Para lograr que la policía rinda cuentas, acaben con la inmunidad calificada

Clark Neily explica que la doctrina de inmunidad calificada que ha derivado en una política de casi cero rendición de cuentas por parte de los policías y otros actores del Estado no tiene fundamento en los textos legales ni en la historia.

Por Clark Neily

Si no ha visto el video del otrora oficial de la policía Derek Chauvin matando a George Floyd presionando su rodilla sobre la cervical de Floyd durante casi nueve minutos hasta que pierde la conciencia, realmente debería hacerlo. Y si no puede entender por qué grandes porciones del EE.UU. urbano han estado ardiendo durante las últimas noches, haga dos cosas más: (1) en lugar de George Floyd, a quien usted no conoce, imagínese a un ser querido siendo presionado debajo de la rodilla de Chauvin —agachado, esposado, sin poner resistencia, y rogando por piedad; y (2) escuche a los comentaristas conservadores analizar el ataque despiadado de Chauvin contra Floyd con toda la sangre fía de un árbitro desempeñando una revisión instantánea para ver si la rodilla del corredor estaba abajo cuando la pelota se aflojó. No debería sorprender que el país parezca que se está desmoronando por las costuras.

Al determinar la relación entre el Estado y los gobernados, una de las decisiones más importantes que una sociedad puede hacer es qué tantas cuentas les rinden quienes ostentan el poder oficial a quienes se les aplicaría ese mismo poder. El congreso tomó una decisión clave en este aspecto cuando aprobó la Ley de Cumplimiento de la Ley de 1871, que ahora conocemos como Sección 1983 en torno a su ubicación en el código de EE.UU. Puesto de manera sencilla, la Sección 1983 crea un estándar de rendición de cuentas estricto al estipular que los actores de los estados “serán responsables ante la parte perjudicada” por “la privación de cualquiera de sus derechos”. De manera que si un policía llega a su casa y echa un vistazo adentro de una de sus ventanas sin una orden judicial —una clara violación de su derecho en virtud de la Cuarta Enmienda en contra de las búsquedas arbitrarias— él debe responder ante usted por haber violado ese derecho. 

Pero muchos conservadores hacen algo extraño: en su preferencia por tener una política más indulgente que le da a la policía y otros funcionarios del Estado suficiente espacio para el ejercicio de su discreción, ellos abandonan su afirmado compromiso con el sentido literal y adoptan una “interpretación” de la Sección 1983 que está totalmente divorciada de su texto. El vehículo para esta marca conservadora que podríamos denominar “la interpretación reglamentaria viviente” es la doctrina de inmunidad calificada de la Corte Suprema de EE.UU., la cual enmienda judicialmente la Sección 1983 para que esta establezca que el estándar de rendición cuentas ya no será la privación de “cualquier derecho” —como el Congreso lo había estipulado de manera explícita— sino la privación de cualquier serie de derechos “claramente establecidos”.

Como se ha documentado en detalle considerable en el sitio Web de Cato Unlawful Shield, aquellas dos palabras —“claramente establecidos”— hacen una cantidad extraordinaria de trabajo para mantener los casos meritorios fuera de la Corte y asegurarse que los demandantes cuyos derechos han sido violados por parte de la policía u otro actor del Estado no reciban reparación alguna a menos que puedan encontrar un caso pre-existente en la jurisdicción con datos casi idénticos. Pero ese claramente no es el estatuto que escribió el Congreso, ni tampoco es el estándar de rendición de cuentas que escogió el Congreso. Además, como el Profesor Will Baude demuestra en su genial artículo, “¿Es ilegal la inmunidad calificada?”, no hay un fundamento textual o histórico creíble para la doctrina de inmunidad calificada; este es un descarado acto de elaboración de política pública por parte del poder judicial para favorecer al Estado —activismo, si lo quiere llamar así— y nada más que eso. 

Ahora volvamos al asesinato de George Floyd. Viendo ese video horroroso, uno no puede evitar darse cuenta de la mirada de complacencia total en la cara de Derek Chauvin conforme el presiona su rodilla sobre el cuello de Floyd. No hay una lucha de vida o muerte —de hecho, no hay ninguna lucha; tampoco hay alguna furia o pasión evidente— simplemente hay la banalidad de un hombre con una chapa, rodeado y respaldado por otros hombres con chapas, metódicamente dejando sin vida a otro ser humano.

Bien conocido es que los fiscales rara vez formulan cargos criminales en contra de los policías, y de hecho parece ser poco probable que a Chauvin le hubiesen formulado cargos si su ataque contra George Floyd no hubiese sido capturado en un video que se viralizó. Eso significa que la única avenida hacia la rendición de cuentas para muchas víctimas de la mala conducta por parte de los policías es una demanda de derecho civil que ellos mismos pueden iniciar sin la generosidad de algún fiscal o ciudadano en una junta de supervisión ciudadana. Pero la Corte Suprema en gran medida ha anulado ese remedio con un barniz confeccionado judicialmente que transforma la política elegida por el legislativo de una rendición de cuentas estricta en una de casi cero rendición de cuentas.

Las ciudades se están quemando, y muchas personas están ventilando su furia —una vez más—acerca de cuán despreocupada se ha vuelto la policía con el uso de la fuerza, incluyendo la fuerza letal, en contra de los mismos ciudadanos que juraron proteger. Esas personas tienen derecho de estar molestas, y probablemente estuviesen más molestas si entendieran que nunca se suponía que debería haber sido así —que el Congreso específicamente eligió un sistema con una sólida rendición de cuentas que fue repudiado y pervertido por la Corte Suprema. 

Este jueves descubriremos si la Corte aprovechará la oportunidad sin precedente que tiene ahora de reconsiderar la inmunidad calificada. Será particularmente interesante ver cuales auto-denominados conservadores —dentro y fuera de la Corte— colocan su declarado compromiso con la interpretación literal de los textos legales y la deferencia judicial por sobre cualquier preferencia personal que podrían tener acerca de continuar o no con el experimento de ya medio siglo con una casi inexistente rendición de cuentas por parte de las fuerzas policiales.

Este artículo fue publicado originalmente en The Bulwark (EE.UU.) el 31 de mayo de 2020.