¿Quién gestionará a los gestores?

Hemos dicho públicamente y repetiremos aquí que el proyecto de ley de la comisión multisectorial de reforma de pensiones, que preside la congresista Carmen Omonte, es muy malo. Vamos a retroceder 30 años, a una época en la que el sistema de pensiones era administrado por el estado. Los jubilados recibían sumas ridículas porque las pensiones que se pagaba dependían de la partida presupuestal asignada por el gobierno de turno, y el pago de pensiones nunca era –y, más allá de la retórica del momento, nunca será– una prioridad para los políticos. Ésa es la razón fundamental para tener un sistema privado de pensiones, financiado con los aportes de los afiliados a sus cuentas individuales de jubilación.

La propuesta del Congreso pretende unificar el sistema privado (las AFP) con lo que queda del sistema público (la ONP). En el nuevo sistema cada afiliado tendría una cuenta dividida en dos: una subcuenta que sería su fondo individual, adonde iría una parte aún no especificada de sus aportes, y otra subcuenta que sería una “participación” en un fondo colectivo, adonde iría el resto. Participación entre comillas porque lo que eventualmente reciba de este fondo, si acaso recibe algo, no dependerá del monto aportado, sino de los años de aporte, un esquema de redistribución de pobres a ricos, porque los primeros suelen ser los que aportan con menos frecuencia y los segundos, con carreras más largas y estables, son los que más fácilmente cumplen con el número mínimo de aportes.

La propuesta se presenta, por cierto, con un ropaje angelical. No se está proponiendo, supuestamente, expropiar ni estatizar los fondos acumulados en las AFP porque éstos pasarán al fondo de riesgo individual en el nuevo sistema, que será administrado por gestores privados elegidos mediante licitación pública internacional en función de la rentabilidad que ofrezcan, y habrá competencia entre ellos. Esto debería disipar el temor de que los fondos sean invertidos, como tantas veces en el pasado, priorizando los rendimientos políticos. “Nice try”, como se dice en inglés.

Tenemos que preguntarnos, como se preguntaría Juvenal, el poeta latino, ¿quién gestiona a los gestores? Para que haya una licitación, alguien tiene que convocar a los postores y redactar las bases. Ese alguien no será otro que la nueva Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP). ¿Qué dirán esas bases? En primer lugar, cómo se elegirá al ganador o los ganadores. Si los ganadores serán aquellos que garanticen la mayor rentabilidad –y habrá que ver qué clase de gestores se anima a garantizar algo así–, las bases tendrán que fijar parámetros de riesgo para evitar que timbeen con los fondos. El gran peligro es que el sistema se politice; que se les ponga límites para invertir en el exterior o en el sector privado y se los empuje a financiar proyectos de interés nacional que nadie más quiera financiar, como la refinería de Talara y la aerolínea de bandera. La experiencia enseña que el peligro es grande y real.

¿Qué hacemos, entonces, con el sistema de pensiones? Comencemos por archivar este malhadado proyecto. Despertemos luego del sueño dogmático de la reforma “integral” y dediquémonos a resolver problemas puntuales: cómo hacer para que contribuyan los independientes, digamos, o cómo garantizar una pensión mínima sin redistribuir de pobres a ricos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 5 de febrero de 2021.