UFW contra Noem: La Patrulla Fronteriza actuó de manera inconstitucional al perseguir a los residentes del condado de Kern por motivos étnicos
Mike Fox y Matthew Cavendon afirman que la agenda de deportaciones masivas de la administración ha enfrentado a las comunidades de inmigrantes y a la policía local, comprometiendo la seguridad pública en el proceso.
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Por Mike Fox y Matthew Cavendon
El 7 de enero de 2025, el condado de Kern, California, de fuerte tradición agrícola, se sumió en el caos cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza, en contra de la Constitución, detuvieron a personas por su origen étnico en el marco de la "Operación Devolución al Remitente". Aunque el condado de Kern se encuentra a más de 320 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y los agentes no deben realizar controles ni detenciones de inmigración en el interior del país basándose en la raza o el origen étnico, los residentes han sido detenidos de forma discriminatoria por su aparente origen étnico, y luego han sido objeto de daños materiales e incluso agresiones físicas.
La orden de lanzar una campaña de represión en el condado de Kern provino del agente jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector El Centro, Gregory Bovino, en vísperas del segundo mandato del presidente Trump. El agente jefe Bovino ordenó a los agentes que se centraran en personas basándose en factores inconstitucionales. Aunque los altos mandos no fueron informados con antelación de esta operación, la administración Trump ha respaldado desde entonces las tácticas de mano dura del agente jefe Bovino, llegando incluso a nombrarlo "comandante general" y autorizándole a llevar a cabo operaciones igualmente agresivas y extracontitucionales en todo el país.
Estas operaciones han devastado la confianza del público en las fuerzas del orden. La agenda de deportaciones masivas de la administración ha enfrentado a las comunidades de inmigrantes y a la policía local, comprometiendo la seguridad pública en el proceso. La consiguiente distorsión de las prioridades de las fuerzas del orden también ha sido profunda: miles de funcionarios estatales y federales han sido retirados de operaciones contra el terrorismo, la explotación infantil y el tráfico de personas para perseguir infracciones menores de inmigración.
Si la Administración se sale con la suya, el maltrato de la Patrulla Fronteriza al condado de Kern aún no ha terminado. Sin embargo, la Unión de Campesinos de América (UFW) presentó una demanda colectiva para impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza realicen detenciones ilegales en el Distrito Este de California. La Corte de distrito concedió la solicitud de la UFW de una orden judicial preliminar, y el Gobierno ha apelado ahora ante el Noveno Circuito.
Cato, junto con Law Enforcement Action Partnership y Center for Policing Equity, ha presentado un amicus brief en apoyo de la UFW. En ausencia de la medida cautelar, los agentes federales planean reanudar las detenciones masivas de latinos sin sospecha razonable, arrestándolos sin orden judicial ni causa probable de riesgo de fuga, y coaccionándolos para su expulsión sumaria de los Estados Unidos. El Noveno Circuito debería confirmar la medida cautelar.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 31 de diciembre de 2025.