El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, ha causado sensación alrededor del mundo. Las causas de tal admiración son varias, pero pueden ser sintetizadas en las siguientes:

El hecho de que viva en el medio rural en una vivienda relativamente humilde. Debido a tal circunstancia, los medios internacionales lo han bautizado “el presidente más pobre del mundo”. Pero, lo que más recalcan y llama la atención, es que según ha declarado reiteradamente, dona a obras sociales alrededor del 90% de su sueldo como presidente. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2012 el El Mundo de España informó lo siguiente:

“Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario, establecido en unos 12.500 dólares americanos. Cada mes, 'Pepe' Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como Presidente del Uruguay y Comandante en Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención mensual unos 20.000 pesos. El resto se distribuye desde el Fondo Raúl Sendic, que administra su fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a emprendimientos productivos hasta simples colaboraciones, y ONG que colaboran con viviendas. Dice a los cuatro vientos que "con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos".

“Revisa la tierra, mientras declara su auto VW Fusca como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares. De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mujica sólo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la cual también dona parte de su salario”.

Por otra parte, Mujica se vanagloria de actuar como mediador en diferentes conflictos de larga data, como por ejemplo el de Estados Unidos con Cuba, y el de las Farc en Colombia.

En línea con ese  autobombo, un diario uruguayo oficialista expresó que “El presidente José Mujica jugó un rol clave en el proceso que culminó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba”. El propio Mujica declaró:

“Uruguay arrimó su humilde granito de arena” para que Estados Unidos y Cuba pusieran fin a 53 años de diferencias (…) Hemos tratado de ayudar a una política que apuntaba descongelarse y hemos sido fieles a un principio: siempre que se pueda ayudar en algún entuerto de tensión, la actitud diplomática de Uruguay es tratar de contribuir a disminuir las tensiones y si es posible, a eliminarlas”

Con respecto a las Farc, en “diálogo exclusivo con ElMundo.es, Mujica confirmó que en los próximos días viajará para establecer diálogo con el comando principal de la guerrilla colombiana, reconociendo que es un momento ‘delicado’ el que se vive en las negociaciones”.

"Yo estoy camino al hoyo y uno tiene que tener conciencia, para mí lo más importante es respaldar y dar una mano. Si puedo ayudar en algo, voy a ayudar a cualquiera. Ahora tengo que ir por un pedido del presidente de Colombia a discutir algo con la dirección de las FARC. Desde el punto de vista personal yo no voy nada, pero contribuir a la paz de Colombia ayuda. Entonces el deber es ser abierto, desinteresado y apoyar todo lo que se pueda positivamente’, dijo el actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP)”.

Todas estas declaraciones “desinteresadas”, hay que tomarlas en el contexto de Mujica postulado para el Premio Nobel de la Paz. Por lo cual cualquier persona versada en técnicas de marketing, no puede menos que darse cuenta de cuál es el posicionamiento buscado. Su estrategia hasta ahora ha sido muy exitosa.

Sin embargo, la realidad se está encargando de demostrar que hay un gran bluff detrás de la imagen proyectada por Mujica en los temas indicados.

Con respecto al primer punto mencionado, recientemente la Junta de Transparencia y Ética Pública divulgó en su sitio web las declaraciones patrimoniales del expresidente. De ellas se desprende que entre 2012 y 2015 --o sea en tres años-- el capital de Mujica creció 92,2%. La evolución de sus bienes durante los cinco años que duró su mandato no se puede calcular, pues en su primera declaración jurada de 2010 no estableció patrimonio neto. En el 2010 no declaró los inmuebles (U$S 188.025) que poseía ni tampoco la maquinaria agrícola (U$S 21.237), cosa que recién hizo a partir de 2012, año en el cual también declaró dos autos por valor de U$S 5.512.

Además, en la última declaración informó que durante su presidencia, sus donaciones fueron exclusivamente al Plan Juntos y al Frente Amplio. Esto último es práctica usual entre los políticos uruguayos que acceden a cargos de gobierno; es norma general cuyo objetivo es fortalecer las finanzas del partido y de ese modo ganar elecciones y afianzarse en el poder.

Con respecto a haber facilitado el fin de las hostilidades entre Estados Unidos y Cuba, una reciente investigación llevada a cabo por los reporteros Warren Strobel, Matt Spetalnick y David Adams de la agencia Reuters, demuestra que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Según los periodistas mencionados, el proceso comenzó a gestarse en 2008, a raíz de un discurso que pronunció Barack Obama ante la Fundación Nacional Cubano Americana (anticastrista) en Miami. En el transcurso de 2013, la Casa Blanca “tras saber que La Habana sería receptiva”, propuso realizar “reuniones discretas”. Las mismas comenzaron en Canadá en junio de dicho año, sin la intervención y ni el conocimiento de los respectivos departamentos de Relaciones Exteriores.

Las conversaciones secretas tuvieron sus altibajos pero adquirieron solidez a partir de abril de 2014. En momentos en que estaba bien avanzado el entendimiento, el senador demócrata Patrick Leahy propuso dar intervención “al Papa y al Vaticano como intermediarios”. El acuerdo final se alcanzó en octubre de 2014, luego de diversas reuniones en las que participaron equipos estadounidenses, cubanos y funcionarios del Vaticano.

Es de destacar que el informe de Reuters no atribuye rol alguno a Mujica en dicho proceso.

Finalmente, con respecto al supuesto papel de mediador en el proceso de paz colombiano, en estos días el presidente colombiano Juan Manuel Santos desmintió esa información. En su cuenta twitter, desinfla por completo el papel que Mujica se atribuye en la entrevista concedida a El Mundo que citamos más arriba. En su tuit expresa que agradece cualquier gesto que contribuya a alcanzar la paz en Colombia, pero que el ex mandatario uruguayo es tan solo uno de los tantos que se moviliza en ese sentido. En forma contundente negó que lo haya nombrado “mediador”.

Por todo lo expuesto, es posible apreciar que hay mucho bluff detrás de la marketinera imagen internacional de Mujica. Y si hay algo de lo que carece, es de genuina humildad.

Este artículo fue publicado originalmente en el Panampost el 5 de mayo de 2015.

Muchas teorías políticas asumen que el Estado es un ente benevolente, altruista y casi omnisciente, cuya función es velar por el bienestar del ciudadano. Una notable excepción es la línea teórica de la opción pública (public choice) desarrollada sobre los trabajos pioneros de Gordon Tullock y el premio Nobel de economía James Buchanan.

Los seres humanos a lo largo de la historia hemos desarrollado instituciones para facilitar y mejorar la vida en sociedad; una de esas instituciones es el Estado y la mayoría de las personas creemos que el Estado es necesario (los anarquistas no comparten esta opinión). También la mayoría de las personas consideran que entre los principales roles del Estado está el velar por la justicia y evitar los abusos que unos puedan cometer contra otros. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no solo no cumple el rol de velar por la justicia, sino que se transforma en una institución promotora de injusticias y abusos? ¿Qué pasa cuando el Estado es capturado por un grupo gansteril dispuesto a todo por conservar y acrecentar su poder?

Las revelaciones de que las armas supuestamente halladas por el Estado boliviano contra los supuestos terroristas eran en realidad armas que estaban bajo custodia del Ejército y que fueron confiscadas de varios procesos policiales pasados, refuerza la hipótesis de que en Bolivia vivimos bajo un Estado gansteril, donde no solo son maleantes los funcionarios masistas, sino también las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial. Esas armas no pudieron haber salido de la 8va División del Ejército sin el conocimiento de varias personas, por lo que la responsabilidad no es de uno o dos militares negligentes o esquizofrénicos, sino de la institución.

En Bolivia el gobierno hace cosas que solo pueden venir de gente sin escrúpulos ni ética: la farsa del caso terrorismo, la matanza de Porvenir, la quema de la prefectura de Cochabamba, la ilegalidad del proceso constituyente, los muertos de la Calancha, la aplicación selectiva de la Constitución Política del Estado (la nueva y la vieja), la persecución política y judicial, la sumisión del órgano judicial al ejecutivo, la mañosa aprobación de la reelección del presidente (y su poca vergüenza postularse luego de decir públicamente años atrás que no lo haría), los proverbiales negocios del vicepresidente y su familia y muchas cosas más hacen pertinente que nos preguntemos: ¿qué hacer ante un Estado gansteril?

El pasado lunes, la marcha de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en contra del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos obstruyó varias vías principales en Bogotá, donde el flujo del tráfico es de por sí tan lamentable que el tiempo de cualquier viaje emprendido entre semana y cuya distancia supere las 30 cuadras podría medirse en la escala geológica.

Poco tiene que ver la ya maltratada ciudadanía de la capital con la pugna Santos-Fecode, pero, una vez más, al aguantarnos trancones innecesarios y más congestión que la usual, debemos pagar el precio de unas políticas diseñadas únicamente para que ciertos gremios privilegiados mantengan sus prebendas a costa del resto del país.

Hay que ser claros: con sus vehementes exigencias, su sectaria resistencia a la evaluación objetiva de los maestros y su uso de los alumnos como meros peones en su incesante juego por el poder, los señores de Fecode representan el principal obstáculo a la buena educación pública en Colombia.

Llegué a esta conclusión el año pasado al ver cómo Fecode y su satélite bogotano, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), flexionaron sus músculos políticos en el Concejo de Bogotá y en otros escenarios para sabotear el excelente modelo de colegios en concesión, los cuales operan desde 1999 y cuyos contratos originales se vencieron en diciembre del 2014. Pese a los sólidos resultados académicos de los 25 colegios distritales operados por instituciones independientes, y pese a los deseos de los padres y de los alumnos de continuar con las concesiones, la ADE movilizó a toda su maquinaria de presión para que el Distrito le brindara un coup de grâce a este modelo alternativo de educación pública.

La ADE mantiene que los colegios en concesión sólo existen para enriquecer al sector privado y para explotar a sus maestros, quienes en muchos casos deben trabajar ocho horas diarias. Estos argumentos dejan en evidencia la filosofía de los líderes sindicales del sector educativo: les importa un ápice la calidad de la educación que reciben los alumnos del Distrito, donde siete de los primeros diez colegios públicos son en concesión. También habitan un universo paralelo donde trabajar más de cuatro o seis horas al día de manera voluntaria significa ser vilmente despojado por opulentos industriales con sacoleva y habano en boca.

Las exigencias actuales de Fecode revelan a la vez una cósmica lejanía de la realidad. Al discutir el asunto de los salarios, por ejemplo, escasamente se menciona que, como demuestra el economista Alejandro Ome de la Universidad de Chicago, los docentes públicos colombianos obtienen en promedio “salarios más altos que los otros trabajadores” del país, mientras que “las diferencias salariales entre docentes y otros trabajadores se han profundizado” desde 1995.

Aunque es verdad que los docentes colombianos ganan menos que otros trabajadores del sector público, los mismos aliados de Fecode en el Concejo de Bogotá y en el Senado de la República deberían ser los primeros en mostrar que su solidaridad va más allá de las meras palabras al reducir sus propios salarios astronómicos.

Vale la pena resaltar que, anualmente, un congresista colombiano gana 31 millones de pesos (ca. 13.000 dólares) más que un parlamentario británico pese al hecho de que el PIB per cápita del Reino Unido supera al colombiano por más de 24.000 dólares. Así que no es que los maestros ganen muy poco, sino que los burócratas colombianos reciben salarios que no se merecen.

Lo último no quiere decir que el Estado colombiano no deba remunerar mejor --o mucho mejor-- a los buenos maestros, pero resulta difícil identificarlos sin pruebas exigentes que midan su competencia general y, en especial, su “valor agregado” con base en el progreso de cada alumno en pruebas estandarizadas. Tratar de convencer a Fecode de que acepte evaluaciones de este tipo, sin embargo, es tan fructífero como predicarle a Atila el Huno las virtudes del pacifismo.

También está la exigencia de Fecode de que el gobierno le asigne más del 7% del PIB a la educación pública tal como prometió el año pasado el Presidente Santos en medio de su afán reeleccionista. Este brote de populismo fue un gravísimo error basado en la falsa suposición de que, mágicamente, el solo hecho de incrementar el gasto estatal en educación producirá un mejor servicio para los alumnos y sus padres.

La evidencia, de hecho, demuestra que este no es necesariamente el caso.

Argentina, por ejemplo, invierte por lo menos el 6% de su PIB en la educación pública según cifras oficiales --por lo menos un punto porcentual más que Colombia-- pero sus resultados en la prueba PISA 2012 fueron muy similares a los nuestros: entre 65 países, Argentina ocupó el puesto número 59 y Colombia el 62.

Mientras tanto Singapur, país que invierte únicamente el 3% de su PIB en la educación pública, obtuvo el segundo lugar en PISA 2012. Corea del Sur y Suiza no invierten mucho más que el 5% del PIB en la educación pública y ocuparon el quinto y el noveno lugar respectivamente en el escalafón.

Pero no hay que ir al exterior para encontrar un buen ejemplo de cómo se puede brindar una mejor educación pública con menos burocracia y sin incrementar drásticamente el gasto.

En Bogotá, educar a un alumno en un colegio en concesión cuesta 1,5 millones de pesos (ca. 625 dólares) menos que en el Distrito cada año. En el 2013, el 88% de colegios en concesión obtuvo un puntaje de alto o superior en la prueba estandarizada Saber 11, mientras que más del 50% de los colegios administrados por el Distrito en los mismos barrios (UPZ) se situaron en un nivel medio o bajo.

Hay que mencionar que, en este momento, los colegios en concesión, los cuales contratan a su personal de manera independiente, no están en paro.

Sin duda alguna, los esfuerzos de Fecode por recolectar un millón de firmas exigiendo la renuncia de la Ministra de Educación son una manifestación más de su poderío político en un año electoral. Como reporta el diario El Tiempo, Fecode, “además de (ser) un potente sindicato” con 150.000 miembros y 2.500 millones de pesos (más de un millón de dólares) en ingresos mensuales, “también es un fortín político” dominado por los caimacanes de la izquierda colombiana.

La única respuesta sensata a las amenazas del sindicato es quitarle gradualmente su monopolio sobre la educación pública. Esto se lograría al incrementar la competencia por medio de más concesiones como las que operan la Alianza Educativa y el Gimnasio Moderno en Bogotá. También debe implementarse un ambicioso programa de vouchers o bonos escolares, los cuales le permiten al padre escoger el colegio privado de su preferencia.

Esta política no sólo tiene sentido económico, sino que también refleja la voluntad de muchísimos de los padres más necesitados que, en busca de las mejores oportunidades posibles para sus hijos, no confían en Fecode.

El Capitalismo ha sido el único sistema de la historia
en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante saqueo,
sino mediante producción,no por la fuerza, sino mediante el comercio,
el único sistema que ha defendido el derecho de los hombres
a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a sí mismos.

Ayn Rand

En un artículo publicado en este mismo blog, Nicolás Cachanosky describía las confusiones que existen en torno al término capitalismo. Un término acuñado por Marx para describir el proceso de cambio producto de la revolución industrial a fines del siglo XIX.  Ayn Rand lo llamaba (y da título a uno de sus libros) el ideal desconocido, y por sobre todo hacía referencia al capitalismo puro, de laissez faire. En mi caso, y tal como Nicolás, veo al capitalismo como la consecuencia económica de la aplicación general de los principios generales (éticos, legales y por supuesto económicos) del liberalismo.

Tal como indica Ayn Rand en la cita con la que abro el artículo, la mayor virtud del capitalismo es que fundamenta la creación de riqueza sobre el comercio, sobre el libre intercambio contractual de valores entre hombres libres. Antes de la aparición del capitalismo, la poca riqueza que se producía era por el saqueo y la expoliación. Los bienes de riqueza que se producían era para el disfrute de unos pocos mientras la mayoría de la población permanecía en niveles de subsistencia.

Los procesos sociales son de larguísimo plazo. Por lo que el reconocimiento de los derechos individuales y los principios de la sociedad abierta (y del capitalismo) no han sido entendidos ni captados de forma integral. Tanto Karl Popper como Friedrich Hayek señalaban que el reiterado surgimiento del socialismo es producto de los vestigios de la sociedad tribal que aún persisten en nuestra psiquis. A pesar de esto, la extensión, en mayor o menor medida, de los principios del capitalismo ha permitido el avance de la civilización.

El comercio, por siglos fue despreciado por doctrinas políticas y religiosas. Fue sólo a partir del reconocimiento de los derechos individuales, en donde se reconocía al individuo como un fin en si mismo dentro de una sociedad que, como medio, permitiría la coexistencia pacífica y voluntaria, que el comercio se reconoció, de manera lenta y progresiva, como una forma de intercambio civilizada.

En la trilogía de películas "El Padrino", se muestra el esfuerzo (casi siempre infructuoso) que hace Michael Corleone para hacer legítimo el negocio de su familia y sacarlos de la violencia. Todo acto violento, como el atentado que sufre Vito Corleone o la muerte de Sonny Corleone, ambos ocurridos en la primera parte de la trilogía, son justificados como acciones de negocios. Lo mismo ocurre en el negocio del narcotráfico, que por ser ilegal, los carteles realizan acciones violentas para poder captar clientes o retener mercados.

En la medida que el capitalismo de laissez faire se deja funcionar, los actores de cualquier sector económico deben modificar sus comportamientos y adaptarlos dentro del proceso de intercambios voluntarios, y por sobre todo, atender las necesidades de los otros. En el libre mercado son quienes mejor atienden las necesidades del público quienes se terminarán enriqueciendo. Y cualquier forma violenta de obtener ese resultado (vía engaño, fraude o malas condiciones) será penalizada. Para poder captar clientes o retener mercados tienen que recurrir a medios civilizados, a persuadir a los consumidores de las bondades de sus productos y servicios para que estos los adquieran.

Algo distinto sucede cuando el mercado no es libre o no hay respeto a los contratos implícitos y explícitos en las transacciones entre actores.  Cuando el gobierno interviene la economía, decidiendo de antemano quienes ganan, hace que las relaciones entre agentes económicas sean violentas y no voluntarias.  Al establecer barreras al comercio y dejar cautivos los mercados internos para pocos empresarios, en su mayor caso ineficientes, se violenta el derecho de cada individuo a utilizar su propiedad y decidir a quien comprar (o no comprar).  Lo mismo sucede al ilegalizar cualquier forma de comercio o establecer precios, los mercados negros afloran, y en esos escenarios cualquier negociación se vuelve incivilizada.

En la medida que se permita el desarrollo libre de los individuos, se incentivará el desarrollo de relaciones voluntarias y civilizadas.  Y de ello depende el crecimiento económico y por ende mayores niveles de bienestar para las sociedades.  Pero para lograr esto se requiere una constante batalla cultural y de ideas que diseminen los principios de la sociedad libre.  A la larga, y cito a mi amigo Guillermo Rodríguez, la humanidad tendrá un futuro de libertad, o simplemente no tendrá futuro.

Por más extraño que nos parezca, hace algunos siglos la gente creía que los reyes eran designados por Dios para el cargo y que su autoridad era incuestionable. El escocés John Locke (1632-1704) y el suizo Jean Jacques Rousseau (1712-1778) desafiaron este paradigma y desarrollaron la teoría del contrato social según la cual, en líneas generales, existe un contrato implícito entre el individuo, la sociedad y el Estado por el cual el individuo cede parte de su libertad para vivir en sociedad y conformar un Estado que lo proteja de ciertas amenazas.

Una diferencia fundamental entre estos dos pensadores es que al escocés le preocupaba por sobre todo proteger la libertad de las personas, especialmente de los abusos del Estado, mientras que al suizo, sin despreciar la importancia de la libertad, también le interesaba acabar con la desigualdad entre los hombres. A partir de ello Locke identifica a la propiedad privada como una institución fundamental para preservar la libertad y restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes, mientras que Rousseau especula que todos los males de la sociedad moderna y en especial la desigualdad, surgen a partir de la existencia de la propiedad privada.

Los escritos de Locke, considerado el padre del liberalismo, tuvieron una influencia trascendental en los fundadores de los Estados Unidos y de las democracias liberales. Rousseau por el contrario influenció a Karl Marx y a los socialistas de todos los tiempos. Los resultados de estas dos visiones son muy diferentes: las naciones que protegen la propiedad privada y viven en un Estado de Derecho son prósperas, reducen la pobreza y mejoran las condiciones de vida de sus habitantes, mientras que las naciones que abolen la propiedad privada quedan sumidas en la pobreza, el estancamiento económico y bajo el yugo de gobiernos tiránicos.

Fuera de los casos extremos, la evidencia estadística valida la postura de Locke.  Estudios de agencias de prensa como Reporteros sin Fronteras u ONGs como Amnistía Internacional muestran una correlación positiva entre el grado de respeto a la propiedad privada y el respeto a las libertades y derechos humanos. Además reportes como los Índice de Libertad Económica que elaboran independientemente la Heritage Foundation y el Wall Street Journal por un lado y por otro el Fraser Institute, o el reporte Doing Business del Banco Mundial, no son más que índices del nivel de respeto hacia la propiedad privada en cada país. Los datos de estos reportes no dejan dudas sobre la correlación positiva que existe entre propiedad privada y desarrollo económico.

El Uruguay es un pequeño país, que tradicionalmente se ha ubicado entre los grandes en un aspecto: la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Históricamente –-salvo los períodos en que nos gobernaron dictadores-- nuestros gobernantes descollaron en el concierto internacional en esa área, En ese sentido, en 1945 una delegación diplomática uruguaya integró la Conferencia de San Francisco, cuyo objetivo era la creación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esa ocasión, haciendo caso omiso a todo tipo de presiones, nuestro delegado presentó una ponencia suscripta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se condenaba las persecuciones raciales y se solidarizaba con el pueblo judío. Otras delegaciones participantes calificaron esa moción de “imprudente”.

En la misma línea de conducta, cuando en 1948 la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Uruguay estaba entre los 48 países que la suscribieron. Asimismo, en 1965 fue el primero en reconocer al genocidio armenio. Es de resaltar que lo hizo veinte años antes que cualquier otro gobierno lo hiciera oficialmente. Mediante la aprobación de una ley, el Estado uruguayo reconoció su existencia, lo condenó y recordó a las víctimas. En su momento constituyó un acto inédito, sin precedentes a nivel mundial. Lo cual demuestra que prevalecía un sentido bien entendido de los derechos humanos y de la Justicia.

Esta situación comenzó a cambiar con el advenimiento de la izquierda al poder, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010). Así lo demuestra su condescendencia hacia regímenes claramente violatorios de los derechos humanos, con son Cuba y Venezuela. Pero adquirió ribetes francamente indecentes, bajo la administración de José “Pepe” Mujica (2010-2015).

En el período en que Mujica fue mandatario, era imposible alegar ignorancia acerca de lo que estaba sucediendo en tierras venezolanas. Desde la época de Hugo Chávez, se ha subordinado el Poder Judicial a la voluntad arbitraria del presidente; se controla y hostiga --directa e indirectamente-- a los medios de comunicación; se reprime con armas de fuego a manifestantes pacíficos; y se encarcela, tortura y posiblemente asesina a líderes opositores o a simples estudiantes por constituir un factor “desestabilizador” del status quo vigente. Así lo han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización Mundial Contra la Tortura, entre otras de reconocido prestigio internacional.

A pesar de esa realidad que rompe los ojos, Mujica con una retórica ambigua, sofismas y ominosos silencios, respaldó con gestos y dichos a la brutal dictadura que asola a los venezolanos. Se escudó en el argumento de “no injerencia” en los asuntos internos de otros estados. La última perla de este collar, fue su participación el 23 de marzo pasado en una manifestación de solidaridad con el régimen chavista.

Sin embargo, el tercer gobierno de la izquierda encabezado nuevamente por Tabaré Vázquez (2015-2020), parece decidido a retornar al camino honorable que ha sido la nota característica de nuestro país. Así lo denota las recientes declaraciones públicas de nuestro actual canciller Rodolfo Nin Novoa.

En un programa radial, Nin dijo observar “con mucha preocupación algunos acontecimientos que no condicen con la excelencia democrática” que están sucediendo en Venezuela. Expresó que “en Uruguay sería impensable que un día un gobierno se lleve a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta y a los empujones. Se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá, si hay algún problema con la Justicia, se lo cita a un juzgado, va y declara y se cumple con las garantías del debido proceso (…) La prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto”.

Desde la misma postura moral, cuestionó la autorización del gobierno venezolano para que los militares utilicen armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Expresó que es “un exceso a todas luces”. Además, dio a conocer que durante la reunión de la Unasur que tuvo lugar en marzo en Ecuador, planteó que la Cruz Roja ingresara a las cárceles venezolanas. El objetivo era conocer de primera mano, la situación en que se encuentran y el trato que reciben los opositores en una prisión militar. Subrayó que “el silencio fue la respuesta”. Y agregó, “Uruguay insistirá en este punto”.

Nin consideró “enormemente preocupante” lo que está ocurriendo allí, fundamentalmente para un país como Uruguay, que hace unos treinta años sufrió “las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora”, razón por la cual, “tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda”. Puso especial énfasis, en que los derechos humanos son “la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos no es válido. Los derechos humanos se defienden todos en todas partes del mundo”.

Mujica es mundialmente admirado por “ser el presidente más pobre del mundo”. Esa postura se basa en un hecho innegable: al ex mandatario uruguayo no le interesa en gran medida el dinero. Por cierto que ése es un rasgo de su personalidad que es llamativo y poco común, pero en modo alguno constituye una virtud.

En esencia, la virtud es una condición adquirida del ser humano que lo lleva a buscar el bien común. Se enraíza en aquellos valores éticos que contribuyen a que la vida en comunidad sea respetuosa. Se manifiesta mediante el recto pensar y obrar. Es decir, en la disposición habitual para hacer el bien.

La virtud está íntimamente ligada a la decencia. Este último término significa honradez y rectitud en sentido amplio. O sea, incluye también a la honestidad intelectual.

Los Derechos Humanos constituyen el horizonte ético y la conciencia moral de la humanidad. Son el conjunto de valores básicos e irrenunciables, cuyo núcleo es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona. La dignidad así expresada, ejerce una función orientadora dado que establece lo que es justo y bueno para todo hombre.

Como uruguaya, no puedo menos que congratularme de que nuestros gobernantes hayan retornado a la senda que fue la nota característica de nuestro país. Lo cual demuestra que la decencia y la dignidad, no son patrimonio de la izquierda ni de la derecha… sino de los hombres de bien.

El cuidado uso de las palabras importa en ciencias sociales. Las palabras que se utilizan, y el cómo se utilizan pueden transmitir connotaciones asociadas a dichas palabras enviando un mensaje equivocado o impreciso. En economía, la palabra "capitalismo" sufre de este tipo de distorsiones, especialmente en el uso que se le da en otras ramas como la sociología. En parte esto se debe a una divergencia con su origen histórico y su uso técnico. El término capitalismo surge con Marx para referirse a un sistema social donde existe capital. No es del todo inusual escuchar opiniones de izquierda que califican a paises como Venezuela de capitalista. En economía, sin embargo, el término hace referencia no a la presencia de bienes de capital, sino al marco institucional presente. Claramente el “capitalismo Suizo o Inglés” es distinto al “Capitalismo Venezolano o Argentino.” No todos los capitalismos ofrecen el mismo resultado y por ello es importante distinguirlos cuidadosamente. Ciertas palabras como “capitalismo” o “liberal” han visto su significado alterado a lo largo de la historia e incluso geográficamente.

¿Qué significa, más precisamente capitalismo y que cuidado hay que tener la momento de usar esta palabra para referirse a distintos países?

Voy a entender por capitalismo el poner en práctica los principios del liberalismo clásico. Es decir, tanto ciudadanos, como empresas y hasta el mismo gobierno se encuentran en igualdad de condiciones ante una ley que protege la libertad individual y la propiedad privada. No hay privilegios ni para “capitalistas,” ni para la “clase obrera,” ni para el “gobierno”. No creo que esta sea una interpretación torcida del término capitalismo, es lo que tienen en mente los filósofos y pensadores que más han contribuido a esta tradición como John Locke, Wilhelm von Humboldt, Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek, Milton Friedman, James Buchanan, Karl Popper y Robert Nozick entre muchos otros. Es decir, una cosa es la existencia de “bienes de capital” y otra cosa es el “marco institucional” bajo el cual se organiza la sociedad. El término “capitalismo” hace referencia al libre uso de bienes de capital bajo instituciones de libre mercado, no a la mera presencia de bienes de capital cuyo uso es determinado por un gobierno central. Las instituciones son importantes porque definen los incentivos de los agente económicos. Los incentivos pueden llevar a tener crecimiento y desarrollo de largo plazo o a sufrir crisis recurrentes. Corea del Norte y Corea del Sur poseen la misma historia, lenguaje y cultura pero se diferencian en sus instituciones. Si las instituciones no fuesen importantes la calidad de vida en ambos países no habría tanto contraste en la calidad de vida de estos países. Bajo esta concepción no toda sociedad donde hay capitalistas es “capitalismo.” Reconozco que puede no ser la única definición del término capitalismo, pero una crítica al capitalismo como liberalismo económico tiene que hacer uso de esta definición.

Mi interpretación del uso que se suele hacer desde la izquierda y sectores socialistas es que el término capitalismo hace referencia a que una sociedad es capitalista siempre y cuando haya capitalistas y bienes de capital independientemente del marco institucional. El capitalismo para el liberalismo clásico, sin embargo, no es sólo la presencia de jure de propiedad privada, es también la presencia de facto (marco institucional.) No alcanza con ser dueño en los papeles de los factores de producción si uno no es libre de usarlos. Aquella sociedad donde el empresario es “dueño” de su empresa pero su proyecto es dirigido por el gobierno a través de leyes y regulaciones es “capitalismo intervenido (o un tipo de socialismo)”, no un “capitalismo como aplicación de los principios del libre mercado”.

Hay, entonces, por lo menos dos capitalismos, el de libre mercado por un lado y el intervenido como el capitalismo de amigos o capitalismo corrupto (crony capitalism) por el otro. Podemos llamarlos “Capitalismo tipo I” y “Capitalismo tipo II” respectivamente para evitar las connotaciones asociadas a las palabras liberalismo o socialismo. Si aun así no podemos dejar de lado todas las connotaciones asociadas al término capitalismo, entonces podemos pensar en “Orden socio-económico I” y “Orden socio-económico II”. Coincido con la izquierda y el socialismo que el Capitalismo tipo II (crony capitalism) es un problema, pero no por ello concluyo que el Capitalismo tipo I es también un problema.

Cuando desde la izquierda se critica que el crecimiento del estado se debe a la “relación capitalista” entre empresarios y gobierno se describe el problema del Capitalismo tipo II, donde el empresariado busca el favor del gobierno para no tener que ganarse el peso del consumidor en libre competencia, pero se encuentra en directa oposición con el Capitalismo tipo I, donde el rol del estado es justamente evitar estos privilegios. Es un non sequitur criticar aquello a lo que el Capitalismo tipo I se opone por los vicios presentes en el Capitalismo tipo II. Entiendo cómo se pueden asociar al populismo (un tipo de Capitalismo tipo II) con déficit fiscales, pero asociarlo al capitalismo de libre mercado es el resultado de una confusión terminológica por usar un término sin definir como herramienta de crítica a un marco institucional específico. Nada impide que uno entienda por capitalismo la presencia de capitalistas y bienes de capital indistintamente del marco institucional, pero entonces ya no es válido utilizar el término capitalismo como herramienta de crítica hacia el liberalismo clásico. El argumento se resume a lo siguiente: el mercado intervenido (Capitalismo tipo II) no funciona, por lo tanto el libre mercado (Capitalismo tipo I) no funciona.

Se podrá decir que se encuentra en la lógica de la dinámica de un sistema capitalista que las clases obreras sean oprimidas frente al capital y que el estado termina siendo cómplice del capital en este proceso. O algún argumento similar por el cual la distinción entre estos dos capitalismos es ficticia. ¿Pero no es acaso esta colusión entre capitalistas y gobierno a lo que los liberales (Capitalistas tipo I) tanto se oponen? ¿Y si es legítimo considerar que el socialismo y la izquierda se opongan a este tipo de corrupción, por qué deja de ser legítimo cuando con el mismo énfasis se oponen los liberales clásicos? El crítico de izquierda podrá considerar que la postura liberal clásica es inconsistente, o errónea, pero eso no le quita legitmidad a la crítica en contra del capitalismo de amigos.

No hace falta buscar pasajes escondidos sobre la crítica del liberalismo clásico a los acuerdos entre gobierno y empresas en busca de beneficio mutuo a expensas del consumidor, los autores arriba mencionados y tantos otros han escrito ríos de tinta al respecto. El mismo Adam Smith es conocido por advertir sobre el peligro que empresarios y capitalistas imponían sobre la sociedad al buscar el favor del gobierno para operar bajo un Capitalismo tipo II (proteccionismo) y poner en riesgo el libre mercado. El liberalismo nada tiene que ver con el favoritismo empresarial.