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La receta legislativa exacta para destruir el empleo

Publicado por Yamila Feccia

*artículo escrito en colaboración con Garret Edwards.

El mercado laboral argentino parece no tener respiro alguno ante tanto manoseo político. El pasado 27 de abril, por un lado, la oposición argentina dio media sanción en el Senado a un proyecto de ley que prohíbe los despidos y suspensiones sin justa causa por 180 días y, a su vez, establece un sistema de doble indemnización, declarando emergencia ocupacional por el mismo período. Por el otro, quizá más encaminado a una solución razonable, el actual Presidente Mauricio Macri presentó el programa “Primer Empleo” para promover la ocupación en jóvenes de 18 a 25 años. Sin embargo, en la mayoría de las propuestas gubernamentales el común denominador es la fuerte presencia del Estado como árbitro económico. Ahora bien, cabe preguntarse si un país con mayores regulaciones laborales es condición necesaria y suficiente para garantizar el éxito del mercado laboral, entendido éste como la creación de empleo genuino, calificado y de largo plazo.

Mientras se discuten las cifras de destrucción del empleo, éste sigue sin crearse, aunque desde el gobierno aseguran que no es tal la devastación masiva. Si bien el macrismo, en un intento de achicar la elefantiasis burocrática (heredada del kirchnerismo) desvinculó a miles de personas de la Administración Pública, las medidas llevadas a cabo dan la impresión de estar cada vez más lejos de aquellas recomendaciones que el mercado sugiere. No obstante, un relevamiento de la consultora Manpower concluyó que no habrá creación de puestos de trabajo hasta junio y que ya suman 107.000 los despidos denunciados por sindicatos en lo que va del año.

Está claro que la herencia dejada por la anterior Administración no tiene precedentes, y que las medidas aplicadas por el nuevo gobierno no estarían acertando en incentivación de la producción y la flexibilización del mercado laboral. Por el contrario, el foco, hoy por hoy, está puesto en seguir asfixiando al empresariado con mayores trabas, rigideces y presiones impositivas, cuando la clave está en promover la inversión a través de incrementos en la productividad.

Es probable que el Presidente Mauricio Macri se vea obligado a vetar la que ha dado en conocerse, equivocadamente, como ley antidespidos, cuyos efectos macroeconómicos podrían estar lejos de ser positivos. Aunque, de aprobarse, obturará con un candado las chances de generar nuevos puestos laborales genuinos, dificultando el acceso al trabajo para aquellos que deseen insertarse o reinsertarse al mercado.

Así lo sostiene Alberto Benegas Lynch (h): “No son pocos los argentinos que han comprendido, después de larga y amarga experiencia, que el sistema laboral ‘populista’ no brinda protección sino desempleo, que no brinda ’beneficios laborales’ sino costos y que cierra las puertas a las oportunidades de progreso personal”.

Además del impacto nocivo que esta nueva legislación podría tener sobre el mercado laboral, no puede soslayarse el hecho de que las inversiones proyectadas, algunas anunciadas y otras por anunciarse, se encuentran, lógicamente, paralizadas ante la inseguridad jurídica que el ordenamiento jurídico actual y futuro provee. Casi como una aplicación práctica de una modificada máxima sarmantiniana: las inversiones son amigas de las instituciones, y rehúyen del desorden.

De los creadores del cepo cambiario nos llega, entonces, su secuela: el cepo laboral. Siguiendo la tesis de Bernard Mandeville sobre los efectos inesperados, una ley puede tener fines loables, como la supuesta protección de los trabajadores (recalcando lo de supuesta), buenas intenciones, aunque se esté profundamente equivocado en los métodos, y no tener en cuenta que no pueden mensurarse todos los desenlaces y consecuencias de su puesta en marcha. Por si ello no fuera suficiente, las leyes no nos pueden resolver la vida mágicamente, ya que ello sería creer en arcanos, en cuestiones de rigor místico. De funcionar las leyes de esa forma, se habría aprobado hace varios años una ley anti-inflación, y tendríamos una economía como corresponde.

Pretender burlarse del mercado de esta manera resulta bastante torpe. El único desenlace de una norma como la referida es crear una barrera adicional para la integración de las personas socialmente más vulnerables, desde que nadie estaría dispuesto a contratar personal si se dobla el costo de despido o si resulta inviable la desvinculación. De la misma forma, funcionaría como incentivo para el crecimiento del mercado informal y del trabajo clandestino y/o deficientemente registrado. En definitiva, estas medidas solo aumentan los costos para aquellos que se encuentran fuera del mercado, disminuyendo la demanda de trabajo y favoreciendo la sustitución de trabajo por capital. Por ende, si el objetivo es atraer inversiones para la reactivación económica y salir del pozo en que el populismo hundió al país durante doce años, será fundamental dejar de cavar.

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