Plan con octógono

Iván Alonso considera que en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del Perú prevalece una fe ciega en la planificación a todo nivel.

Por Iván Alonso

Como si hubiera estado pensando hasta la víspera en gobernar más allá del próximo 28 de julio, el presidente Martín Alberto Vizcarra hizo publicar, el mismo día de su fatídico anuncio, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Cualquiera diría que con el primero nos vamos para arriba: es alto en espuma.

Hay un afán por marcar todos los casilleros que le resta credibilidad. El objetivo es lograr “un crecimiento económico sostenible con un enfoque territorial” …además de interseccional –vaya uno a saber qué es eso–, intercultural, de derechos humanos, de género, intergeneracional y de discapacidad. ¿Serán todos estos enfoques compatibles entre sí?

Hay también una fe ciega en la planificación a todo nivel. Debajo del PNCP están los planes regionales de competitividad y productividad, alineados, por supuesto, con los planes regionales de desarrollo concertado y los planes regionales de exportación y con “ejes” transversales y sectoriales definidos sobre la base de un Indicador Compuesto de Competitividad Regional. Si fuera cuestión de tener políticas y estrategias nacionales, sistemas integrados, pro esto y pro lo otro, el Perú debería ser más avanzado que Suiza.

Pasemos a cosas concretas. En materia de infraestructura se propone gestionar los proyectos a través de Project Management Offices (PMO). Una buena idea, pero nada más. Las PMO no son la cura de todos los males. Una cosa son los Panamericanos, con plazos perentorios y estándares definidos por una organización autónoma, y otra el típico proyecto de infraestructura. El PNCP reconoce que no ha hecho un inventario de los principales escollos que enfrentaría una PMO (expropiaciones, licencias etc.). No sabemos, pues, qué atribuciones necesitaría para sortearlos.

No hay, en general, ninguna noción de los recursos que demandaría poner en práctica el PNCP. ¿Qué presupuesto habría que darles a los gobiernos locales para que hagan seguimiento a la campaña contra la anemia? En las diez líneas dedicadas a la atracción de talento a la carrera magisterial no hay una palabra sobre cómo fijar una escala de remuneraciones competitiva.

Sorprende con qué facilidad el PNCP detecta “fallas de mercado” que claman por la intervención estatal. Las entidades financieras –dice– tendrían pocos incentivos para hacer un adecuado análisis de riesgos de las pymes. ¿Por qué no lo harían, si pueden ganar plata cuando encuentran un buen sujeto de crédito? Lo mismo con las “asimetrías de información”. Las pymes supuestamente no conocen toda la gama de productos que ofrecen las entidades financieras. ¿Por qué deberíamos creer que estas no les informan?

Algunas soluciones no atacan el verdadero problema. La miríada de trámites para poner en marcha un proyecto minero o energético no requiere una ventanilla única, así sea digital, sino la eliminación de autorizaciones y permisos superfluos.

Si usted cree que esta columna está escrita con el hígado, se equivoca: está escrita con el corazón (y con pesar). Las cosas buenas del PNCP, como la emisión de directivas para que todas las entidades públicas les acepten facturas negociables a las pymes o la apertura del mercado de leasing a nuevos competidores, pudieron hacerse hace un año. Mucho tiempo se ha perdido diseñando un gran plan.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 2 de agosto de 2019.