Preguntas fiscales

Juan Carlos Hidalgo se pregunta por qué el gobierno se apresura a incrementar impuestos que claramente afectarán al bolsillo de los más pobres mientras que protege privilegios como el salario escolar de algunos funcionarios públicos.

Por Juan Carlos Hidalgo

Estamos en la hora de las definiciones sobre el paquete fiscal, por lo que me gustaría manifestar algunas inquietudes que tengo al respecto:

¿A qué se debe que el impuesto del 15% sobre la renta de las cooperativas que estaba contemplado en el proyecto original desapareció en el segundo texto sustitutivo? ¿Cuánta plata se dejará de recaudar por ese cambio? ¿Por qué el gobierno no se desgarra las vestiduras por esa exoneración como sí lo hace con la del IVA a la canasta básica y la salud y educación privada? ¿No deberían grandes corporaciones como la Dos Pinos, Coopemontecillos y Coopesa pagar impuestos como todas los demás?

La ministra de Hacienda advierte que, si la exoneración a la canasta básica se mantiene, en seis meses tendrá que cerrar programas sociales, puesto que perdió 0,22% del PIB en recaudación. ¿No sería más sensible eliminar el salario escolar –que se puede hacer mediante decreto ejecutivo– lo cual le ahorraría aproximadamente 0,5% del PIB? ¿Está primero la protección de ese privilegio que la continuidad de los programas antipobreza? Si la situación fiscal es tan abismal, ¿por qué descartan una medida que ni siquiera requiere de aprobación legislativa?

El cobro del IVA sobre la canasta básica sin lugar a duda golpeará el bolsillo de los más pobres. Con el fin de paliar el impacto, ¿por qué el gobierno no anuncia el desmantelamiento de las barreras proteccionistas que encarecen los productos básicos como el arroz, la leche, el pollo, el azúcar y –sí– el bendito aguacate? ¿No debería la administración Alvarado impulsar acciones de promoción de la competencia para compensar el aumento en el costo de vida que implica el IVA?

¿Por qué hablan tanto de la importancia de la trazabilidad que brinda el IVA, pero al mismo tiempo exoneran las compras de las universidades estatales? ¿Es justo que la gente que asiste a esos centros educativos –que mayormente proviene de los estratos más acomodados– no pague IVA por la de por sí paupérrima matrícula que se les cobra? ¿Cómo justifican aumentar el FEES en ¢15.000 millones cuando amenazan con cerrar programas sociales por falta de plata?

Finalmente, una para el presidente Alvarado: usted dice que hay que pagar más impuestos por amor a Costa Rica. ¿Por qué no renuncia a su futura pensión juvenil de expresidente como ejemplo de los sacrificios que hay que hacer por el país?

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 3 de septiembre de 2018.