1. La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente.
2. La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas substancias.
3. Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas.
4. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder político.
5. Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que una substancial parte de toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.
6. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones).
7. Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades civiles con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes, censura y control de armas son actos que atentan contra nuestra libertad y autonomía como individuos.
8. Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente en los países andinos, Centroamérica y México. Esto ha llevado a una intervención creciente por parte de Estados Unidos, país que desde hace más de una década ha venido fortaleciendo su presencia militar en la región de una manera nunca vista desde el fin de la Guerra Fría.
9. En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. Gran cantidad de personas que nunca han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las "externalidades" de la guerra contra las drogas: violencia urbana, abusos policiales, confiscación de propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros.
10. La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela pidió a una estación local de televisión, Televen, que suspenda inmediatamente la telenovela colombiana "Chepe Fortuna" porque considera que esta concede un "tratamiento denigrante" al país petrolero.

¿A qué se refiere con "tratamiento denigrante"? Probablemente a esta escena en la que una mujer llamada Venezuela lamenta la pérdida de su perro, 'Huguito'. El diálogo vale oro:

Venezuela: ¿Qué va a hacer de Venezuela sin su Huguito?
Interlocutor: Vas a ser libre Venezuela. Huguito últimamente vivía pupusiandose por todas partes, metiéndose en la casa de todo el mundo, ¡haciéndote quedar mal Venezuela!

Aquí pueden ver la escena (desde aproximadamente el segundo 1:00):

En el diario O Globo de ayer, Pedro Abramovay, el zar anti-drogas del nuevo gobierno brasileño, manifestó que la experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas debería considerarse como una alternativa a las actuales políticas anti-narcóticos de Brasil. Esto se suma al llamado del gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, a legalizar las drogas y a las críticas a la prohibición hechas por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y otras destacadas personalidades latinoamericanas. Al considerar oficialmente las políticas de reducción de daños, el gigante de América Latina puede tener un efecto significativo en el debate hemisférico sobre la guerra contra las drogas.

El presidente Correa tiene una extraña obsesión conmigo. Esto comienza a ser un grave problema psiquiátrico. ¿Por qué miente el presidente Correa? Una hipótesis es que padece la variante política del síndrome de Münchausen, uno de los llamados “trastornos facticios” que afectan la mente. Quienes lo sufren inventan dolencias y se convierten en víctimas para llamar la atención.

El primer síntoma de su curiosa manía comenzó con una agresiva carta en la que se quejaba de El regreso del idiota, un libro que publiqué en compañía de Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza hace unos años. Cuando la leí me decepcionó. Me pareció una persona crispada y sin sentido del humor. Hasta ese momento creía que era una persona mucho más inteligente y flexible. Era un hombre psicorígido con una manifiesta tendencia a la iracundia. Admito mi error.

Después me acusó de formar parte de una organización de Derechos Humanos que lo había acusado de alguna violación. Yo nada tenía que ver con esa institución ni con la denuncia. No tenía idea de lo que hablaba. Ahora insiste en vincularme a una supuesta conspiración para derrocarlo en la que figuraba el ex presidente Lucio Gutiérrez. Se lo ha declarado al periodista hispano-francés Ignacio Ramonet en una entrevista reproducida en Le Monde Diplomatique.

El origen de esa calumniosa falsedad fue una charla dada por Gutiérrez en un acto académico convocado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia una semana antes del motín policiaco del 30 de septiembre. Me pidieron que lo presentara y, como es habitual, dije algunas frases amables sobre el disertante. Eso fue todo. Antes lo había hecho con otros invitados, dado que por esa libre tribuna han pasado dos docenas de personas, y entre ellas ex presidentes como el argentino Eduardo Duhalde y el uruguayo Luis Alberto Lacalle.

En el público, naturalmente, había un grupo de ecuatorianos notables residentes en Miami. Algunos de ellos detestan a Correa y afirman que recurre frecuentemente a la persecución judicial y fiscal de sus enemigos. Condenan, como medio Ecuador, la forma en que acumuló poder violando la Constitución, destrozando los poderes legislativo y judicial, y desconfían de sus intenciones por la manera en que trata a la prensa y recorta las libertades. Temen que conduzca al país a un alborotado manicomio como es la Venezuela de Hugo Chávez o a una dictadura como la cubana. Yo no estoy seguro de lo que tiene en la cabeza, pero, por lo pronto, me parece un pésimo gobernante dedicado a crear problemas en lugar de buscar soluciones.

La conferencia de Gutiérrez se divulgó inmediatamente por medio de Internet, dado que nada hay oculto o siniestro en las tareas del Instituto: todo es transparente, limpio y dentro del respeto a la ley. De ese video, el señor Correa dedujo las supuestas “pruebas” de la conspiración. ¡Qué actitud tan demagógica y tan poco seria! ¡Pobres ecuatorianos! Es una lástima que los trastornos facticios posean tan mal pronóstico. No tienen fácil cura.

Si por la víspera se saca el día, el gran tema de este año en Costa Rica será la aprobación o no del paquete de impuestos que impulsa la administración de la presidenta Laura Chinchilla. Al igual que en ocasiones anteriores, los proponentes de más impuestos inundarán las páginas de opinión con el argumento de que Costa Rica cuenta con una carga tributaria muy baja, y que si el país desea prosperar, hay que pagar tributos como en los países ricos. Este argumento simplista se basa en un indicador espurio que se presta para el engaño. Veamos:

La carga tributaria se entiende como los ingresos fiscales del gobierno en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB). En Costa Rica dicho indicador fue del 15,9% en el 2008 de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica. Los proponentes de más impuestos corren a comparar este dato con el promedio de los países de la OECD (un club de naciones mayormente desarrolladas), el cual fue del 34,8% ese mismo año. Basándose en esta estadística, hace unas semanas el ministro de Educación de Costa Rica, Leonardo Garnier, me dijo en un intercambio que sostuve con él en Twitter que en el país “queremos educación de primera, salud de primera, carreteras de primera… con impuestos de tercera”. ¿Será cierto?

El indicador de la carga tributaria es espurio por múltiples razones. Primero, entre más altos sean los impuestos, más se desincentiva la actividad económica y se fomentan la evasión, el contrabando y la subfacturación. Esto implica menos ingresos para el Estado. Veámoslo con un ejemplo: Un impuesto del 70% sobre una actividad económica se constituye en una prohibición de facto sobre la misma. Difícilmente un empresario entrará a dicho negocio si tiene que pagar un impuesto tan alto. Por lo tanto, los ingresos para el Estado producto de dicho tributo son nulos. ¿Se puede entonces afirmar que la carga tributaria es baja puesto que el impuesto no genera ingresos?

Segundo, el indicador de la carga tributaria tiene la falla de que el gasto público es un componente del PIB, por lo que un país puede ver su carga tributaria reducida si el gobierno aumenta significativamente el gasto público, y de esta manera infla el PIB.

Un vistazo a la historia tributaria de Costa Rica de los últimos 60 años nos demuestra qué tan absurdo es el indicador de la carga tributaria. Desde 1967 a la fecha se han aprobado dicho país 10 paquetes de impuestos, y sin embargo el comportamiento de la carga tributaria no guarda relación alguna con la aprobación de estos nuevos impuestos. Es más, en los años en que la carga tributaria experimentó su aumento más fuerte, fue precisamente cuando no se aprobaron nuevos impuestos (durante la administración  del presidente Abel Pacheco en el 2002-2006).

Fuente: Elaborado a partir de datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

De hecho, si miramos dicho período, veremos que la carga tributaria creció más de lo que pretendía recaudar el fallido plan de impuestos que impulsó en ese momento el presidente Pacheco, sin que se aumentara un solo tributo:

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central y la Comisión de Exministros de Hacienda.

Como vemos, la carga tributaria no parece responder a la aprobación o no de más impuestos, lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿qué clase de indicador es este?

Y hay más bemoles en toda esta discusión: Cuando comparan a Costa Rica con los países de la OECD, los amigos de más impuestos no mencionan que la cifra de la carga tributaria en esos países incluye las cargas a la seguridad social, mientras que el indicador para Costa Rica no. De tal forma, estamos comparando manzanas con peras. Si tomamos en cuenta las cargas sociales, la carga tributaria de Costa Rica en el 2008 fue del 24,2% del PIB (el promedio de la OECD fue del 34,8%). La diferencia ya no es tan abismal como nos la presentan. Por otra parte, si eliminamos las contribuciones a la seguridad social, el promedio de la carga tributaria en la OECD en el 2008 fue de 20,4% del PIB (en Costa Rica fue del 15,9% ).

Sin embargo, a pesar de que la diferencia entre las cargas tributarias de Costa Rica y los países desarrollados no es tan grande como nos la quieren presentar, insisto que el indicador en sí es espurio. En lo que debemos fijarnos es en las tasas impositivas y qué tan complicado es pagar los impuestos en el país. De acuerdo al Banco Mundial, actualmente Costa Rica se encuentra en la posición 155 entre 183 países en cuanto a facilidad en el pago de impuestos. El empresario promedio costarricense gasta 272 horas al año calculando y pagando sus impuestos. Esto quiere decir que, aún cuando la gente quiera cancelar los tributos que le corresponden, el pago de los mismos se vuelve toda una pesadilla. De tal forma, simplificar el sistema tributario contribuiría a aumentar la carga tributaria, sin necesidad de aumentar un solo impuesto.

Más aún, si vemos el mencionado índice del Banco Mundial, notaremos que el empresario costarricense paga más impuestos que sus pares de las naciones ricas. Actualmente el empresario nacional paga en impuestos (renta, laborales, etc.) un 55% de sus ganancias, mientras que el empresario promedio en los países de la OECD paga un 43%.

Parafraseando entonces al ministro Garnier, en Costa Rica pagamos impuestos de primera por servicios de tercera.

México termina este año con 15.000 asesinatos relacionados a la violencia del narcotráfico —un récord para el gobierno de Felipe Calderón que empezó su período hace cuatro años declarando una guerra sin cuartel contra el narco. La violencia de la guerra contra las drogas se disparó desde que Calderón llegó a la presidencia, y ha cobrado hasta ahora más de 30.000 vidas. A pesar de que es una guerra imposible de ganar entre cuyas consecuencias se encuentran el aumento de la corrupción y el debilitamiento de las instituciones de la sociedad civil, está siendo utilizada tanto por quienes creen en la guerra contra las drogas como por sus escépticos para presionar por sus proyectos favoritos, que van desde más ayuda externa hasta más cooperación militar.

Un ejemplo reciente viene del Washington Post, diario que esta semana se manifestó en un editorial a favor de un plan de la administración Obama para detener el flujo de armas a México, y el mismo día publicó un reportaje citando la aseveración de que el 90 por ciento de las armas decomisadas al narcotráfico en México provienen de EE.UU. (aunque el Post también indicó que los gobiernos de México y de EE.UU. se niegan a publicar sus rastreos de armas). Mi colega David Rittgers indica aquí que la propuesta de regulación de armas es ilegal y aquí ha explicado que una cifra más realista para las armas provenientes de EE.UU. es de alrededor del 17 por ciento. En un boletín de Cato a principios de este año, el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, calculó una cifra similar y explicó por qué intentar controlar el comercio de armas estadounidenses es una pérdida de tiempo:

“De hecho, solo sabemos con certeza que alrededor del 18 por ciento de las armas proceden de EE.UU., de acuerdo a fuentes mexicanas y estadounidenses. El resto seguramente proviene de Centroamérica, países de la antigua Unión Soviética y otros. Como naciones tan diversas como Brasil, Paraguay, Somalia y Sudán lo pueden atestiguar —todos con una proporción de armas per cápita más alta que México— no se necesita una frontera con EE.UU. para tener un acceso fácil a armas de fuego. Aún así, la posibilidad real de limitar la venta de armas en EE.UU. no es inminente, para decirlo de una manera diplomática. Además, pedirle a EE.UU. que detenga el tráfico de armas del norte al sur es cómo pedirle a México que controle su frontera de sur a norte, ya sea para drogas, personas o cualquier otra cosa. No va a suceder”.

En agosto pasado advertí sobre las señales preocupantes que estaba enviando el presidente panameño Ricardo Martinelli. Electo en el 2009 con un programa de gobierno que enfatizaba ciertas reformas de libre mercado, Martinelli rápidamente adoptó políticas económicas intervencionistas (particularmente un aumento importante en el gasto público) que tarde o temprano afectarán la estabilidad macroeconómica de Panamá. También señalé el todavía más alarmante patrón de compadrazgos, erosión de los pesos y contrapesos propios de una democracia y ataque a la prensa por parte de la administración Martinelli.

Un cable revelado por WikiLeaks esta semana parece confirmar muchos de estos temores. Fechado en agosto del 2009 y firmado por la entonces embajadora de EE.UU. en Panamá, Barbara Stephenson, el documento describe “las tendencias autocráticas” de Martinelli, enfatizando la solicitud que le hiciera al gobierno estadounidense para que le ayudara a intervenir las llamadas telefónicas de sus opositores políticos —pedido que fue rápidamente negado por la embajada de EE.UU. en Panamá. Stephenson agrega que, luego de reunirse con el presidente panameño, cree que Martinelli “podría estar dispuesto a dejar de lado el Estado de Derecho con el fin de alcanzar sus objetivos políticos y de desarrollo”.

De acuerdo al cable, Martinelli ha recurrido a “la intimidación y al chantaje” de empresas privadas. Stephenson afirma que el presidente panameño le dijo que “ya se había reunido con los presidentes de las cuatro empresas de telefonía del país y había discutido los métodos para obtener información de llamadas”. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional (donde la coalición de Martinelli goza de una amplia mayoría) que “requeriría un registro de los teléfonos celulares pre-pagados y obligaría a las operadoras de telefonía celular a entregar datos de llamadas al gobierno para investigaciones criminales”. Martinelli también le dijo a Stephenson que “él había presionado a los operadores de los casinos y amenazado con cancelar sus concesiones si no pagaban los impuestos que debían y cortaban sus lazos con figuras políticas de la oposición, quienes les habían entregado sus generosas concesiones”.

El cable termina señalando cómo en “gran parte de los nombramientos [del gobierno de Marinelli] ha predominado la lealtad en vez de la capacidad”. En otras palabras, en el gobierno de Martinelli prevalece el compadrazgo —tal y como escribí en agosto.

Aparte del cable de WikiLeaks hay más evidencia reciente que confirma las preocupantes inclinaciones autocráticas de Martinelli. Por ejemplo, varias organizaciones internacionales de prensa han criticado al gobierno de Martinelli en los últimos meses por su acoso a los medios de comunicación independientes. Reporteros sin Fronteras rebajó en 30 posiciones a Panamá en su último Índice de Libertad de Prensa, indicando que el país “ha tomado una dirección opuesta, en una atmósfera que se está volviendo cada vez más tensa entre la prensa y las autoridades”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dice en su más reciente informe sobre Panamá que “a lo largo de los últimos seis meses, la libertad de prensa se vio amenazada por acciones de instituciones del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, así como del Órgano Judicial y el Ministerio Público”. Como señalé en mi artículo de agosto, Martinelli ha nombrado a personas cercanas a él (y controversiales) en la Corte Suprema y el Ministerio Público.

El cable diplomático revelado por WikiLeaks así como estos reportes de organizaciones internacionales fortalecen el argumento de que Ricardo Martinelli es una amenaza cada vez mayor para el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Panamá. Los panameños tienen muchas razones para estar preocupados.