La Corte Suprema de EE.UU. se ha comprometido a revisar el caso de Arizona versus EE.UU. sobre la SB 1070, la ley de Arizona de la cual (solo) cuatro secciones han sido bloqueadas por tribunales inferiores: (1) requerir que los policías revisen el estatus migratorio de cualquier persona que legalmente haya sido detenida y de quien además tengan una sospecha razonable para creer que se encuentra ilegalmente en el país; (2) convertir en un crimen estatal el violar las leyes federales de registro de extranjeros; (3) considerar un crimen estatal que los inmigrantes ilegales apliquen a puestos de trabajo, soliciten trabajo en espacios públicos o trabajen como contratistas independientes; y (4) permitir arrestos sin la necesidad de una orden judicial cuando la policía tenga una causa probable para creer que un sospechoso ha cometido un delito que lo haga sujeto de deportación. Para mis análisis anteriores de la SB 1070 y los desafíos legales de la misma, ver aquí, aquí, aquí, y aquí (en inglés).
Al tomar este caso, la Corte Suprema sabiamente está cortando de raíz la proliferación de leyes estatales destinadas a abordar nuestro malogrado sistema de inmigración. De una forma u otra, los estados sabrán cuán lejos pueden llegar al legislar sobre temas relacionados con los inmigrantes ilegales, ya sea por preocupación con la delincuencia, o por las oportunidades de empleo (proveerlos o restringirlos), o por los requisitos de registro, o incluso por las llamadas “ciudades santuario”.
Por supuesto que los estados no se estarían metiendo en este lío si el gobierno federal —funcionarios electos de ambos partidos— no hubiese renunciado a la responsabilidad de arreglar un sistema que no satisface los intereses de nadie: ni de las grandes o pequeñas empresas, ni de los ricos o pobres, ni de los más o menos educados, ni de la economía o la seguridad nacional, y definitivamente ni del contribuyente. Por su parte, la ley de Arizona y leyes similares en Alabama, Georgia, y en otros lugares son (con pequeñas excepciones) constitucionales —las leyes estatales no son más que un reflejo de la ley federal, no entran en conflicto con ella ni infringen la autoridad federal en el tema de la inmigración —pero sí constituyen una mala política pública (para más información sobre estas dos conclusiones, leer mi ensayo en inglés en SCOTUSblog del verano pasado).
Lo que este país necesita es una reforma integral que evite las inútiles medidas a medias a las que recurren los estados solo porque el Congreso se ha negado descaradamente a actuar. Es poco frecuente que el Cato Institute le pida al gobierno federal que haga algo, pero el sistema de inmigración es posiblemente la parte más nefasta del gobierno federal —lo cual es de por sí una declaración significativa viniendo de alguien de Cato—además de ser increíblemente contraproducente para la libertad y la prosperidad de EE.UU.
La Corte Suprema tratará el caso de Arizona versus EE.UU. en la primavera. Para más información sobre el desarrollo de la reforma migratoria, ver esta nota (en inglés) en el Wall Street Journal y mi blogpost (en inglés) que habla del plan del estado de Utah sobre el cual el gobierno federal también ha interpuesto una demanda para detenerlo.