Propuesta de reforma de pensiones
Gabriela Calderón de Burgos indica que las reformas propuestas por la Comisión para la Reforma al Sistema de Pensiones van, en gran medida, en la dirección correcta.
Por Gabriela Calderón de Burgos
La Comisión para la Reforma al Sistema de Pensiones ha hecho lo que los políticos no suelen hacer: reconocer la realidad, que en el caso de nuestro sistema de pensiones es grave. Adicionalmente, ha presentado algunas propuestas para encaminar el sistema en la dirección correcta.
Nuestro sistema de pensiones cubre apenas un 38% de la Población Económicamente Activa (PEA). Hay muchos trabajadores que pudiendo afiliarse deciden no hacerlo —como los trabajadores independientes formales, porque no valoran los servicios del IESS. Por otro lado, otros trabajadores quieren evitar los altos costos de formalizarse o sencillamente no lo pueden costear. Aumentar la cobertura requiere también de una reforma laboral.
La Comisión ha propuesto poner un límite al subsidio estatal de las pensiones. Consideramos que esto es lo mínimo para restaurar algo de justicia en la distribución de los escasos recursos fiscales. Actualmente, el Estado está obligado a cubrir un 40% de las pensiones, sin importar la capacidad de cubrir ese monto. El subsidio a las pensiones es el segundo más alto en el Presupuesto General del Estado (PGE) y no es justo que este privilegio se destine a la minoría de trabajadores pensionados, incluso amenazando la sostenibilidad fiscal del Estado ecuatoriano. Desde ya, el IESS no tiene recursos suficientes para cubrir las pensiones. En 2023 se proyectan gastos por $5.696 millones mientras que los aportes serán de tan solo $3.058 millones. Esto es, un déficit de $2.638 millones.
Si bien lo ideal sería eliminarlo totalmente, la Comisión propone limitar este subsidio con el umbral de 3% del PIB. Además, ha propuesto que este subsidio sea distribuido por igual entre todos los pensionados, beneficiando así en mayor proporción a quienes reciben pensiones inferiores.
La Comisión también propone incrementar los aportes mínimos para jubilarse, limitando la “viveza criolla”, como quienes con tan solo diez años de aportes luego pasan a cobrar, en algunos casos, hasta doble pensión: la del sistema ecuatoriano y la del país donde trabajaron por décadas. También propone aumentar el número de años para promediar el valor de la pensión. Actualmente se calcula en base a los cinco mejores años y proponen avanzar gradualmente hasta llegar a 25 o 30 años.
Finalmente, se abre un resquicio de libertad: el trabajador podrá elegir la entidad financiera que gestione la mitad de su aporte al Fondo de Reserva (4,33%). Además, podrá también elegir la entidad financiera que gestione el nuevo pilar de ahorro voluntario en cuentas individuales.
Por otro lado, la Comisión yerra al proponer la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes. Cuando el mercado laboral y el sistema previsional mejoren lo suficiente, el ahorro para la vejez será algo atractivo que muchos harán de manera independiente. De hecho, muchos de estos trabajadores ya lo hacen.
Según las proyecciones de la misma Comisión, así se llegaran a implementar estas reformas, el sistema continuará siendo deficitario, incluso si el Estado y los empleadores le paguen al IESS lo que le deben. Actualmente se necesitan los aportes de 8 afiliados para financiar la pensión de 1 jubilado y solamente hay 5. Por esta razón se requerirán otras reformas en el futuro.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 14 de julio de 2023.