Las socialdemocracias nórdicas tumban la tasa Google

Juan Ramón Rallo explica que las socialdemocracias nórdicas han comprendido que para redistribuir la riqueza primero hay que permitir que esta se genere y que por estoconcentran su fiscalidad sobre el consumo y rentas salariales, más no sobre los beneficios empresariales o el 'stock' de riqueza.

Por Juan Ramón Rallo

Que Irlanda, el país con menor presión fiscal de toda la Unión Europea (26,3% de ingresos tributarios sobre el PIB), haya bloqueado la aprobación comunitaria de la famosa tasa Google encaja bien dentro del maniqueo relato ideologizado que algunos efectúan sobre el panorama fiscal europeo: el tigre celta es un paraíso fiscal al servicio de las multinacionales y, por tanto, es lógico que se postre ante las exigencias de Google, Apple, Amazon o Facebook. Ahora bien, que las tres 'ejemplares' socialdemocracias nórdicas, con tres de las presiones fiscales más elevadas del continente (Suecia, 49,3%; Dinamarca, 51,2%, y Finlandia, 54%), se hayan aliado con Irlanda para bloquear este rejonazo tributario contra las grandes tecnológicas estadounidenses habrá probablemente fundido algún prejuicioso fusible doctrinal.

Pero nadie debería sorprenderse en demasía. Los países nórdicos, por muy alejados que se encuentren de un ideal liberal de sociedad, han entendido un principio fundamental que debería grabarse con letras de fuego en el ideario de la socialdemocracia: “Si quieres redistribuir la riqueza, primero has de permitir que se cree”. De ahí que sus economías combinen un notable grado de flexibilidad regulatoria (Dinamarca ocupa la posición 14ª en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage; Suecia, la 19ª; Finlandia, la 20ª, y España, la 57ª) con una alta concentración de la fiscalidad sobre el consumo y sobre las rentas salariales, pero no sobre los beneficios empresariales o sobre el 'stock' de riqueza.

 
 

Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades aporta el 5% de toda la recaudación de Finlandia; el 5,9% de la de Dinamarca; el 6,4% de la Suecia, y el 6,9% de la de España. A su vez, los impuestos sobre el 'stock' de capital proporcionan el 1,4% de toda la recaudación de Suecia; el 1,6% de la de Finlandia; el 2,8% de la de Dinamarca, y el 3,2% de la de España. Claramente, pues, nuestras estructuras impositivas son distintas: no por casualidad, sino porque los países nórdicos no quieren cargar excesivamente las tintas sobre el ahorro y la inversión empresarial. Y la tasa Google era un impuesto particularmente injusto que desincentivaba con fuerza la inversión empresarial en digitalizar la economía europea.

Era injusto porque, como ya hemos explicado en otras ocasiones, Apple, Google, Facebook o Amazon ya están abonando tipos impositivos sobre sus ganancias globales que oscilan entre el 20% y el 30%. Tributan, por tanto, como cualquier otra empresa. En realidad, lo que la eurocracia bruselense no puede soportar no es que su carga fiscal sea baja sino que sea el fisco estadounidense, y no el comunitario, quien se quede el grueso de ella.

La razón es muy sencilla y fue recordada ayer por la ministra sueca de Finanzas cuando argumentó su oposición a la tasa Google: lo que hay que gravar es el beneficio allí donde este se produce, no la facturación en el lugar donde se vende el bien. Si Alemania exporta BMW a España, la automovilística teutona pagará impuestos por tales beneficios en Alemania, que es donde ha producido el coche, no en España por el mero hecho de que lo haya vendido aquí. Pues lo mismo con Apple, Google, Facebook o Amazon: el servicio generador de valor lo proporcionan desde EE.UU. y, por tanto, es en EE.UU. donde ya están pagando impuestos.

Pero, además, este impuesto habría impactado de lleno en la capacidad de digitalización del tejido empresarial europeo. Sí, formalmente el tributo solo gravaba las grandes tecnológicas estadounidenses con un impuesto del 3% sobre su actividad digital, pero no olvidemos que estas compañías se han convertido en plataformas de prestación de servicios digitales para consumidores finales y también para otras pequeñas y medianas empresas: Google Ads o Facebook Ads facilitan que las pymes europeas accedan a publicidad muy asequible y ya segmentada por perfil de usuario, permitiéndoles así competir con otras compañías de mayor tamaño que tradicionalmente eran las únicas que podían anunciarse, abonando tarifas mucho más caras, por televisión, radio o prensa. Y, a su vez, Amazon Marketplace permite que cualquier pequeño negocio europeo comercialice sus productos a todo el mundo usando el portal de Amazon (y con los servicios preventa y posventa que también proporciona la empresa de Jeff Bezos).

Es obvio que el impuesto del 3% sobre los ingresos digitales de Google, Amazon o Facebook no lo habría pagado en última instancia ninguna de estas empresas, sino los usuarios de sus servicios: es decir, las pymes europeas que dependen de ellas para digitalizarse eficientemente. Por consiguiente, la tasa Google habría frenado la digitalización del conjunto de las pymes europeas, colocándolas en una desventaja competitiva frente a las empresas del resto del mundo. De ahí que Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia hayan dicho rotundamente no a este tributo reaccionario: porque saben que es una amenaza a su prosperidad futura.

Pero, por desgracia, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ya ha manifestado su voluntad de imponerlo unilateralmente dentro de España aun cuando no exista consenso europeo. Justo en esto, parece que el socialismo patrio no tiene ningún interés en asemejarse a las socialdemocracias nórdicas: redistribuir clientelarmente la riqueza, sí; facilitar su generación, no.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Laissez Faire de El Economista (España) el 13 de marzo de 2019.