Se presentó a una cita de rutina para solicitar la green card. Entonces, el ICE lo detuvo.

Douglas Sura Cruz llegó de El Salvador a Illinois hace más de 11 años. Se enamoró de una estadounidense, se casaron y juntos tienen dos hijos pequeños que también son ciudadanos de Estados Unidos. Su esposa presentó una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para que Cruz obtuviera la residencia permanente legal.

En diciembre de 2025, Cruz se presentó en la oficina de beneficios migratorios para una entrevista relacionada con la solicitud, con la esperanza de avanzar en el proceso de inmigración legal. Todo parecía estar en orden. Pero después de su entrevista, el USCIS no resolvió su solicitud. En cambio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se le acercaron y lo detuvieron.

Douglas no tiene antecedentes penales. Aun así, el ICE lo detuvo.

Cruz es víctima de una nueva y aterradoramente común práctica de la administración Trump de arrestar a los cónyuges, padres y otros familiares de ciudadanos estadounidenses mientras pasan por el proceso estándar de la tarjeta de residencia o "green card". El USCIS ha colaborado cada vez más con el ICE desde el año pasado, denunciando a los solicitantes que tienen antecedentes de infracciones migratorias pasadas, incluso en casos en los que podrían ser elegibles para obtener un estatus legal.

A Cruz lo llevaron al notorio centro de ICE en Broadview, contra el cual la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) había presentado una demanda meses antes de su llegada por "hacinamiento, condiciones insalubres, falta de atención médica y privación de alimentación adecuada". La demanda detalla que los detenidos comparten un solo baño en las celdas superpobladas, con "malas condiciones sanitarias, inodoros tapados y sangre, fluidos corporales e insectos en los lavabos y el piso". Aunque el tribunal de distrito finalmente ordenó que se mejoraran algunas condiciones, la ACLU acusó al gobierno de ocultar pruebas que demostraran si había cumplido con la orden.

Fuera de los muros del centro de detención, la esposa y los hijos de Cruz se enfrentaban a la indigencia económica, privados de su principal fuente de sustento. Normalmente, bajo cualquier otra administración, incluida la primera administración de Trump, los detenidos por ICE y la Patrulla Fronteriza pueden solicitar fianza si no son peligrosos, tienen vínculos suficientes con la comunidad y no se considera que existan riesgos de fuga. Pero Cruz se había topado con un segundo cambio de política devastador y sin precedentes desde el año pasado: la negativa de la administración a otorgar audiencias de fianza a las personas que ingresaron sin inspección.

Incluso los sospechosos de delitos graves tienen derecho a una audiencia de fianza antes del juicio. Esta política significaba que Cruz podría pasar meses tras las rejas antes de que se resolviera su caso. Presentó una petición de hábeas corpus ante un tribunal de distrito para obligar a la administración a concederle una audiencia de fianza. Su abogado escribió que su detención le impone una "privación y carga sustanciales que ponen en riesgo tanto a [él] como a su familia, al privarlos de su apoyo".

Gracias a esta política contraria a la fianza, casi 10.000 personas al mes están presentando peticiones de hábeas corpus, al igual que Douglas Cruz, en un intento por liberarse de las condiciones deplorables en que se encuentran bajo la custodia de ICE.

Afortunadamente, el abogado de Cruz logró convencer al juez de que la política de no fianza era ilegal e inconstitucional, y el juez ordenó a ICE que le concediera una audiencia de fianza. Después de casi dos semanas de detención, ICE cedió y le concedió una audiencia de fianza. Basándose en el gasto típico por detenido, es probable que su estancia en detención le haya costado al gobierno más de $2.500, por menos de dos semanas.

Cruz tuvo la suerte de recibir algún tipo de justicia legal. Pero fue uno de los afortunados. Estas situaciones son cada vez más comunes, ya que el USCIS deja en suspenso las solicitudes de los inmigrantes legales, sin procesarlas y, en cambio, esperando la oportunidad de arrestarlos. De hecho, muchos inmigrantes están perdiendo su estatus legal durante estas largas esperas, ya que su estatus temporal vence y no pueden renovarlo. A julio de 2026 había casi 1,6 millones de solicitudes de tarjeta de residencia pendientes, y los tiempos de espera para algunas categorías han aumentado a varios años.

El director del USCIS, Joseph Edlow, ha destacado la "excelente relación con ICE" de su agencia. Como resultado, el USCIS ha colaborado con el ICE para detener a cónyuges de militares estadounidenses, refugiados reasentados por el gobierno de Estados Unidos y víctimas de delitos que solicitan una visa para inmigrantes que colaboran con las investigaciones de las autoridades. El Congreso creó la visa U con el propósito de permitir que algunos inmigrantes con estatus temporal o sin estatus obtengan un estatus a cambio de cooperar con la policía, pero el ICE a menudo los detiene antes de que el USCIS revise sus solicitudes.

La estrategia infundada de arrestar y detener está dando resultado. Los inmigrantes se están rindiendo cada vez más. Un número creciente de solicitantes no se presenta a las audiencias y citas rutinarias de inmigración, supuestamente por temor a ser detenidos. En agosto de 2026, menos del 60% de las expulsiones de ICE contaban con una orden definitiva de expulsión —una disminución respecto al 85% registrado al inicio del año fiscal 2025. El resto eran personas que renunciaban a su derecho a presentar su caso ante un tribunal de inmigración. Con ese tipo de "éxito", puedes estar seguro de que el ICE buscará a muchas más personas como Cruz, sin importar el estado de su solicitud de inmigración, la ausencia de antecedentes penales o los vínculos comprobados con su comunidad estadounidense.

Este artículo fue publicado originalmente en MS Now (Estados Unidos) el 9 de septiembre de 2026.