La Asamblea Constituyente ecuatoriana está debatiendo desde el mes pasado una reforma laboral que eliminaría uno de los escasos vestigios de flexibilidad en el mercado laboral: la intermediación laboral (tercerizadoras) y la contratación por horas. No debería sorprender que el solo hecho de hablar de eliminar esas modalidades puso nerviosos a los empresarios y muchos de ellos decidieron recortar su fuerza laboral deshaciéndose de los trabajadores "tercerizados".
Pero como a los asambleístas no les gustó ese resultado de su medicina, han decidido agregarle unas disposiciones a la reforma que serían aplicadas retroactivamente:
todos los empresarios que despidieron a trabajadores a partir del 1 de marzo de este año--bajo la expectativa de que la tercerización y la contratación por hora serían ilegalizadas--serían obligados a re-contratarlos como empleados en su nomina de pago (asumiendo todos los costos que este estatus implica). De no hacerlo, los empresarios serían multados con $4.000 por trabajador. Esto equivale a que su doctor le recete somníferos y luego le prohíba dormir.
Pareciera que en lugar de rectificar cuando algo sale mal, el gobierno socialista del siglo XXI que padecemos prefiere penalizar las consecuencias naturales de sus medidas.
Corre peligro la libertad en nuestro país cuando nos gobierna una Asamblea que cree que tiene el poder de aplicarnos legislación retroactiva. Todos tenemos derecho a saber cuáles son las consecuencias legales de nuestros actos cuando los cometemos, no después.