Sobre la pérdida de la investidura

Víctor Pavón considera que requerir que haya una sentencia judicial previa a la sanción política de la pérdida de la investidura, elimina un control político esencial en las democracias constitucionales.

Por Víctor Pavón

El inminente intento de reglamentar con previa sentencia judicial el artículo 201 de la Constitución Nacional por el cual los senadores y diputados pierden la investidura, en una prueba más de que el poder político desea mantenerse lejos del control ciudadano y muy cerca en la perpetuación de un modelo de corrupción e impunidad.

La pretendida reglamentación desnaturaliza el sentido de lo que es la pérdida de la investidura en las democracias constitucionales, puesto que la misma es un juicio político de orden disciplinario eminentemente político. Es llevado por los pares de un senador o diputado que ha perdido la confianza ciudadana por haber comprometido seriamente su cargo y persona en contra de las normativas y los valores que juró respetar.   

La pérdida de investidura, en consecuencia, consiste en despojar de sus facultades a cualquier miembro del Congreso en razón a lo que la ciudadanía expresa a los demás miembros de este cuerpo colegiado. Esta manifestación hecha por el pueblo y que llega a sus representantes en el Congreso por medio de la saludable tarea de la libertad de prensa, se utiliza para disponer de una sanción disciplinaria política que derivará en la pérdida de investidura.

Para que ella fructifique, en primer lugar, es necesario que el control político se construya de abajo para arriba, esto es, provenga de la gente común, del ciudadano de a pie que le recuerda cada tanto a sus representantes que si bien consiguieron sus cargos con votos, de ninguna manera están ahí para hacer lo que se les antoja según sus caprichos e intereses particulares, ostentando riquezas mal habidas y repartiendo canonjías.  

Cada guaraní en concepto de dinero que administran, como sus dietas, sus honorarios, combustibles y otros, provienen del pago de los impuestos que es lo mismo que decir, del trabajo y del esfuerzo diario del pueblo constituido como ciudadanía, y ya no como súbditos en las pasadas etapas monárquicas y que, como se nota cada tanto, son muchos los que pretenden hacer permanecer.   

En segundo lugar, la pérdida de la investidura como una cuestión política además de hacer posible el control ciudadano sobre sus representantes, permite que la llamada democracia representativa se fortalezca en credibilidad y en el aliento por la calidad moral de los políticos. En tercer lugar, la pérdida de la investidura no debe estar supeditada a la previa sentencia judicial porque abre el camino para la judicialización de la política, desvirtuando la autonomía propia del control popular sobre el Congreso, trasladándolo al Poder Judicial, órgano éste que actuará luego de la respectiva imputación.

Finalmente y en cuarto lugar, la pérdida de la investidura como una sanción política sin previa sentencia judicial, será un aliciente para la democracia y una ciudadanía comprometida cuando el sistema electoral sea abierto y uninominal, haciendo de aquellos que  ocupan un cargo, responsables directos ante sus votantes y no como sucede ahora, con el modelo de listas sábanas que esconde y protege la podredumbre de los malos, ignorantes, delincuentes y rapaces dirigentes que se dicen llamar representantes del pueblo.