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Archivo por Mayo 2015

Reelección presidencial

Cada vez que se escucha sobre la reelección presidencial en cualquier país, debemos tomar en cuenta y exigir que un nuevo mandato no puede quedar sujeto a la decisión del poder constituido, esto es, a la decisión de los legisladores y jueces que ocupan un cargo al momento de tener que decidir si el presidente en ejercicio debe ser reelegido por otro período.

Desde su origen en Atenas, la democracia se ha caracterizado por su dinámica política y electoral. Y es por esa naturaleza político electoral que muchas veces la democracia ha caído presa del ansia de poder ilimitado por parte de los gobiernos. Si, por una parte, la democracia es capaz de promover al Estado de Derecho; por otro parte, también se ha degenerado para convertirse en una seudo democracia en la que los derechos de libertad y propiedad son continuamente atacados por la corrupción y el populismo.

Esa degeneración institucional puede darse aquí en Paraguay en caso que prospere, al menos eso es lo que parece estar tramándose, la reelección presidencial mediante la enmienda constitucional o el procedimiento del referéndum. Si así ocurriere, el hoy primer mandatario terminará lamentablemente por convertirse en el primer mandante, el que se sirve de los que en su momento le votaron.

La reelección del presidente de la República por el cual se le extiende el mandato a una persona por otro período, sea consecutivo o alternado, requiere de reconocer la notable pero no siempre comprendida diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente. Tal como dice su nombre, el poder constituido está conformado por aquellos que tienen en el presente un mandato electivo, administrativo o judicial.

Los miembros del poder constituido no deben, si hablamos de una genuina República, aprobar leyes o dictar sentencias a favor del presidente de tuno que busca su reelección. Si lo hacen estarían incurriendo en mal ejercicio de sus funciones, puesto que cuando fueron electos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución vigente. Siendo la ley fundamental el contrato político por excelencia, mal estarían procediendo al cambiar  las reglas de juego institucionales que hacen a la República.

Además, se estaría promoviendo en el país una práctica detestable y altamente dañina contra la estabilidad política, puesto que poco favor se hace a la transparencia en el uso de los recursos públicos, si el propio Ejecutivo como administrador del Estado, se encuentra en la situación de promover su propia candidatura, aunque esta se haga por los medios electorales democráticos.

De ahí que todo lo atinente a la reelección requiera de la inexcusable presencia del poder constituyente. Este poder es el que se compone por personas que no forman parte del poder constituido, no tienen cargo alguno al momento de decidir sobre si el presidente será o no reelegido. La conformación del poder constituyente para modificar tan importante relación poder-ciudadanía y que forma parte de la tradición republicana de equilibrio y sabiduría institucional es necesaria para impedir que el poder se extienda como el Leviatán de Hobbes, como aquel monstruo que se asemeja a un Estado que extiende sus tentáculos cada vez más largos, llámese privilegios e influencias indebidas, sobre los individuos que conforman la sociedad civil.

En un momento político y económico sumamente delicado, el Paraguay y los países de la región deben mostrarse firmes en respetar las reglas de juego de las instituciones republicanas, condición básica para atraer inversiones, aumentar la paz pública y crear mejores oportunidades de empleos.

Si se habla de reelección, por ende, solo cabe hablar de una reforma constitucional mediante la conformación del poder constituyente.

El pasado 20 de abril entraron en vigencia en Ecuador las reformas al Código Laboral y a la Ley de Seguridad Social propuestas por el presidente Rafael Correa. Seis reformas son las más relevantes: (1) la eliminación del contrato a plazo fijo, (2) el límite en la participación de utilidades de los trabajadores, (3) el límite a las brechas salariales para empresas según su sector, (4) el despido ineficaz para mujeres embarazadas y líderes sindicales, (5) la incorporación de los trabajadores no remunerados del hogar al Seguro Social Obligatorio, y (6) la eliminación del 40% de aporte estatal específico a las pensiones jubilares.

Para el oficialismo, esta reforma es su más importante conquista laboral y social en ocho años de Gobierno. De acuerdo a su visión, con los cambios realizados se promoverá el empleo y la justicia social en el país.

Sin embargo, en realidad las reformas contribuyen a la rigidez del mercado laboral y perjudica no solo a empresarios sino a trabajadores. Pero antes de analizarlo consideremos algunas cifras relevantes sobre empleo en el Ecuador.

De acuerdo a las más recientes estadísticas, en el primer trimestre de 2015 el desempleo en el país fue de 3,8%. A esto se suma el 52,1% correspondiente al empleo inadecuado, que en términos sencillos son los que no cuentan con un trabajo fijo, a tiempo completo, o con un sueldo de al menos el salario mínimo. Juntos suman más de 4,1 millones de ecuatorianos sin empleo adecuado (56%). Estas cifras son compatibles con el 59% que trabajan en la informalidad. Pero yendo más a fondo ¿cuál es el perfil del desempleado en Ecuador? De la información proporcionada por el INEC se puede determinar que un desempleado “tipo” tiene entre 18 y 29 años, afecta un poco más a las mujeres que a los hombres, el 36% tiene título de bachiller y el 25% universitario, tiene un ingreso promedio mensual de $60, y no ha trabajado por casi 5 meses. Es decir, que los principales afectados son los jóvenes colegiales o universitarios preparados en busca de su primera oportunidad laboral.

Ahora bien, ¿qué provoca la eliminación del contrato a plazo fijo? Con la eliminación del contrato a plazo fijo, la oportunidad de los trabajadores de adaptarse a su trabajo se reduce de un año a tres meses. Antes, el empleador podía esperar hasta el primer año para tomar una decisión sobre la continuidad de su empleado dado que el costo de despedirlo al año era reducido. Con la reforma, el empleador deberá adelantar esa decisión a los 3 meses puesto que después de eso la indemnización de quien lleva trabajando 3 meses será igual a la de uno que lleva 3 años. Es decir que se igualan las indemnizaciones por despido para todos los casos luego del período de prueba y hasta los 3 años de relación laboral. Esta situación perjudica tanto al trabajador como al empleador, no da trabajo, ni deja trabajar.

Indemnización por despido según el tiempo de trabajo

  3 meses

(Período de prueba)

Entre 3 meses y 1 año Al año Entre 1 año y 3 años  

Luego de 3 años

Antes de la reforma Sin indemnización 50% de 1 sueldo por cada mes que faltaba para llegar al año 25% de 1 sueldo 3 sueldos 1 sueldo por cada año de trabajo
Luego de la reforma Sin indemnización 3 sueldos 1 sueldo por cada año de trabajo

Por otro lado, con el límite de 24 salarios básicos en la participación de utilidades el Estado busca tomar una tajada del 15% que se destinaba solo a los trabajadores y sus familias. El excedente irá directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una institución del sector público caracterizada por financiar con préstamos el déficit presupuestario del Estado. Pero la participación de los trabajadores no se da solo en Ecuador. En Latinoamérica varios países reparten utilidades a sus trabajadores con diferentes modalidades y límites. Entre ellos están Perú (10% de las utilidades), México (10%), Venezuela (15%), Chile (30%) y otros.

En Perú, por ejemplo, la participación de las utilidades, que está ligada a la actividad empresarial, los días trabajados y el sueldo, también posee un límite de 18 remuneraciones mensuales vigentes. Sin embargo, el excedente se destina al Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo dedicado a financiar proyectos privados de capacitación y promoción del empleo. Más allá del límite en las utilidades, que evidentemente afecta en los incentivos de los trabajadores para ser más productivos, la visión de financiar actividades públicas o privadas marca la diferencia con Perú. Allá el dinero se destina al fortalecimiento del trabajador través del sector privado, aquí a incrementar los recursos de la seguridad social que financia al Estado. El límite a utilidades no da trabajo, ni deja trabajar.

Por último, aunque el límite a las brechas salariales para empresas según su sector y el despido ineficaz para mujeres embarazadas y líderes sindicales tampoco dan trabajo ni dejan trabajar, quisiera centrarme en las reformas al IESS. En primer lugar, la incorporación de los trabajadores no remunerados del hogar al IESS asegurará un ingreso neto de más de $46 millones al mes ($562 millones en el 2015) para el IESS si logra afiliar las 1,8 millones de amas de casa. Eso sin considerar que el tiempo de aportación para lograr una jubilación será de 20 años sin ninguna otra contraprestación de por medio durante ese lapso. Y segundo, la eliminación del 40% de aporte estatal específico a las pensiones jubilares, pone en serio riesgo las pensiones de los actuales jóvenes aportantes que quien sabe si recibiremos nuestras pensiones en 20 años.

Aporte mensual de los hogares al IESS según nivel de ingreso

Nivel de ingreso mensual a

Base de cotización

b

Amas de casa

c

Subsidio estatal

d

Aporte personal

e = a x b x c

Subsidio estatal neto (MM)

f = a x b x d

Aporte personal neto (MM)

Bajo 25% de SBU 361.109 10,87% 2,39%  $ 3,47  $ 0,76
Medio 50% de SBU 326.572 7,95% 5,30%  $ 4,60  $ 3,06
Medio alto 75% de SBU 357.329 5,96% 7,29%  $ 5,66  $ 6,91
Alto 100% SBU 770.386 0,00% 13,25%  $ -  $ 36,13
Total   1.815.395      $ 13,72  $ 46,87

Fuente: INEC

Es así como la famosa Ley Orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar afecta a toda la masa laboral del país. No da trabajo al joven e inexperto desempleado que busca su primera oportunidad, y que si la encuentra tendrá solo tres meses para ganarse al jefe. No ayuda al subempleado que siendo economista o abogado tiene que piratear por las noches para llevar el pan a su casa. Mucho menos al que tiene empleo, que tendrá que truncar su aspiración de aumento salarial ya que ni el gerente podrá ganar lo que merece. Peor las amas de casa, quienes tendrán que financiar por 20 años al IESS a costa de menos dinero en su bolsillo. Y no hablo de las embarazadas, pues ayer me enteré que seré padre y ya estoy preocupado porque el contrato de mi esposa vence en junio y con tres meses de embarazo dudo que la vuelvan a contratar.

Alguna vez escuché que “el perro del hortelano no come ni deja comer”. En Ecuador ya tiene ley, la “Ley del perro del hortelano, ni da trabajo ni deja trabajar”.

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, ha causado sensación alrededor del mundo. Las causas de tal admiración son varias, pero pueden ser sintetizadas en las siguientes:

El hecho de que viva en el medio rural en una vivienda relativamente humilde. Debido a tal circunstancia, los medios internacionales lo han bautizado “el presidente más pobre del mundo”. Pero, lo que más recalcan y llama la atención, es que según ha declarado reiteradamente, dona a obras sociales alrededor del 90% de su sueldo como presidente. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2012 el El Mundo de España informó lo siguiente:

“Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario, establecido en unos 12.500 dólares americanos. Cada mes, 'Pepe' Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como Presidente del Uruguay y Comandante en Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención mensual unos 20.000 pesos. El resto se distribuye desde el Fondo Raúl Sendic, que administra su fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a emprendimientos productivos hasta simples colaboraciones, y ONG que colaboran con viviendas. Dice a los cuatro vientos que "con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos".

“Revisa la tierra, mientras declara su auto VW Fusca como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares. De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mujica sólo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la cual también dona parte de su salario”.

Por otra parte, Mujica se vanagloria de actuar como mediador en diferentes conflictos de larga data, como por ejemplo el de Estados Unidos con Cuba, y el de las Farc en Colombia.

En línea con ese  autobombo, un diario uruguayo oficialista expresó que “El presidente José Mujica jugó un rol clave en el proceso que culminó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba”. El propio Mujica declaró:

“Uruguay arrimó su humilde granito de arena” para que Estados Unidos y Cuba pusieran fin a 53 años de diferencias (…) Hemos tratado de ayudar a una política que apuntaba descongelarse y hemos sido fieles a un principio: siempre que se pueda ayudar en algún entuerto de tensión, la actitud diplomática de Uruguay es tratar de contribuir a disminuir las tensiones y si es posible, a eliminarlas”

Con respecto a las Farc, en “diálogo exclusivo con ElMundo.es, Mujica confirmó que en los próximos días viajará para establecer diálogo con el comando principal de la guerrilla colombiana, reconociendo que es un momento ‘delicado’ el que se vive en las negociaciones”.

"Yo estoy camino al hoyo y uno tiene que tener conciencia, para mí lo más importante es respaldar y dar una mano. Si puedo ayudar en algo, voy a ayudar a cualquiera. Ahora tengo que ir por un pedido del presidente de Colombia a discutir algo con la dirección de las FARC. Desde el punto de vista personal yo no voy nada, pero contribuir a la paz de Colombia ayuda. Entonces el deber es ser abierto, desinteresado y apoyar todo lo que se pueda positivamente’, dijo el actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP)”.

Todas estas declaraciones “desinteresadas”, hay que tomarlas en el contexto de Mujica postulado para el Premio Nobel de la Paz. Por lo cual cualquier persona versada en técnicas de marketing, no puede menos que darse cuenta de cuál es el posicionamiento buscado. Su estrategia hasta ahora ha sido muy exitosa.

Sin embargo, la realidad se está encargando de demostrar que hay un gran bluff detrás de la imagen proyectada por Mujica en los temas indicados.

Con respecto al primer punto mencionado, recientemente la Junta de Transparencia y Ética Pública divulgó en su sitio web las declaraciones patrimoniales del expresidente. De ellas se desprende que entre 2012 y 2015 --o sea en tres años-- el capital de Mujica creció 92,2%. La evolución de sus bienes durante los cinco años que duró su mandato no se puede calcular, pues en su primera declaración jurada de 2010 no estableció patrimonio neto. En el 2010 no declaró los inmuebles (U$S 188.025) que poseía ni tampoco la maquinaria agrícola (U$S 21.237), cosa que recién hizo a partir de 2012, año en el cual también declaró dos autos por valor de U$S 5.512.

Además, en la última declaración informó que durante su presidencia, sus donaciones fueron exclusivamente al Plan Juntos y al Frente Amplio. Esto último es práctica usual entre los políticos uruguayos que acceden a cargos de gobierno; es norma general cuyo objetivo es fortalecer las finanzas del partido y de ese modo ganar elecciones y afianzarse en el poder.

Con respecto a haber facilitado el fin de las hostilidades entre Estados Unidos y Cuba, una reciente investigación llevada a cabo por los reporteros Warren Strobel, Matt Spetalnick y David Adams de la agencia Reuters, demuestra que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Según los periodistas mencionados, el proceso comenzó a gestarse en 2008, a raíz de un discurso que pronunció Barack Obama ante la Fundación Nacional Cubano Americana (anticastrista) en Miami. En el transcurso de 2013, la Casa Blanca “tras saber que La Habana sería receptiva”, propuso realizar “reuniones discretas”. Las mismas comenzaron en Canadá en junio de dicho año, sin la intervención y ni el conocimiento de los respectivos departamentos de Relaciones Exteriores.

Las conversaciones secretas tuvieron sus altibajos pero adquirieron solidez a partir de abril de 2014. En momentos en que estaba bien avanzado el entendimiento, el senador demócrata Patrick Leahy propuso dar intervención “al Papa y al Vaticano como intermediarios”. El acuerdo final se alcanzó en octubre de 2014, luego de diversas reuniones en las que participaron equipos estadounidenses, cubanos y funcionarios del Vaticano.

Es de destacar que el informe de Reuters no atribuye rol alguno a Mujica en dicho proceso.

Finalmente, con respecto al supuesto papel de mediador en el proceso de paz colombiano, en estos días el presidente colombiano Juan Manuel Santos desmintió esa información. En su cuenta twitter, desinfla por completo el papel que Mujica se atribuye en la entrevista concedida a El Mundo que citamos más arriba. En su tuit expresa que agradece cualquier gesto que contribuya a alcanzar la paz en Colombia, pero que el ex mandatario uruguayo es tan solo uno de los tantos que se moviliza en ese sentido. En forma contundente negó que lo haya nombrado “mediador”.

Por todo lo expuesto, es posible apreciar que hay mucho bluff detrás de la marketinera imagen internacional de Mujica. Y si hay algo de lo que carece, es de genuina humildad.

Este artículo fue publicado originalmente en el Panampost el 5 de mayo de 2015.

Muchas teorías políticas asumen que el Estado es un ente benevolente, altruista y casi omnisciente, cuya función es velar por el bienestar del ciudadano. Una notable excepción es la línea teórica de la opción pública (public choice) desarrollada sobre los trabajos pioneros de Gordon Tullock y el premio Nobel de economía James Buchanan.

Los seres humanos a lo largo de la historia hemos desarrollado instituciones para facilitar y mejorar la vida en sociedad; una de esas instituciones es el Estado y la mayoría de las personas creemos que el Estado es necesario (los anarquistas no comparten esta opinión). También la mayoría de las personas consideran que entre los principales roles del Estado está el velar por la justicia y evitar los abusos que unos puedan cometer contra otros. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no solo no cumple el rol de velar por la justicia, sino que se transforma en una institución promotora de injusticias y abusos? ¿Qué pasa cuando el Estado es capturado por un grupo gansteril dispuesto a todo por conservar y acrecentar su poder?

Las revelaciones de que las armas supuestamente halladas por el Estado boliviano contra los supuestos terroristas eran en realidad armas que estaban bajo custodia del Ejército y que fueron confiscadas de varios procesos policiales pasados, refuerza la hipótesis de que en Bolivia vivimos bajo un Estado gansteril, donde no solo son maleantes los funcionarios masistas, sino también las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial. Esas armas no pudieron haber salido de la 8va División del Ejército sin el conocimiento de varias personas, por lo que la responsabilidad no es de uno o dos militares negligentes o esquizofrénicos, sino de la institución.

En Bolivia el gobierno hace cosas que solo pueden venir de gente sin escrúpulos ni ética: la farsa del caso terrorismo, la matanza de Porvenir, la quema de la prefectura de Cochabamba, la ilegalidad del proceso constituyente, los muertos de la Calancha, la aplicación selectiva de la Constitución Política del Estado (la nueva y la vieja), la persecución política y judicial, la sumisión del órgano judicial al ejecutivo, la mañosa aprobación de la reelección del presidente (y su poca vergüenza postularse luego de decir públicamente años atrás que no lo haría), los proverbiales negocios del vicepresidente y su familia y muchas cosas más hacen pertinente que nos preguntemos: ¿qué hacer ante un Estado gansteril?

El pasado lunes, la marcha de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en contra del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos obstruyó varias vías principales en Bogotá, donde el flujo del tráfico es de por sí tan lamentable que el tiempo de cualquier viaje emprendido entre semana y cuya distancia supere las 30 cuadras podría medirse en la escala geológica.

Poco tiene que ver la ya maltratada ciudadanía de la capital con la pugna Santos-Fecode, pero, una vez más, al aguantarnos trancones innecesarios y más congestión que la usual, debemos pagar el precio de unas políticas diseñadas únicamente para que ciertos gremios privilegiados mantengan sus prebendas a costa del resto del país.

Hay que ser claros: con sus vehementes exigencias, su sectaria resistencia a la evaluación objetiva de los maestros y su uso de los alumnos como meros peones en su incesante juego por el poder, los señores de Fecode representan el principal obstáculo a la buena educación pública en Colombia.

Llegué a esta conclusión el año pasado al ver cómo Fecode y su satélite bogotano, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), flexionaron sus músculos políticos en el Concejo de Bogotá y en otros escenarios para sabotear el excelente modelo de colegios en concesión, los cuales operan desde 1999 y cuyos contratos originales se vencieron en diciembre del 2014. Pese a los sólidos resultados académicos de los 25 colegios distritales operados por instituciones independientes, y pese a los deseos de los padres y de los alumnos de continuar con las concesiones, la ADE movilizó a toda su maquinaria de presión para que el Distrito le brindara un coup de grâce a este modelo alternativo de educación pública.

La ADE mantiene que los colegios en concesión sólo existen para enriquecer al sector privado y para explotar a sus maestros, quienes en muchos casos deben trabajar ocho horas diarias. Estos argumentos dejan en evidencia la filosofía de los líderes sindicales del sector educativo: les importa un ápice la calidad de la educación que reciben los alumnos del Distrito, donde siete de los primeros diez colegios públicos son en concesión. También habitan un universo paralelo donde trabajar más de cuatro o seis horas al día de manera voluntaria significa ser vilmente despojado por opulentos industriales con sacoleva y habano en boca.

Las exigencias actuales de Fecode revelan a la vez una cósmica lejanía de la realidad. Al discutir el asunto de los salarios, por ejemplo, escasamente se menciona que, como demuestra el economista Alejandro Ome de la Universidad de Chicago, los docentes públicos colombianos obtienen en promedio “salarios más altos que los otros trabajadores” del país, mientras que “las diferencias salariales entre docentes y otros trabajadores se han profundizado” desde 1995.

Aunque es verdad que los docentes colombianos ganan menos que otros trabajadores del sector público, los mismos aliados de Fecode en el Concejo de Bogotá y en el Senado de la República deberían ser los primeros en mostrar que su solidaridad va más allá de las meras palabras al reducir sus propios salarios astronómicos.

Vale la pena resaltar que, anualmente, un congresista colombiano gana 31 millones de pesos (ca. 13.000 dólares) más que un parlamentario británico pese al hecho de que el PIB per cápita del Reino Unido supera al colombiano por más de 24.000 dólares. Así que no es que los maestros ganen muy poco, sino que los burócratas colombianos reciben salarios que no se merecen.

Lo último no quiere decir que el Estado colombiano no deba remunerar mejor --o mucho mejor-- a los buenos maestros, pero resulta difícil identificarlos sin pruebas exigentes que midan su competencia general y, en especial, su “valor agregado” con base en el progreso de cada alumno en pruebas estandarizadas. Tratar de convencer a Fecode de que acepte evaluaciones de este tipo, sin embargo, es tan fructífero como predicarle a Atila el Huno las virtudes del pacifismo.

También está la exigencia de Fecode de que el gobierno le asigne más del 7% del PIB a la educación pública tal como prometió el año pasado el Presidente Santos en medio de su afán reeleccionista. Este brote de populismo fue un gravísimo error basado en la falsa suposición de que, mágicamente, el solo hecho de incrementar el gasto estatal en educación producirá un mejor servicio para los alumnos y sus padres.

La evidencia, de hecho, demuestra que este no es necesariamente el caso.

Argentina, por ejemplo, invierte por lo menos el 6% de su PIB en la educación pública según cifras oficiales --por lo menos un punto porcentual más que Colombia-- pero sus resultados en la prueba PISA 2012 fueron muy similares a los nuestros: entre 65 países, Argentina ocupó el puesto número 59 y Colombia el 62.

Mientras tanto Singapur, país que invierte únicamente el 3% de su PIB en la educación pública, obtuvo el segundo lugar en PISA 2012. Corea del Sur y Suiza no invierten mucho más que el 5% del PIB en la educación pública y ocuparon el quinto y el noveno lugar respectivamente en el escalafón.

Pero no hay que ir al exterior para encontrar un buen ejemplo de cómo se puede brindar una mejor educación pública con menos burocracia y sin incrementar drásticamente el gasto.

En Bogotá, educar a un alumno en un colegio en concesión cuesta 1,5 millones de pesos (ca. 625 dólares) menos que en el Distrito cada año. En el 2013, el 88% de colegios en concesión obtuvo un puntaje de alto o superior en la prueba estandarizada Saber 11, mientras que más del 50% de los colegios administrados por el Distrito en los mismos barrios (UPZ) se situaron en un nivel medio o bajo.

Hay que mencionar que, en este momento, los colegios en concesión, los cuales contratan a su personal de manera independiente, no están en paro.

Sin duda alguna, los esfuerzos de Fecode por recolectar un millón de firmas exigiendo la renuncia de la Ministra de Educación son una manifestación más de su poderío político en un año electoral. Como reporta el diario El Tiempo, Fecode, “además de (ser) un potente sindicato” con 150.000 miembros y 2.500 millones de pesos (más de un millón de dólares) en ingresos mensuales, “también es un fortín político” dominado por los caimacanes de la izquierda colombiana.

La única respuesta sensata a las amenazas del sindicato es quitarle gradualmente su monopolio sobre la educación pública. Esto se lograría al incrementar la competencia por medio de más concesiones como las que operan la Alianza Educativa y el Gimnasio Moderno en Bogotá. También debe implementarse un ambicioso programa de vouchers o bonos escolares, los cuales le permiten al padre escoger el colegio privado de su preferencia.

Esta política no sólo tiene sentido económico, sino que también refleja la voluntad de muchísimos de los padres más necesitados que, en busca de las mejores oportunidades posibles para sus hijos, no confían en Fecode.

El efecto civilizador del Capitalismo

Publicado por Osmel Brito

El Capitalismo ha sido el único sistema de la historia
en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante saqueo,
sino mediante producción,no por la fuerza, sino mediante el comercio,
el único sistema que ha defendido el derecho de los hombres
a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a sí mismos.

Ayn Rand

En un artículo publicado en este mismo blog, Nicolás Cachanosky describía las confusiones que existen en torno al término capitalismo. Un término acuñado por Marx para describir el proceso de cambio producto de la revolución industrial a fines del siglo XIX.  Ayn Rand lo llamaba (y da título a uno de sus libros) el ideal desconocido, y por sobre todo hacía referencia al capitalismo puro, de laissez faire. En mi caso, y tal como Nicolás, veo al capitalismo como la consecuencia económica de la aplicación general de los principios generales (éticos, legales y por supuesto económicos) del liberalismo.

Tal como indica Ayn Rand en la cita con la que abro el artículo, la mayor virtud del capitalismo es que fundamenta la creación de riqueza sobre el comercio, sobre el libre intercambio contractual de valores entre hombres libres. Antes de la aparición del capitalismo, la poca riqueza que se producía era por el saqueo y la expoliación. Los bienes de riqueza que se producían era para el disfrute de unos pocos mientras la mayoría de la población permanecía en niveles de subsistencia.

Los procesos sociales son de larguísimo plazo. Por lo que el reconocimiento de los derechos individuales y los principios de la sociedad abierta (y del capitalismo) no han sido entendidos ni captados de forma integral. Tanto Karl Popper como Friedrich Hayek señalaban que el reiterado surgimiento del socialismo es producto de los vestigios de la sociedad tribal que aún persisten en nuestra psiquis. A pesar de esto, la extensión, en mayor o menor medida, de los principios del capitalismo ha permitido el avance de la civilización.

El comercio, por siglos fue despreciado por doctrinas políticas y religiosas. Fue sólo a partir del reconocimiento de los derechos individuales, en donde se reconocía al individuo como un fin en si mismo dentro de una sociedad que, como medio, permitiría la coexistencia pacífica y voluntaria, que el comercio se reconoció, de manera lenta y progresiva, como una forma de intercambio civilizada.

En la trilogía de películas "El Padrino", se muestra el esfuerzo (casi siempre infructuoso) que hace Michael Corleone para hacer legítimo el negocio de su familia y sacarlos de la violencia. Todo acto violento, como el atentado que sufre Vito Corleone o la muerte de Sonny Corleone, ambos ocurridos en la primera parte de la trilogía, son justificados como acciones de negocios. Lo mismo ocurre en el negocio del narcotráfico, que por ser ilegal, los carteles realizan acciones violentas para poder captar clientes o retener mercados.

En la medida que el capitalismo de laissez faire se deja funcionar, los actores de cualquier sector económico deben modificar sus comportamientos y adaptarlos dentro del proceso de intercambios voluntarios, y por sobre todo, atender las necesidades de los otros. En el libre mercado son quienes mejor atienden las necesidades del público quienes se terminarán enriqueciendo. Y cualquier forma violenta de obtener ese resultado (vía engaño, fraude o malas condiciones) será penalizada. Para poder captar clientes o retener mercados tienen que recurrir a medios civilizados, a persuadir a los consumidores de las bondades de sus productos y servicios para que estos los adquieran.

Algo distinto sucede cuando el mercado no es libre o no hay respeto a los contratos implícitos y explícitos en las transacciones entre actores.  Cuando el gobierno interviene la economía, decidiendo de antemano quienes ganan, hace que las relaciones entre agentes económicas sean violentas y no voluntarias.  Al establecer barreras al comercio y dejar cautivos los mercados internos para pocos empresarios, en su mayor caso ineficientes, se violenta el derecho de cada individuo a utilizar su propiedad y decidir a quien comprar (o no comprar).  Lo mismo sucede al ilegalizar cualquier forma de comercio o establecer precios, los mercados negros afloran, y en esos escenarios cualquier negociación se vuelve incivilizada.

En la medida que se permita el desarrollo libre de los individuos, se incentivará el desarrollo de relaciones voluntarias y civilizadas.  Y de ello depende el crecimiento económico y por ende mayores niveles de bienestar para las sociedades.  Pero para lograr esto se requiere una constante batalla cultural y de ideas que diseminen los principios de la sociedad libre.  A la larga, y cito a mi amigo Guillermo Rodríguez, la humanidad tendrá un futuro de libertad, o simplemente no tendrá futuro.

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