UU., no difiere en el fondo de las causas ni las consecuencias de lo que viene sucediendo en tierras griegas. Las deudas públicas astronómicas, los gastos siderales, el déficit superlativo, las regulaciones asfixiantes que incluyen disposiciones laborales que expulsan a trabajadores del mercado, desmedida presión tributaria y reiteradas manipulaciones monetarias en el contexto de un sistema bancario insolvente de reserva fraccionaria, han hecho crujir las economías. Los barquinazos que primero sobresalen son en colosos industriales, comerciales y bancarios que amenazan con despidos masivos, convocatorias de acreedores y quiebras. Luego viene el pánico que pretende ocultarse con “salvatajes”, es decir, como los recursos no vienen del aire, con transferencias coactivas sustraídas a las actividades económicas que no cuentan con poder de lobby. Entonces irrumpen los “indignados” que sufren los efectos encarne propia, pero, paradójicamente, como en su mayoría provienen de sistemas educativos sumamente deficientes, reclaman  más de lo mismo.

Simultáneamente a lo consignado, aparecen en la vidriera calurosos debates que presentan dos variantes de igual genealogía: ajustar o continuar con el derroche y las promesas de imposible cumplimiento. Naturalmente, tarde o temprano, igual que en una familia, esto último agrava la situación puesto que, como ha indicado Einstein, no pueden obtenerse resultados distintos insistiendo en las mismas causas.

Respecto a lo primero, la batalla por equilibrar las cuentas sin importar el nivel de succión de recursos de la población también agrava el problema, especialmente cuando viene acoplado a medidas absurdas como la postergación de la edad jubilatoria (como si el esquema actuarial se resolviera postergando el problema), la congelación de sueldos en la administración pública (a sabiendas que los burócratas tarde o temprano revertirán la situación para subsistir) y la poda de funciones (que como en la jardinería, la planta crece con mayor vigor, en lugar de eliminar reparticiones inútiles y contraproducentes).

Sin duda que la eliminación de ministerios, secretarias y direcciones son objetadas por intereses creados y los antedichos “salvatajes” son apoyados enfáticamente, no solo por los gobiernos que adoptan las medidas sino por rentistas que desean mantener sus ingresos sin importarle las mermas en el fruto del trabajo ajeno, las propias empresas beneficiadas con los subsidios, los “compañeros de ruta” que repiten lo del riesgo sistémico sin percatarse del agravamiento de la crisis y buena parte de los administradores de carteras que temen perder clientes.

El caso de Grecia tiene características propias que se pusieron de manifiesto en el comienzo mismo de la eurozona al ingresar en base a estadísticas en su mayoría falsas y ahora se descubren dislates como que por cada maseta en jurisdicción de la administración pública hay cincuenta jardineros. Por más eurobonos emitidos, se teme el efecto arrastre de un default total decidido en Atenas, especialmente en España, Irlanda y Portugal pero que afectará también a Italia y Francia y, si esto fuera así, repercutiría en la vacilante economía estadounidense debido a su vinculación comercial con Europa.

Como ha reiterado Ron Paul, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano (junto al delantero Mitt Romney), tal vez haya llegado el momento de prestar debida atención a la tradición de la Escuela Autríaca de Economía iniciada por Carl Menger y continuada por Eugen Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises y el premio Nobel en economía Frriedrich Hayek, en el sentido de reconsiderar toda la política financiera y monetaria junto con severas limitaciones a los aparatos estatales en oposición a las recetas keynesianas.

Publicado originalmente en Ámbito Financiero (Argentina) el 25 de mayo de 2012.

Danilo Medina, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), venció al ex presidente Hipólito Mejía este domingo para convertirse en el nuevo presidente de la República Dominicana.

La elección se vio empañada por algunas irregularidades, como el uso de recursos públicos a favor de Medina, lo cual ha sido confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, jefe de la delegación observadora de la OEA, dijo que el número de irregularidades no afectó el resultado de las elecciones. Además, el margen de victoria de Medina (51,2% frente al 46,9% de Mejía) se encuentra dentro de lo que vaticinaban las encuestas en las semanas previas a la elección.

Sin embargo, las irregularidades electorales son un doloroso recordatorio de los principales problemas que hoy aquejan a la República Dominicana: la corrupción y el clientelismo político. República Dominicana se encuentra en el puesto 129 de 182 países en el índice de Transparencia Internacional sobre corrupción. Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en el país. El Estado dominicano es una máquina dispensadora de favores y de clientelismo político. Por ejemplo, el gobierno saliente del presidente Leonel Fernández cuenta con 334 viceministros repartidos entre 20 ministerios. El Ministerio de Agricultura tiene 37 viceministros, el de Salud Pública tiene 34. Cada viceministro goza de un buen salario más otros beneficios como tarjetas de crédito, gastos de representación, viáticos, vehículo con chofer, secretaria y asesores, etc. El Servicio Exterior dominicano cuenta con 113 embajadores y 1.163 diplomáticos a pesar de tener legaciones en solo 54 países y 6 organismos internacionales.

La gran interrogante entonces es si el presidente electo Medina romperá con el pasado o será más de lo mismo. Medina ha sido electo bajo la sombra del presidente saliente Leonel Fernández, quien ha estado en el poder durante 12 de los últimos 16 años. Medina fue dos veces Ministro de la Presidencia de Fernández, sin embargo, desafió al presidente en las primarias del PLD de 2007 (donde fue finalmente derrotado), lo que le valió una reputación de independencia. Por otro lado, su candidata a la vicepresidencia es Margarita Cedeño, esposa de Leonel Fernández y actual primera dama. El lema de campaña de Medina fue: “Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

En marzo pasé una semana en República Dominicana, a invitación de CREES, un instituto de política pública local, y pude percibir de primera mano el descontento que la mayoría de los dominicanos siente hacia su clase política. Un amigo exiliado de Venezuela incluso estableció paralelismos entre la República Dominicana de hoy y su país a finales de la década de los noventa, cuando una población venezolana harta de sus políticos corruptos escogió a un caudillo no tradicional como presidente. Aún así, no se vislumbra ninguna figura fuerte en el horizonte político dominicano. Sin embargo, sí hay una sensación creciente de que el país necesita un cambio dramático.

Tal vez el sentimiento se expresa de mejor forma en la canción “Apaga y vamonos” del reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que dice:

La misma promesa, el mismo cd
La misma mentira, el mismo café
El mismo discurso, el mismo cliché
La historia recicla, nos queda la fé!

Apaga y vámonos
Que yo no sé
Los hombres buenos
¿Dónde se ven?