El video abajo muestra cuando el presidente interino de Argentina, Adolfo Rodríguez Saá (fue presidente durante una semana) anuncia en el Congreso en diciembre de 2001 que Argentina dejaría de pagar su deuda —el default soberano más grande de la historia. Rodríguez fue interrumpido por una ovación y cantos de “¡Argentina! ¡Argentina!”

Una década después, en mayo de 2012, el Congreso de Argentina aprobó de manera abrumadora la expropiación (sin compensación hasta la fecha) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera más grande del país, cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía a la empresa española Repsol. Cuando el voto de 207 versus 32 fue anunciado, estalló una celebración con diputados abrazándose y cantando:

Esta es solo una muestra de lo débil que es el Estado de Derecho en Argentina.

Este lunes, Buenos Aires anunció que reabrirá el canje de 2010 a través del cual reestructuró su deuda reemplazando bonos viejos con bonos nuevos con un descuento considerable. El anuncio llegó ante la probable decisión por parte de la Corte Suprema de EE.UU. (EE.UU. tiene jurisdicción sobre la deuda emitida bajo la legislación de Nueva York, como sucede en este caso) de no revertir la decisión de una corte de apelaciones que establece que el gobierno argentino primero debe pagar a los acreedores que reclamaron el valor negociado inicialmente, esto es, los tenedores de bonos que no aceptaron los términos de los anteriores canjes de deuda. El gobierno argentino ha declarado de manera categórica que no les pagará.

En un intento por evitar un default técnico, Argentina ofrecerá a los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 nuevos bonos emitidos bajo jurisdicción argentina. El Economist Intelligence Unit tiene un buen análisis de este caso aquí (en inglés).

Los tenedores de bonos argentinos ahora se enfrentan a una disyuntiva terrible: o retienen sus bonos emitidos en EE.UU. y se enfrentan a un probable default, o aceptan la oferta de Argentina de nuevos bonos emitidos bajo la “protección” de las poco confiables instituciones legales y políticas de ese país.

Antes de aceptar la oferta, los tenedores de bono deberían recordar el cántico: “¡Argentina! ¡Argentina!”

El gobierno ecuatoriano viene promoviendo con una intensa propaganda la idea de que el Puerto de Guayaquil está colapsado. El argumento más repetido para justificar el megaproyecto de un nuevo puerto en otro lugar de la costa ecuatoriana es que ahora supuestamente los puertos necesitan de 15 metros de calado para ser competitivos y el de Guayaquil solo llega a 9,75 metros. Pero en este gráfico que presenta hoy El Universo (con datos de la CEPAL) vemos que entre los principales puertos de Latinoamérica solamente Panamá tendría ese calado en el Puerto de Balboa (donde desemboca el Canal de Panamá). Además, como indica Fernando Donoso, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, las embarcaciones grandes de más calado (15 metros) van a países que movilizan una gran cantidad de carga como Alemania, China y la India. Donoso agrega como ejemplo que a Valparaíso, cuyo calado máximo es de 13,8 metros, nunca ha llegado un buque que necesite toda esa capacidad. Por lo tanto, en lugar de construir un puerto nuevo afuera de la ciudad, más toda la infraestructura que requiere un puerto, lo más barato y eficaz sería incrementar el calado del Puerto de Guayaquil en aproximadamente metro y medio. Pero lo necesario y más económico no es lo que importa en un gobierno populista.

Tanto Venezuela como Ecuador tienen gobiernos populistas de izquierda que se han beneficiado tremendamente de ingresos sin precedentes por la venta de petróleo. Ambos gobiernos aprovecharon esos ingresos extraordinarios para aumentar considerablemente el gasto público. Sin embargo, hay una diferencia crítica entre estos países: mientras que Venezuela tiene su propia moneda (el llamado "Bolívar fuerte"), Ecuador adoptó el dólar de EE.UU. como su moneda oficial en el 2000. Eso significa que, sin importar qué tan irresponsable sea la política fiscal del gobierno ecuatoriano, este no puede imprimir dinero para financiar su gasto.

El resultado: Venezuela tiene la tasa de inflación más alta en América Latina mientras que Ecuador tiene una de las tasas más bajas en la región.

El parlamento de Uruguay votó ayer para permitir la producción, comercialización y distribución de cannabis, dando el primer paso para convertirse en el primer país en el mundo que legalizaría la marihuana. Aún cuando Uruguay nunca criminalizó el consumo personal, este voto, que aprobó la ley con 50 votos a favor y 46 en contra, es una medida mucho más atrevida.

La ley es mucho más elaborada que la propuesta que se presentó al parlamento uruguayo hace un año, la cual contenía solamente un artículo dándole al Estado el poder de regular el mercado de cannabis. Inicialmente, el gobierno contempló la idea de crear un monopolio estatal en la producción y venta de la droga. La ley aprobada esta semana permitiría un mercado privado, aunque estrictamente regulado, de cannabis. Los uruguayos podrán cultivar su propia marihuana (hasta seis plantas) o registrarse en un club que también podrá cultivar su propia marihuana (hasta 99 plantas). Todos los cultivos requieren una autorización previa del Estado.

Adicionalmente, los uruguayos podrán comprar marihuana de las tiendas de droga autorizadas (hasta 40 gramos al mes). Para poder hacerlo, también tendrán que enlistarse en un Registro Nacional de Consumidores. Aunque la ley estipula que el registro será privado y que la información contenida en este será considerada “sensible”, hay buenas razones para creer que no muchas personas correrán a un organismo estatal a registrarse como consumidores de marihuana. Las personas menores de 18 años no podrán tener acceso legal a la marihuana y todo tipo de publicidad de la droga está prohibida.

La ley ahora se dirige al senado donde se espera que sea aprobada. Una vez que entre en vigencia, Uruguay se convertirá en el estandarte de la reforma a la política de drogas. Aún siendo un país pequeño que no sufre del problema de la violencia relacionada a las drogas que hemos visto en México o Centroamérica, la legalización de la marihuana en Uruguay constituye un paso trascendental en el camino hacia el desmontaje del régimen de la prohibición que ha estado vigente por lo menos desde la década de los sesenta. Leyes para la legalización de la marihuana ya han sido introducidas en las legislaturas de países como Chile y México. Además, no olvidemos que el cannabis fue legalizado en noviembre del año pasado (mediante un referéndum) los estados de Colorado y Washington.

La administración Obama tiene que tomar una decisión: puede obstruir el impulso hacia la reforma, o puede involucrar a los países latinoamericanos en un debate abierto acerca de cómo acabar con una política fracasada que ha costado las vidas de cientos de miles de personas en la región. Eso sería un cambio en el que podemos creer.

El senador John McCain (Republicado de Arizona) tiene toda la razón en su llamado (en inglés) a que se suspenda toda la ayuda militar para Egipto. El único problema es que su llamado llega un poco tarde. Desde 1948, la ayuda provista por EE.UU. a Egipto —que en gran medida estuvo destinada a las fuerzas armadas— sumó un total de alrededor de $70.000 millones (en inglés). Tan solo unas semanas antes del golpe, en una exhibición notable de falta de premonición, la administración Obama aprobó $1.300 millones en ayuda militar, obviando las condiciones relacionadas a la democracia y a los derechos humanos que antes habían sido impuestas por el congreso al paquete de ayuda.

Los efectos de fortalecer a las fuerzas armadas de Egipto son inmediatamente visibles. Las fuerzas armadas son las más grandes en el continente africano y controlan un gran fracción de la economía, entre el 15 y el 40 por ciento del PIB (en inglés), de acuerdo a algunos cálculos. Las fuerzas armadas tienen hoteles y centros turísticos, así como también negocios de manufacturas que producen cualquier cosa desde electrodomésticos hasta aceite de oliva y agua embotellada.

Los incidentes actuales en el país dificultan argumentar que la ayuda militar a Egipto ha favorecido a los intereses estadounidenses de alguna medida discernible. Si es que algo ha logrado, la ayuda ha contribuido a la creación de una abultada organización que es opaca y extremadamente poderosa y que ahora parece ser el principal obstáculo de Egipto en su transición hacia un gobierno representativo que podría ser un aliado confiable de EE.UU.

Conforme el futuro de Egipto depende de la sabiduría y benevolencia de los generales del país, uno necesita enfatizar que la ayuda militar de EE.UU. también ha hecho un gran daño al pueblo egipcio. Incluso si uno decide ignorar los excesos de principios de mes —como la matanza que ocurrió el 7 de julio y en la cual 51 partidarios de la Hermandad Musulmana murieron— el golpe ha fijado un precedente terrible para la transición del país, dado que sugiere que un gobierno electo en el futuro podría estar últimamente a las órdenes de los generales egipcios y no a las del electorado. Mientras que gran parte del daño que ha sucedido en los últimos días es irreparable, debería ser tremendamente claro que una continuación de la ayuda militar a Egipto no es nada menos que una insensatez.

Este artículo fue publicado originalmente en U.S. News and World Report Online (EE.UU.) el 10 de julio de 2013.

Hace algunas semanas el Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) del Ecuador anunció una resolución que ha sido muy publicitada en la prensa local como la despenalización de drogas para consumo personal. El consumo de drogas se despenalizó en papel hace más de una década en Ecuador, pero recién ahora el gobierno actual ha dado indicios de querer implementar la despenalización no solo incluyéndolo en la Constitución, sino también habiendo perdonado a 2.300 mulas en 2008 y mediante esta medida del CONSEP. Lamentablemente, aunque todos estos son pasos van en la dirección correcta, carecen de suficiente fuerza legal como para surtir los efectos deseados.

La resolución del CONSEP, que ha sido reportada como una medida que legaliza mediante una tabla el consumo personal, hasta determinada cantidad, de ciertas drogas, en realidad no hace tal cosa. Lo único que pretende hacer el CONSEP a través de esta medida es aportarle una "guía" no vinculante a los jueces para que estos sigan determinando libremente qué sentencia asignarle a los acusados por delitos relacionados a las drogas. De manera que los jueces ecuatorianos seguirán con la potestad de aplicar las draconianas sentencias de entre 12 y 16 años a personas que han portado desde 1 gramo de pasta base de cocaína. Esto es lamentable en un país que sufre de sobrepoblación en las cárceles y en donde 45% de los presos están ahí por condenas relacionadas a "delitos" de drogas.

En fin, mucho ruido y pocas nueces.

El reportaje de Benedict Mander, “Venezuela golpeada por expectativa de hiperinflación y recesión” (Financial Times, 10 de junio de 2013, en inglés), agrega confusión al tema de la hiperinflación, así como también al problema de la inflación en Venezuela.

El reportaje menciona dos definiciones de hiperinflación, ninguna de las cuales es utilizada en las investigaciones económicas: una fue fabricada por Goldman Sachs (“tasas ajustadas por temporada y anualizadas de más de 40 por ciento”) y otra por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (“una tasa acumulada de 100 por ciento a lo largo de tres años”).

El Sr. Mander protege su texto afirmando que “no hay una definición acordada de la hiperinflación”. Pero, de hecho, hay una definición científicamente reconocida de la hiperinflación.

Esta, articulada por el importante estudio de 1956 del profesor Phillip Cagan, “La dinámica monetaria de la hiperinflación”, sostiene que la hiperinflación empieza cuando la tasa mensual de inflación excede 50%. Esta es la definición que Nicholas Krus y yo utilizamos al documentar todos los 56 casos de hiperinflación en la historia mundial (“World Hyperinflations” en The Routledge Handbook of Major Events in Economic History, 2013). De hecho, el umbral de Cagan de 50% es la definición estándar utilizada en las investigaciones económicas.

Las estadísticas oficiales ubican la tasa mensual de inflación de Venezuela para el mes de mayo en 6,1%. Pero, las estadísticas oficiales nunca cuentan la historia verdadera en un lugar como Venezuela. Utilizando el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar estadounidense en el mercado negro, estimo que la verdadera tasa de inflación mensual para mayo fue de 11,4%. Esto es casi el doble que la tasa oficial, pero no está ni remotamente cerca del umbral de 50% mensual, característico de una hiperinflación.

Venezuela tiene un serio problema de inflación, pero la situación tendrá que empeorar considerablemente antes de que Venezuela pueda unirse a los otros 56 casos que forman parte del salón de la infamia de la hiperinflación.

Esta carta al editor fue publicada originalmente en el Financial Times el 13 de junio de 2013.