El viernes pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre el futuro de la política de drogas en las Américas. La OEA recibió el mandato para producir este documento en la Cumbre de las Américas que se realizó el año pasado en Cartagena, Colombia, donde algunos presidentes expresaron su frustración con la guerra contra las drogas e incluso sugirieron que la legalización era una alternativa con la cual se podía combatir a los carteles.
El documento está basado en premisas sólidas:
- La violencia relacionada a las drogas es uno de los retos más importantes al cual se enfrentan los gobiernos de la región.
- La estrategia actual es un fracaso no está funcionando.
- Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas.
- El consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025.
Estas premisas podrían parecer un tanto obvias, pero cuando se trata de política de drogas, afirmar lo obvio no ha sido la norma para aquellos que creen en el estatus quo. Por ejemplo, en 1988 la ONU patrocinó un evento titulado “Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo” (el consumo de marihuana y de cocaína ha aumentado en un 50 por ciento desde entonces). O la última Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU. (en inglés), que dice que el mayor logro de la Iniciativa Mérida en México ha sido “el fomento mutuo de la seguridad, la protección y la prosperidad” (no importa que en los últimos seis años hayan muerto 60.000 personas por la narco-violencia en ese país).
El informe de la OEA evita caer en esos cuentos de fantasía. También evita hacer recomendaciones, dada la falta de consenso entre sus autores acerca de la dirección en la que debería dirigirse la política de drogas durante los próximos 12 años. En cambio, el documento presenta cuatro distintas interpretaciones del “problema de la droga” y muestra los escenarios de cómo debería ser la reacción a estas. El informe también presenta los desafíos a los que se enfrenta cada escenario (el nombre de cada uno en negrita):
Juntos: En este escenario, el problema no son las leyes de drogas sino las débiles instituciones de los países latinoamericanos. Se prevé más cooperación entre los gobiernos en las áreas de seguridad e inteligencia, más gasto en seguridad y organismos judiciales y leyes más severas para combatir la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Es cierto que los países latinoamericanos sufren de instituciones débiles. El problema con este escenario es que la prohibición de las drogas de hecho exacerba dicho flagelo ya que infla los márgenes de ganancia de los carteles a niveles estratosféricos, aumentando así su poder corruptor y violento. En 2010 todos los países centroamericanos en conjunto gastaron cerca de $4.000 millones en sus aparatos de seguridad y justicia (un incremento del 60 por ciento en cinco años). Y aún así eso estuvo muy por debajo de los ingresos estimados de los carteles mexicanos y colombianos que, de acuerdo a un reporte del Departamento de Justicia de EE.UU. (en inglés), podrían llegar hasta $39.000 millones al año.
El informe prevé otra desventaja de esta estrategia: una disparidad entre los países en sus esfuerzos por fortalecer sus instituciones, lo que podría derivar en el efecto globo de actividades criminales. Esta es tal vez la principal característica del negocio de la droga en las Américas: su alta capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Por ejemplo, a principios de los noventa, conforme la presión sobre los productores de coca aumentó en Perú, estos se trasladaron a Colombia. Actualmente, luego de una década de programas de erradicación en ese país, están regresando a Perú. En general, la región andina continúa produciendo la misma cantidad de cocaína que producía hace 20 años.
A lo largo de los años el denominador común de la guerra contra las drogas en América Latina ha sido el intento por exportar el problema a los vecinos. Una mayor cooperación, una coordinación de los esfuerzos y un fortalecimiento de las instituciones a una misma velocidad parecen todos objetivos poco realistas.
Caminos: En este escenario el problema no son las drogas sino su prohibición. Se presagia un creciente número de presidentes en la región haciendo un llamado a adoptar un mercado legal para ciertas drogas, empezando con la marihuana.
De hecho, el futuro ya está aquí. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya hizo un llamado por la legalización de las drogas. Uruguay está considerando una ley que legalizaría el cannabis. Incluso en EE.UU., los estados de Colorado y Washington han legalizado el consumo recreacional de la marihuana.
Dos retos se vienen a la mente al considerar este escenario. Primero, el debate sobre la legalización (o regulación, como prefieren llamarla algunos) se ha enfocado casi exclusivamente en la marihuana. En realidad, el ímpetu hacia un mercado legal de la marihuana parece irreversible: una encuesta reciente muestra que el 52 por ciento de los estadounidenses favorece legalizar dicha droga. Además, en una reciente entrevista publicada en el periódico colombiano El Tiempo, William Brownfield, Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos, dijo que legalizar la cocaína, la heroína, la metanfetamina, y las drogas sintéticas constituiría cruzar una “línea roja” para Washington. Curiosamente, Brownfield dejó por fuera a la marihuana. Como indica (en inglés) Mark Kleinman de UCLA, parece que los prohibicionistas en la administración Obama podrían haber decidido que “la Batalla del Cannabis está perdida, y están intentando retroceder hacia una posición más defendible”. Sin embargo, el problema en la región andina, en Centroamérica, y en gran medida México, no es la marihuana, sino la prohibición de la cocaína. Y el informe, de manera realista, prevé una resistencia muy fuerte por parte de la opinión pública en la mayoría de los países a un mercado legalizado de cocaína.
Esto nos lleva al segundo reto: algunos países serán más entusiastas en la adopción de marcos legales para ciertas drogas mientras que otros mantendrán la prohibición. Dado que el narcotráfico es un problema transnacional, esto crearía problemas y tensiones entre los gobiernos.
No es un secreto que el camino hacia la legalización será uno difícil, especialmente debido a la resistencia de la opinión pública en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, solamente la legalización ataca la raíz del problema: el mercado negro de las drogas que crea enormes oportunidades de lucro para el crimen organizado.
Resiliencia: En este escenario, el flagelo de la droga es el resultado de un problema más amplio relacionado a las malas condiciones socio-económicas a nivel local y a la falta de empleos y oportunidades, especialmente para los jóvenes. También se enfoca en la adicción como un problema de salud y no uno de delincuencia.
El escenario vislumbra a los gobiernos invirtiendo en las comunidades, estableciendo clínicas para brindar tratamiento a los adictos, construyendo instalaciones deportivas para disuadir a los jóvenes de unirse a las pandillas e implementando políticas de “reducción de daños”. Incluso concibe una especie de Plan Marshall mediante el cual países como EE.UU. contribuyen importantes recursos financieros a los esfuerzos de fortalecimiento de las comunidades en América Latina.
Este es el escenario menos realista. El problema de la droga en gran parte de América Latina no es el abuso de las drogas sino el narcotráfico. Construir bibliotecas o canchas de básquet en zonas pobres no evitará que los jóvenes se unan a las pandillas ni que se involucren en la venta de drogas cuando los ingresos que derivan de estas actividades exceden con creces aquellos que podrían obtener en actividades legales. Y los trabajos legales buenos rara vez se crean en áreas que sufren de crimen violento. Es un círculo vicioso que es difícil de superar sin la legalización.
Este escenario ataca el abuso de drogas desde una perspectiva de salud, algo que es positivo. Pero esto también se puede hacer dentro del escenario de la legalización.
Ruptura: Este es tal vez el escenario más realista políticamente en este momento. Cansados del constante fracaso de la prohibición y de los pocos avances en la implementación de alternativas a la guerra contras las drogas, un país o un grupo de países abandonan la lucha contra el narcotráfico internacional. Adoptan una estrategia no-intervencionista al contrabando de drogas, mientras que concentran los recursos de la policía en crímenes violentos.
Muchas personas especularon que este podría ser el caso de México bajo su nuevo presidente Enrique Peña Nieto, aunque hay poca evidencia hasta ahora de que su gobierno esté tratando de buscar un acomodo con los carteles. Tampoco esto es necesariamente posible hoy en día. En los años setenta y ochenta los gobiernos del PRI —partido al que pertenece Peña Nieto— adoptaron una estrategia cómplice hacia el narcotráfico donde el gobierno federal básicamente se hacía de la vista gorda ante el tránsito de drogas hacia el norte. Sin embargo, en ese entonces el narcotráfico era básicamente un negocio familiar dirigido por un ex policía, Miguel Ángel Félix Gallardo. Hoy México tiene hasta siete carteles poderosos y violentos que luchan entre ellos por el control de las rutas de tránsito. Aún si el gobierno mexicano adoptara una estrategia no-intervencionista al contrabando de drogas, eso no prevendría que los carteles siguieran librando sangrientas guerras para defender sus territorios. La violencia relacionada a las drogas podría caer, dado que la intervención del gobierno agregó volatilidad al cambiante caleidoscopio de los carteles, pero es probable que México seguiría siendo un país violento.
Además, el informe correctamente señala que si un país decide abandonar la lucha contra el narcotráfico podría convertirse en un paraíso para los capos. El dinero de las drogas probablemente fluiría hacia la economía de ese país, potencialmente corrompiendo las instituciones e incluso a la sociedad civil de este.
Desafortunadamente, dada la obstinación de Washington con la prohibición, varios gobiernos en la región podrían verse tentados a adoptar este escenario en el futuro cercano. Están dispuestos a arriesgar tener una creciente presencia de organizaciones criminales con tal de reducir los impactantes niveles de violencia que afligen a sus países.
Hay que felicitar a la OEA por este cándido informe. Contribuye a la causa de tener un debate abierto y honesto sobre política de drogas. Ahora está en manos de los líderes de las 34 naciones del Hemisferio Occidental discutir cuál de estos escenarios les conviene más a sus países.
