Vacunación privada

Iván Alonso considera que si bien se debería permitir que los laboratorios y clínicas privadas pongan vacunas contra el COVID-19, no debería permitir que lo hagan de manera gratuita dado que se desperdiciaría la oportunidad de introducir un deseable mecanismo de mercado.

Por Iván Alonso

¿Debería permitirse que los laboratorios y las clínicas privadas pongan vacunas contra el COVID-19? Nuestra respuesta es sí. ¿Debería permitírselo con la condición de que la vacuna sea gratuita? Nuestra respuesta es no. La principal ventaja de la vacunación privada es introducir un mecanismo de mercado en lo que, de otra manera, sería un proceso puramente político (dicho esto sin ninguna connotación peyorativa).

En el proceso político las vacunas se aplican siguiendo un orden de prioridad basado en la exposición al riesgo: primero los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales, la policía; después los maestros, los mayores de 60 años con enfermedades crónicas etc. No tenemos ninguna duda de que así debe ser si queremos lograr una vacunación masiva y gratuita. Confiamos en que los epidemiólogos sabrán definir los niveles de exposición para distintos grupos de la población, con la idea de reducir el número de muertes y cortar la cadena de contagios lo más rápidamente posible.

Los niveles de exposición definidos por los epidemiólogos son, sin embargo, en el mejor de los casos, promedios estimados en base a su experiencia y su juicio profesional. No son universalmente aplicables a todos y cada uno de los miembros de un determinado grupo. Algunas personas tienen eso que llaman los economistas “información privada”; esto es, información sobre su condición particular que los diferencia de los demás miembros del grupo en el que han sido clasificadas. Esas personas pueden necesitar un mecanismo que les permita adelantarse al orden de prioridad asignado.

Hay dos mecanismos posibles. Uno es solicitar un permiso a las autoridades para vacunarse anticipadamente, el cual, siendo realistas, no llegaría oportunamente (pero es una opción). El otro es ir a un laboratorio o una clínica privada y vacunarse a su propia costa. 

Para que el mecanismo de mercado sea efectivo, no debe ser gratuito. La disposición a saltarse el orden de prioridad establecido debe ir de la mano con la disposición a pagar. Put your money where your mouth is, como se dice en la Rubia Albión. La disposición a pagar es, en todos los mercados, una señal de la intensidad de las preferencias, de la urgencia por vacunarse, en este caso; y nos exime de averiguar si realmente hay una condición médica, familiar o laboral que la justifique o es pura impaciencia por viajar y socializar.

Si el estado garantiza que todos podamos vacunarnos gratuitamente, con tan solo esperar nuestro turno, es absolutamente lógico y justo que el que no quiera esperar su turno renuncie a la gratuidad. No estamos de acuerdo, por eso, con la idea de “vacunas por impuestos” porque es una manera de zafarse del plan nacional de vacunación sin soltar el financiamiento estatal. Tampoco estamos de acuerdo con la propuesta de la Confiep de permitirles a las empresas comprar vacunas para sus trabajadores, salvo que –repetimos, salvo que– se les permita comprarlas también a los laboratorios y clínicas para vacunar al público en general, no solamente a los trabajadores de determinadas empresas.

No debería preocuparle al gobierno que la vacunación privada desbarate el plan nacional de vacunación. Si tuviéramos que adivinar cuánta gente estaría dispuesta a pagar por la vacuna, diríamos que un porcentaje similar al de la gente que tiene seguro privado de salud; o sea, 5%. Ciertamente, 5% de los 600 millones de dólares que puede costarle al estado la campaña de vacunación masiva no es un ahorro despreciable.