Oportunidades perdidas

Manuel Hinds comenta la nueva modalidad de ayuda externa de EE.UU. para fomentar actividades en el Triángulo Norte, la cual pretende integrar a estos países a la economía globalizada del conocimiento.

Por Manuel Hinds

Esta semana la vicepresidente de EE.UU., Kamala Harris, anunció que se reunirá con 12 grandes empresas de varios países que están dispuestas a invertir masivamente en el Triángulo Norte en actividades que ayudarán a integrar a estos países a la economía globalizada del conocimiento. Esta noticia evidencia un cambio radical en la política de ayuda internacional de EE.UU. Innova muy positivamente en varios respectos.

Primero, llena una necesidad que los países mismos no han logrado satisfacerse a sí mismos: la planificación estratégica de largo plazo que es necesaria en medio de la gran transformación que el mundo está experimentando. Al mismo tiempo que tiene componentes para ayudar a mantener vivas a las economías en sus actividades tradicionales (como la compra de café en la región), contempla grandes inversiones en el desarrollo del capital humano que se necesita para la nueva economía del conocimiento del Siglo XXI. Muy importantemente, aun la ayuda orientada a las actividades tradicionales tendrá que llevar incorporado el entrenamiento necesario para entrar en el mercado del café de alto valor agregado.

Segundo, establece una nueva modalidad de ayuda, la del sistema privado al sistema privado, que sustituye a la tradicional ayuda de gobierno a gobierno. Esto crea y explota muchas ventajas, basadas todas en que la inversión privada está orientada primariamente a lograr resultados, mientras que la inversión pública muy frecuentemente se ve empantanada en grandes burocracias, cuyo propósito es no lograr resultados para que los puestos burocráticos no desaparezcan. También las empresas del sector privado saben de las oportunidades que existen en el mundo entero para cada actividad y pueden invertir en ellas directamente sin tener que gastar mucho tiempo en averiguar qué es lo que sector privado demanda en cada una de esas actividades. Microsoft, por ejemplo, una de las empresas incluidas, sabe perfectamente cuántos programadores se necesitan en el mundo, y de qué tipo y en qué lugares, y sabe a cuántos puede ella misma ofrecerle trabajos. Es un diferente nivel de conocimiento que el que cualquier ministerio de educación, aun si muy bien intencionado, puede tener.

Tercero, en el programa EE.UU. usa su capacidad de convocatoria para influenciar a empresas internacionales muy fuertes que dudarían mucho en invertir en una región tan violenta y llena de arbitrariedades políticas, y especialmente en El Salvador, en donde la arbitrariedad es extrema. Cuarto, usa el programa para tomar ventaja de la integración regional que ya ha comenzado a tener lugar, para promoverla aún más y lograr crear nuevas zonas espontáneas de integración económica con, por ejemplo, Colombia, que está incluida en el programa a través de su sector privado. Es decir, al mismo tiempo que fortalece la inmersión del Triángulo Norte en la economía globalizada, el programa busca reducir la dependencia de estas economías de la de EE.UU.

Este programa podría ayudar muchísimo a El Salvador, pero, tarde o temprano, chocará con las violaciones a la Constitución y a los principios democráticos perpetrados, y en proceso de perpetrarse, por nuestro gobierno, no sólo porque con estas violaciones entra en conflicto con las políticas anunciadas por el gobierno de EE.UU. sino también porque la inversión sana, moderna que queremos es enemiga de las arbitrariedades.

Trágicamente, el mantenimiento de la arbitrariedad del gobierno nos llevará a perder no sólo esa oportunidad sino mucho de la inversión existente. Los gobiernos que no se rigen por el imperio de la ley, como Nicaragua y Venezuela, terminan destruyendo a las empresas que invierten bajo su férula, incluyendo a aquellas que creían que se llevaban bien con el dictador, y de éstas y otras experiencias los inversionistas aprenden. Y aprenden no solo los potenciales inversionistas sino también los existentes, que dejan de invertir también.

La pérdida de la libertad y de la dignidad de los derechos individuales que acompaña a la destrucción del orden constitucional son los peores costos que puede pagar una sociedad por tener un régimen caudillista. Pero, como este caso comprueba, estas pérdidas también coinciden con enormes pérdidas económicas y grave desempleo producidos por la falta de inversión en un medio autoritario. Así, de la peor manera, sufriendo un aumento de la pobreza, el pueblo salvadoreño irá aprendiendo el costo de votar por un gobierno autoritario, caudillista, que ya se sabía que iba a destruir las instituciones, y que ya las está destruyendo.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 28 de mayo de 2021.