La tiranía de la popularidad

Jaime de Althaus dice que el presidente Vizcarra se ha inclinado por decretos de urgencia populares, pero que van en sentido contrario a las reformas.

Por Jaime de Althaus Guarderas

¿Cuáles son los planes y proyectos que el gobierno quería llevar adelante y que el Congreso disuelto estaba obstaculizando? Es un misterio. Por el contrario, la disolución ha obstaculizado avances importantes. El Congreso despedido tenía en su agenda aprobar las leyes de reforma política pendientes, que son claves para darle gobernabilidad al próximo gobierno y los siguientes. Ahora debemos esperar hasta el próximo Congreso, que tendrá menos de un mes para hacerlo, algo imposible si no se modifica la ley que impide cambiar las normas electorales un año antes de la elección.

Tampoco hubo anuncio ni balance alguno acerca de los avances y dificultades de la importante reforma del sistema judicial, otro supuesto gran objetivo del gobierno.

Ahora el problema principal es la economía: está parada y perdiendo empleos. El Congreso disuelto estaba proponiendo una agenda al 2021 tomando propuestas del Plan Nacional de Competitividad e incluso reformas laborales y de pensiones propias, algo indispensable para formalizar y recuperar tasas de crecimiento altas. Pero el presidente, en lugar de aprovechar su enorme capital político para dictar esas reformas y levantar la productividad de la economía, se inclinó, salvo excepciones, por decretos de urgencia (DU) de tono popular pero que van –algunos– en el sentido contrario de las reformas.

Así, anunció un DU para institucionalizar incrementos periódicos del salario mínimo, y también un facilista aumento inmediato sin base en una mejora de la productividad y sabiendo que el salario promedio de las mayorías informales está por debajo del salario mínimo actual, agravando entonces su exclusión y perjudicando la capacidad de crecimiento de las micro y pequeñas empresas. No importa, con tal de recibir puntos en las encuestas.

El DU de medicamentos genéricos es igualmente popular pero afectará también a las pequeñas boticas porque las grandes cadenas ya cumplen con lo exigido, cuando el problema real está en la corrupción y desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos del Estado que atienden al 90% de los peruanos. Para intentar resolver ese problema, el DU establece un sistema de compras y distribución centralizado. Ojalá.

El DU para controlar fusiones de grandes empresas también busca aplausos. Así como la incorporación de 4 millones de peruanos no cubiertos a un Sistema Integral de Salud (SIS) desfinanciado sin que antes haya sido reformado para que pueda atender mejor a más gente y con menos recursos. ¿Cómo? Pues pagando a los establecimientos no por número de atenciones –multiplicando el gasto y la corrupción–, sino por resultados –que los pacientes resuelvan sus problemas y se lleven los medicamentos gratis–. Pero eso no se plantea.

Y en lugar de explicar que Tía María es importante para el país, la región y la provincia, que el Estado garantiza que no habrá impacto ambiental negativo, y anunciar un plan integral para Islay, el primer ministro se puso del lado de las minorías radicales al exigir un consenso social imposible y lanzar a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a que, sin atribuciones legales para ello, le encuentre problemas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Positivos son los DU para reanudar obras paralizadas, transformar digitalmente el Estado, homologar aportes a Essalud y nombrar una alta comisionada en el corredor minero. El Congreso no se hubiera opuesto.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 1 de noviembre de 2019.