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Beneficios a granel

Publicado por Andres Mejia-Vergnaud

Mucha popularidad ha adquirido la idea de que el Estado, a través de la justicia o los fallos judiciales, debe asignar beneficios económicos a grupos específicos. Cuando se hace por ley, ni siquiera se tiene el pudor de que tal beneficio sea parte de la ley del presupuesto anual del país, cosa que de por sí ya sería cuestionable. Y es más: en ocasiones, los legisladores o los jueces decretan que esos beneficios están a cargo de personas u organizaciones privadas. Es el caso de un proyecto que presentó ante el Congreso de Colombia un Senador y que ordena que haya un salario mínimo para profesionales, igual a tres veces el salario mínimo legal

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En algunos casos, esto no es más que pura y simple política. Pero en otros, especialmente cuando ocurre en las cortes, esto hace parte de cierta visión de la justicia que se ha hecho peligrosamente popular, y que consiste en ver a la justicia como un arreglo establecido y "demostrado" en libros de texto (mejor todavía si son los de Rawls), el cual simplemente hay que hacer cumplir mediante fallos judiciales. Y no me refiero a fallos en los que se establezca responsabilidad por contratos o por daños, casos en los cuales es perfectamente normal que se decreten beneficios económicos.

En el caso que me alarma, el beneficio se decreta simplemente porque se considera justo de acuerdo con un concepto de justicia política. ¿Y cómo se financia? Dentro de esta visión, no importa, pues tal beneficio es visto como un derecho constitucional, cuya vigencia no debería depender de restricciones fiscales. Hermosa teoría. Sobre sus efectos fiscales, mi amigo el profesor Juan Carlos Echevery, de la Universidad de los Andes, trata de alertar de manera elocuente, cuando pregunta a sus alumnos: "¿contra quién giran las Cortes? Contra esta cartera (señala la suya propia) y la de cada uno de ustedes".

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