Para alcanzar la estadidad, Puerto Rico debe mejorar sus prácticas financieras

Con la bancarrota en gran parte (pero no totalmente) en el retrovisor, los líderes de Puerto Rico vuelven a centrarse en el estatus de la isla. Muchos están a favor de la estadidad, pero para ello será necesario conseguir apoyos en Washington, DC. Para aumentar las posibilidades de que el Congreso, el presidente y los estados acepten admitir a Puerto Rico, el gobernador y la asamblea legislativa deberían considerar una serie de reformas fiscales favorables al mercado.

A los conservadores fiscales del continente puede preocuparles la admisión de un nuevo estado que no tenga buen crédito. La última vez que uno de los cincuenta estados dejó de pagar un bono fue hace noventa años. De hecho, no existe un proceso de quiebra estatal, y hay mucha oposición interna a crearlo, por lo que un futuro Estado de Puerto Rico debería estar totalmente fuera de los tribunales de quiebra y ser capaz de evitar futuras quiebras por sí mismo.

Puerto Rico necesitó un proceso de quiebra porque acumuló demasiada deuda. En cambio, los cincuenta estados tienen relativamente poca deuda en relación con su PIB. En general, los estados no piden prestado para cubrir gastos operativos, porque 49 de los 50 tienen requisitos constitucionales de equilibrio presupuestario.

Se suponía que la constitución territorial de Puerto Rico de 1952 también tenía un requisito de presupuesto equilibrado, pero se anuló debido a un error de traducción. Aunque la versión inglesa de la constitución limitaba los gastos del Estado Libre Asociado (ELA) a los "ingresos totales", se tradujo como "recorsos totales" en lugar de "ingresos totales". Esto dio lugar a un dictamen del Fiscal General de 1974 que autorizaba a Puerto Rico a "equilibrar" su presupuesto operativo con los ingresos de los bonos.

Tras la quiebra, Puerto Rico debería enmendar su constitución para dejar claro que los gastos no pueden exceder los ingresos por impuestos, cargos por servicios y fondos de subvenciones. Ninguna otra categoría de ingresos debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si el presupuesto del Estado Libre Asociado está equilibrado.

La legislatura también podría considerar otras reformas constitucionales para mejorar la sostenibilidad fiscal de Puerto Rico. Por ejemplo, la constitución de Carolina del Sur exige una reserva de fondos generales del siete por ciento, mientras que Colorado limita el crecimiento del gasto a la tasa de aumento de la población y la inflación de precios combinadas.

La reforma constitucional aumentará la posibilidad de que Puerto Rico pueda volver al mercado de bonos municipales, ya que los inversores potenciales verán medidas de responsabilidad fiscal incorporadas en el documento fundacional del Estado Libre Asociado. Puerto Rico necesita ser solvente porque es un requisito para la disolución de la Junta de Supervisión y la vuelta a la gobernanza normal.

Otra práctica financiera observada por el mercado de bonos es la puntualidad con la que los emisores presentan sus estados financieros auditados. En este aspecto, Puerto Rico necesita mejorar. Mientras que la mayoría de los estados presentaron sus auditorías de 2021 en un plazo de 250 días a partir del cierre del ejercicio fiscal, Puerto Rico tardó 712 días.

La auditoría de 2022 podría aparecer en enero, unos 570 días después del cierre del año fiscal. Esto supone una mejora, pero sigue siendo peor que la gran mayoría de los estados, y más largo de lo que normalmente exige el gobierno federal (nueve meses) y la práctica del mercado de bonos municipales (seis meses). El Departamento del Tesoro debe proseguir sus esfuerzos para acelerar la presentación de los informes financieros del ELA, garantizando al mismo tiempo que los auditores dispongan de la información necesaria para emitir un dictamen limpio.

Además, Puerto Rico necesita concluir plenamente el actual proceso de quiebra alcanzando un acuerdo con un grupo más amplio de acreedores de la PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico). Un reciente plan de ajuste ofrecía una recuperación media de 25 céntimos por dólar, con algunos acreedores recibiendo potencialmente tan sólo 12,5 céntimos. Aunque los partidarios de PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), como este autor, reconocieron que los prestamistas tendrían que aceptar un recorte, el plan actual equivale a una reventa.

Dado que los inversores institucionales en el mercado de bonos municipales estarán entre los que determinen si Puerto Rico vuelve a ser solvente y, por tanto, capaz de salir de la supervisión, no es en el interés a largo plazo del Estado Libre Asociado alienarlos. En su lugar, la legislatura debería encontrar más dinero para saldar cuentas con los acreedores de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico) recortando otros gastos o utilizando las reservas.

Por último, el ELA debería supervisar activamente el crédito de los municipios y las empresas estatales. Los impagos y las quiebras de estas entidades ensombrecerán el crédito público en toda la isla y deben evitarse mediante una identificación e intervención tempranas. Carolina del Norte, Ohio, Nueva York y Michigan ofrecen varios modelos de supervisión de los gobiernos locales. El esfuerzo de supervisión podría reducirse mediante la racionalización del sector público del Estado Libre Asociado a través de la consolidación de los municipios más pequeños y la privatización de más empresas estatales.

Desde la aprobación de PROMESA, el gobierno federal de Estados Unidos ha proporcionado una amplia ayuda para huracanes y fondos relacionados con la pandemia. Ahora depende de Puerto Rico mejorar sus prácticas financieras para demostrar que puede ser un miembro solvente de la unión, capaz de asumir las responsabilidades que normalmente se esperan de los estados de Estados Unidos.

Este artículo fue publicado originalmente en español en el periódico El Nuevo Día el 30 de diciembre de 2023.