Recientemente me topé con este excelente ensayo del escritor, periodista, poeta y estadista argentino, Bartolomé Mitre. Cuando era joven, su padre lo envió a trabajar en una de las estancias del dictador Juan Manuel de Rosas. El administrador de esa estancia, Gervasio Rosas (hermano del dictador), envió a Mitre de vuelta a su padre con la siguiente nota: "Dígale a Don Ambrosio que aquí le devuelvo a este caballerito, que no sirve ni servirá para nada, porque cuando encuentra una sombrilla se baja del caballo y se pone a leer".

Años después tendría que huir a Uruguay debido a la persecución de los rosistas. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando por poco tiempo fue una provincia independiente y después fue presidente de Argentina. Al final de sus días se dedicó a traducir La divina comedia de Dante Alighieri, libro que según Mitre dice en la introducción a su traducción al español ("Teoría del traductor") "ha sido, por más de 40 años, uno de mis libros de cabecera".

Pero volviendo al ensayo acerca del comercio, aquí les dejo algunas citas que muestran una decidida influencia liberal clásica:

“El comercio es un trabajo y un trabajo fecundo que civiliza, enriquece, y mejora la condición humana, participando del doble carácter de poder material y de grandeza moral que lo hace digno de admiración y respeto".

“Siendo la riqueza y el capital un resultado del trabajo acumulado por muchas generaciones, el día en que lo fuesen gratuito, se empezaría a consumir el capital creado sin reponerlo por nuevo trabajo y nueva elaboración, sin atesorar por medio del ahorro, y hasta que consumido todo el capital creado y acumulado, la fuente de vida se agotase, el movimiento se paralizase y el hombre se tornase a ser aquella especie de bestia del estado primitivo que fue civilizado por la división del trabajo, aquel esclavo de la naturaleza bruta que fue redimido por el capital acumulado, aquel ser vegetativo y sin valor alguno moral y material que merced a las dotes que debe a la labor no interrumpida, hoy domina la creación y se gobierna a sí mismo tan solo porque compra y vende, es decir, porque tiene un valor intrínseco y porque da valor a las cosas, y con ellas crea y alimenta el capital social que es el principio de vida en la economía del género humano, como el capital circulante es su sangre".

Hong Kong produce alrededor del 20% del alimento que consume y sorprendentemente nadie muere de hambre en ese país; Bélgica no tiene plantas de cacao y es uno de los grandes productores de chocolate; Bolivia no produce ningún automóvil y por arte de magia las calles están abarrotadas de vehículos.

Y es que si tomamos en serio el argumento de la seguridad alimentaria, los hongkoneses deberían estar sufriendo hambrunas, los belgas deberían estar preocupados por desarrollar cacao boreal y los bolivianos deberíamos estar andando en carretón. Sin embargo, esto no ocurre.

No cuesta explicarle a un periodista que para él es más rentable dedicarse tiempo completo a buscar noticias, recibir un salario y luego comprarse zapatos, ropa y comida que tratar de fabricar por sí mismo sus zapatos, su ropa, sembrar y cosechar su comida. Esto se debe a que las personas nos especializamos; es decir, nos hacemos expertos en ciertas áreas muy limitadas del conocimiento, la técnica y la ciencia y somos bastante ignorantes del resto. Por ejemplo, un zapatero, gracias a su experiencia puede fabricar zapatos mucho más rápido que una persona que no se dedica a esa actividad y un panadero que lleva años haciendo panes puede hacerlos más eficientemente que alguien que se dedica a ello esporádicamente. Entonces es posible que el zapatero sepa cómo hacer panes y que el panadero sepa como fabricar un zapato, pero debido a que cada uno es más eficiente en su área, es mejor que el zapatero le haga los zapatos al panadero y el panadero le pague esos zapatos vendiéndole panes. La especialización y el comercio entre el zapatero y el panadero permite que ambos disfruten de más panes y más zapatos de los que podrían tener si cada uno tuviera que producir ambos bienes.

Lo mismo sucede entre regiones. Estoy seguro que en algún lugar de Santa Cruz es posible producir quinua, sin embargo, Santa Cruz no produce quinua, porque tal vez es más eficiente producirla en climas templados y eso no impide que los mercados cruceños estén abastecidos de quinua. Y lo mismo sucede entre países. Es posible que Bolivia pueda producir trigo, pero tal vez es más eficiente utilizar la tierra para sembrar soya y comprar el trigo del exterior. Y la falta de trigo, mientras haya libre comercio, de ninguna manera pone en riesgo la producción de panes. El argumento de la seguridad alimentaria lo defienden quienes tienen intereses políticos y económicos o quienes son ignorantes de economía.

Aún cuando la popularidad del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se desploma, aún cuando la revista The Economist urge al gobierno colombiano a "poner a las Farc en evidencia", aún cuando el jefe negociador oficial Humberto de la Calle afirma que el proceso de paz con la guerrilla "se está acabando", no es muy tarde para que el mandatario salve su presidencia.

Es cierto que Santos hizo de las negociaciones con las Farc el eje de su administración, actuando completamente en contra de la voluntad de los votantes que lo eligieron en el 2010. Cuando fue hora de reelegirse en el 2014, Santos tuvo que acudir al apoyo de maquinarias políticas poco salubres y de antiguos opositores suyos de la izquierda estatista, principalmente Clara López, quien había prometido quitarle su independencia al Banco de la República, y Gustavo Petro, quien estaba en medio de su gestión poco eficaz (en el mejor de los casos) como Alcalde de Bogotá.

En ese momento Santos capturó una buena cantidad del voto de centro y “de opinión” al insistir vez tras vez que la paz con las Farc estaba a la vuelta de la esquina. "Con paz haremos más", fue su eslogan, y, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, anunció que iba a “acelerar el proceso y terminar esta guerra de una vez por todas".

Cuestionado por sus extrañas y repentinas alianzas políticas, pero nunca corto de presunción, Santos se comparó a sí mismo con Franklin Delano Roosevelt aliándose con la Unión Soviética de Stalin para derrotar a la Alemania Nazi. En teoría, si Santos era FDR, entonces Gustavo “el Latin Stalin” Petro era su contraparte en el Kremlin.

Tal grandilocuencia aparte, hoy sabemos muy bien que la cercanía de la paz con las Farc no era más que un espejismo. Las negociaciones se estancaron en el tema de la justicia, el cuarto de cinco puntos sobre la mesa que, mirando hacia atrás, ha debido ser el primero. Como era de esperar, las Farc pretenden obtener una impunidad prácticamente absoluta por sus crímenes, exigencia que no tolera la opinión pública. Mucho menos las leyes vigentes y en especial los tratados internacionales que debe cumplir el Estado.

Mientras tanto las Farc, en el último año, han secuestrado a un general, asesinado a 11 soldados mientras dormían en el Cauca, derribado helicópteros del Ejército, y causado una catástrofe ambiental en el Pacífico colombiano al bombardear un oleoducto. El miércoles pasado, un vocero de la guerrilla le dijo a la prensa internacional que incrementarían los ataques en Colombia para “debilitar la confianza de la economía y de los inversores”. Al día siguiente varios civiles resultaron heridos al estallar dos explosivos en Bogotá, uno de ellos en medio del centro financiero de la capital.

Aunque las Farc han negado su autoría del atentado, el cual ha sido atribuido a sus aliados del ELN, hay que recordar que también desmintieron su participación en el ataque al Club El Nogal en el 2003. A estas alturas del juego, ¿quién de buena fe puede creer algo que digan estos personajes?

Independientemente de quién esté detrás de los ataques en Bogotá, es indudable que la paciencia de la mayoría de los colombianos con las Farc se está agotando. Santos, tal como su predecesor Andrés Pastrana (1998-2002), cometió un gravísimo error al confiar en la palabra de la guerrilla. No fue prudente apostarle su legado a un acuerdo de paz con un grupo armado ilegal que, día tras día, demuestra saber hacer sólo violencia.

No obstante, a diferencia de Pastrana, Santos todavía tiene suficiente tiempo para corregir sus errores. Si cambia de rumbo ahora, no podrá congraciarse con todos los colombianos, pero muchos le darán el beneficio de la duda si demuestra que sus intenciones eran benévolas pero que, defraudado por las Farc- plus ça change- tomó la decisión correcta justo en el momento crítico.

Ciertamente, acabar el proceso de paz con las Farc no es fácil para Santos. Él ha dicho que se está jugando su “capital político”, pero sin duda el orgullo es un factor importante. Según la narrativa establecida, si Santos se para de la mesa en La Habana, le daría la razón a su antiguo jefe y ahora archienemigo político, el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010), un acérrimo crítico del proceso de paz desde su inicio.

Pero Santos tiene la capacidad de responder a sus críticos con la espléndida frase del novelista Evelyn Waugh: “hasta cierto punto, Lord Copper”.

De hecho, liquidar las infructuosas negociaciones con las Farc no necesariamente significa volver a la época de la “seguridad democrática” de Uribe. Por lo menos no del todo.

Ciertamente la guerra frontal contra las Farc será necesaria, y pocos están mejor calificados que Santos, antiguo Ministro de Defensa de Uribe, para librarla. Pero Santos también puede argumentar con validez que el enfoque estrictamente bélico se intentó desde el 2002 hasta el 2010 y, aunque la guerrilla resultó muy debilitada, no fue del todo vencida.

Y es acá donde surge la posibilidad de implementar una estrategia nunca antes vista en Colombia, donde, durante décadas, los gobiernos han enfrentado el problema de las guerrillas al oscilar entre la guerra frontal y la negociación. Pero ningún gobierno ha optado por una estrategia más inteligente, la de luchar contra las Farc no sólo con las armas, sino a la vez quitándoles su principal fuente de financiación.

Me refiero a la suma de entre 2.400 y 3.500 millones de dólares que recaudan al año las Farc al controlar gran parte del narcotráfico en Colombia.

Santos podría arrebatarle a la guerrilla tales ingresos colosales rápidamente al usar la mayoría de su coalición gobernante en el Congreso para legalizar la producción y el consumo de todas las drogas en el país. Tal como sucedió en Estados Unidos tras el fin de la Prohibición en 1933, el crimen organizado (es decir, las Farc y sus aliados) perdería prácticamente todo su control sobre los mercados negros de la droga tan pronto se regulara su comercio y se creara una industria dominada por empresas legítimas y serias.

En ese escenario, las Farc difícilmente podrían mantener su poderío financiero actual y, con la pérdida de su poder bélico, resultaría mucho más factible para el Estado derrotarlas militarmente. Al menos surgiría una posibilidad real de asediarlas hasta el punto en que no les quede otra opción aparte de negociar la entrega de sus armas sin condición alguna.

Santos es el Presidente apropiado para implementar tal estrategia, un ejemplo del “enfoque indirecto” por medio del cual se ganan la mayoría de las guerras, tal como demostró el gran teórico militar B.H. Liddell Hart.

En el 2011, Santos les dijo a los estudiantes de la Universidad de Brown en Estados Unidos que buscaran “nuevas estrategias, nuevas visiones y nuevos enfoques” para la fallida guerra contra las drogas. Hoy, cuando varios estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana, es hora de que Santos siga sus propios consejos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 70% de la masa laboral de Honduras trabaja en la informalidad. Como bien explica el jurista peruano Enrique Ghersi, la informalidad es una estrategia de supervivencia de los más pobres, ya que, cuando cumplir con la ley se vuelve demasiado caro, la única decisión razonable es vivir al margen de ella. Las políticas tributarias del Gobierno hondureño parecen estar empecinadas a formalizar a todas estas personas a la fuerza, acentuando aún más el apartheid económico si no lo hacen.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (agencia de recaudación fiscal) ha venido implementando un nuevo régimen de facturación, promovido por su directora Miriam Guzmán, que trae consigo severas complicaciones y un brusco aumento de costos a los pequeños empresarios y al sector informal de la economía.

Actualmente muchos supermercados y otros negocios venden al público productos adquiridos de empresarios informales, como pequeños agricultores, carpinteros o panaderos. El nuevo esquema obligará a las empresas a exigirles a sus proveedores que se registren y se formalicen, porque de lo contrario deberán pagar más en impuestos, ya que no podrán justificar los gastos de su empresa sin la debida facturación.

No es consecuente pensar que esta formalización masiva se volverá una realidad y muchos empresarios se preocupan de que el resultado sea no una ampliación de la base tributaria, sino el incremento de la explotación fiscal sobre el mismo segmento de la población.

Una economía lenta, como la hondureña, necesita que el dinero se mantenga en las manos de los ciudadanos para que se invierta en su consumo diario y sus emprendimientos de negocio. Pasarlo a las manos de los políticos para financiar la corrupción y las medidas populistas con las que esperan obtener votos en las próximas elecciones solo agravará la crítica situación del país.

El problema no es que al Estado le falten recursos, sino que gasta demasiado en ambiciones políticas y olvida sus responsabilidades más básicas. Con el nuevo sistema se le exige a las personas menos beneficiadas por el Estado que paguen más, a pesar de que actualmente se encuentran sin acceso a la justicia, educación o salud.

Los hondureños no encuentran descanso en ninguna parte; por un lado, se encuentran constantemente agredidos por las extorsiones y los asaltos del crimen común, y por el otro, se encuentran obligados a cargar con la insaciable hambre del Estado por obtener ingresos.

Sin embargo, evadir impuestos en Honduras no solo se trata de supervivencia económica, sino hasta de integridad corporal. En el 2013, una investigación reveló que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) había sido infiltrada por miembros de diferentes grupos del crimen organizado, como las pandillas y maras, quienes utilizaban la información de los contribuyentes para coordinar el cobro del denominado “impuesto de guerra” a los contribuyentes más pudientes. Bajo estas circunstancias y con un sistema de justicia colapsado ¿quieren que paguemos más impuestos?

Agresión fiscal como medio de intimidación

La politización de las instituciones públicas es un fenómeno muy bien conocido en Honduras, y la DEI no es la excepción. Al estilo de los escándalos de la IRS, ya se empiezan a escuchar las denuncias de persecución en contra de quienes públicamente han expresado su oposición a la agresión fiscal. El empresario Jimmy Dacareth presentó una denuncia formal contra la directora de la DEI, Miriam Guzmán, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en virtud de haber recibido un notificación de fiscalización de su empresa después que la directora Guzmán se refiriera a él en un programa de radio, al decir ella que firmó una fiscalización contra un contribuyente por andar de “abanderado”.

La intimidación también ha cobrado vida legal: las reformas al Código Tributario requieren que la DEI presente acusación contra los contribuyentes, inclusive si ellos mismos rectifican y corrigen cualquier error en sus cálculos de impuestos a pagar antes de que la DEI se haya percatado de dicho error. De igual forma, una reforma al Código Penal penaliza con 3 a 6 años de cárcel a quienes por medios verbales o escritos inciten a no pagar los tributos correspondientes. Cabe preguntar si hay responsabilidad penal contra los que distribuyan copias de los escritos de Henry David Thoreau o Lysander Spooner, quienes promovían la resistencia fiscal como medio de protesta contra las políticas de Estado.

La militarización de la recaudación fiscal

Cuando la Policía Militar de Orden Público (PMOP) empezó a patrullar las calles de Honduras, el Gobierno argumentó que la finalidad era combatir el crimen organizado: las pandillas, maras, narcotraficantes y sicarios. Pero la militarización de una sociedad siempre termina de la misma manera, con la ciudadanía siendo perseguida por una cantidad cada vez mayor de delitos. Tras una reforma a final de año en 2013, la Policía Militar tiene la potestad para perseguir los delitos de defraudación fiscal y contrabando.

¿A caso la DEI necesita militares encapuchados, armados con fusiles Galil ACE 21 (dispara 700 balas por minuto) y protegidos por kevlar nivel 3 para cobrarle impuestos al empresariado hondureño?

La PMOP es una pesada carga financiera para los contribuyentes y utilizarla para perseguir delitos no violentos representa el mismo malgasto de recursos que convence a muchos hondureños a evadir el pago de impuestos.

Este artículo fue publicado originalmente en el PanAm Post el 28 de Junio, 2015.

¿Qué llevó a Grecia a la crítica situación actual? ¿Cuáles son las tensiones entre la Troika y Grecia? En esta nota explico los pasos que desembocaron en la crisis Griega.

Al momento de escribir estas líneas Grecia está por caer en default de su deuda soberana. ¿Qué sucedió y cómo llegó Grecia a esta situación? Para comprender lo que está sucediendo con Grecia estos días es necesario retroceder algunos años.

Pero antes de hablar de Grecia, es imperativa una breve aclaración para entender algunos de los eventos en torno a esta crisis. En economía se suele separar los conceptos de déficit y déficit estructural. El déficit estructural es el resultado fiscal en equilibrio. Es decir, sin el efecto de ciclos y fluctuaciones económicas. El déficit comprende al déficit estructural, más las oscilaciones fiscales que ocurren cada año. Si el presupuesto se encuentra en equilibrio estructural, entonces los superávit y déficit de cada año se cancelan y tienen como resultado un presupuesto balanceado en el mediano y largo plazo. El problema no es el déficit en sí, sino el déficit estructural (crónico).

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Es importante señalar que los problemas que viven los griegos no se deben a la austeridad, sino al despilfarro. La austeridad es una consecuencia inevitable así como lo es la resaca luego de una noche de borrachera. Otro elemento importante de señalar es que la crisis griega no se debe a al sector privado, las empresas transnacionales o los bancos de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), sino al gobierno griego. El gobierno griego, desde que entró a la zona euro y hasta no hace mucho, sistemáticamente gastó más de lo que recaudaba y financió ese gasto con deuda.

Ni el sector privado, ni las transnacionales ni el FMI obligaron al gobierno griego a hacer esto; lo hizo porque a los políticos les encanta gastar y porque el endeudamiento significa plata que pueden disponer ahora, para aparentar hacer un buen gobierno a cambio de un problema que tendrán que resolver otros políticos en el futuro cuando toque pagar esa deuda. A esto hay que agregar la deshonestidad de sus gobernantes que alevosamente falsearon la contabilidad del Estado para ocultar el problema. Y siendo Grecia una democracia, no podemos dejar de mencionar al pueblo griego que sistemáticamente votó por los gobiernos irresponsables, voto por el gasto deficitario, votó por darse unas vacaciones de lujo y dejar para más adelante el problema de cómo pagar la cuenta.

Si Grecia deja de recibir préstamos, entrará en una crisis seria. Por otro lado, si los consigue, la crisis se postergará para el futuro, incluso empeorándola con una deuda mayor. El país está experimentando la parte amarga del ciclo populista y un inversionista responsable no le prestaría su dinero. Pero quienes quieren rescatar a Grecia no son inversionistas responsables, sino los gobernantes de otros países que, aparte de tener otras consideraciones de carácter político para salvar a Grecia (algunas valederas), no invierten su propio dinero en el rescate, sino el dinero ajeno, el de sus contribuyentes. A cambio de seguir prestándole, le piden que vuelva a la senda de la responsabilidad, que gaste menos de lo que recauda, que ahorre, que elabore un plan factible de repago, que practique una virtud que todo buen jefe de familia, empresario o gobernante debe practicar: la austeridad.

El gobierno griego quiere que siga la fiesta, que se mantenga la ilusión, quiere que le sigan prestando para gastar a mansalva. Quiere que el resto de Europa siga financiando su propia irresponsabilidad. Al parecer esta vez el resto de Europa no está dispuesto a ello.