Los demócratas ganaron la discusión sobre los aranceles; ahora viene la parte difícil, pero necesaria

A partir de enero, los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso. Los márgenes definitivos no se conocerán hasta que se confirmen los resultados de las contiendas restantes en la Cámara de Representantes y el Senado, pero los demócratas obtuvieron una victoria abrumadora. Varios temas influyeron en los votantes, pero el comercio y los aranceles fueron un factor determinante. En la encuesta a la salida de las urnas de NBC News, en la que se entrevistó a casi 80.000 votantes, el 65 por ciento afirmó que las políticas arancelarias del presidente Trump perjudicaban a la economía nacional, mientras que solo el 22 por ciento creía que la beneficiaban.

Las señales de alerta estaban presentes mucho antes del día de las elecciones. Una encuesta realizada en agosto por el Instituto Cato y Morning Consult a más de 4.100 votantes registrados reveló que el 75 por ciento afirmó que los aranceles influirían en su voto para las elecciones de medio período, y esos votantes preferían a los candidatos demócratas al Congreso por 19 puntos porcentuales, 55 por ciento contra 36 por ciento. Por otra parte, el 74 por ciento señaló que los aranceles del presidente habían elevado los precios en la caja, incluyendo a dos tercios de los republicanos. Las campañas demócratas para la Cámara de Representantes gastaron más de 58 millones de dólares en anuncios que atacaban los aranceles, según un Wall Street Journal análisis; los republicanos no gastaron nada en defenderlos. El presidente Trump alguna vez llamó a "arancel" la palabra más hermosa del diccionario, pero como el Journal Greg Ip observó recientemente, él "de alguna manera la ha convertido en una de las palabras más odiadas en la política".

Los votantes enviaron a los demócratas del Congreso un mensaje claro: el statu quo arancelario es inaceptable. La pregunta más difícil es cómo reformar las leyes arancelarias. Hakeem Jeffries, el presunto presidente de la Cámara de Representantes, dijo en septiembre que "tenemos que poner fin a los aranceles de Trump", pero los líderes del partido aún no han especificado qué aranceles ni cómo. Esa vaguedad probablemente fue una ventaja durante la campaña electoral, pero es un lastre a la hora de gobernar.

El historial reciente del Partido Demócrata muestra por qué. La administración de Biden mantuvo los aranceles contra China impuestos por la primera administración de Trump e incluso aumentó varios de ellos. La representante comercial de Biden, Katherine Tai, argumentó que "los aranceles y el comercio pueden —y, en nuestra opinión, deben— utilizarse como parte de una estrategia para hacer crecer a la clase media y empoderar a la clase trabajadora". Los demócratas se han opuesto a los aranceles en el pasado y luego los han mantenido una vez en el poder. Repetir esto sería un error, especialmente cuando los votantes han dejado claras sus preferencias.

La limitación es obvia. Al presidente Trump le quedan dos años en el cargo y es casi seguro que vetaría cualquier ley que limite sus facultades arancelarias. Los demócratas carecen de los votos necesarios para anular un veto, y la mayoría de las leyes requieren 60 votos en el Senado.

Un Congreso demócrata puede aprobar proyectos de ley para eliminar prácticamente todos los aranceles de Trump y reformar las facultades arancelarias, obligando a los republicanos a votar sobre ellos. Del mismo modo, los demócratas pueden incluir límites en los proyectos de ley de gastos que deben aprobarse, utilizar sus facultades de supervisión para examinar cómo se elaboraron los aranceles de Trump y por qué se impusieron, y redactar leyes que un futuro presidente pueda firmar. El público ya está de acuerdo: en una encuesta del Instituto Cato realizada esta primavera, el 70 por ciento de los votantes dijo que se debería exigir a los presidentes obtener la aprobación explícita del Congreso antes de imponer aranceles, incluido el 56 por ciento de los republicanos. El día de las elecciones, aproximadamente 7 de cada 10 votantes dijeron en la encuesta de votantes de AP que el Congreso no está haciendo lo suficiente para controlar a este presidente profundamente impopular.

Eliminar lo más fácil

Dos leyes arancelarias simplemente deberían derogarse. Después de que la Corte Suprema dictaminara en febrero que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autoriza los aranceles, la administración de Trump recurrió de inmediato a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer recargos temporales del 10 por ciento a una amplia gama de importaciones. Este fue el primer uso de la ley desde su promulgación hace más de 50 años. La sección 122 es una herramienta de balanza de pagos diseñada para un mundo de tipos de cambio fijos, un mundo que dejó de existir poco después de su promulgación. En un sistema de tipos de cambio flotantes, es un anacronismo. El Tribunal de Comercio Internacional declaró ilegal el recargo en mayo. El Circuito Federal suspendió temporalmente la aplicación del fallo, y la apelación del gobierno se prolongó más allá de la vigencia del recargo, que expiró el 24 de julio. La apelación sigue pendiente. El Congreso no debería esperar a que los tribunales controlen cada nuevo uso. La Ley para Recuperar las Facultades Comerciales del diputado Jimmy Panetta (Demócrata de California) eliminaría la disposición por completo.

La sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 es aún peor. Esta disposición, que data de la era de Smoot-Harley, autoriza aranceles de hasta el 50 por ciento contra países que discriminen al comercio estadounidense. Ningún presidente la ha utilizado jamás para imponer aranceles, y otras leyes la han suplantado en gran medida. En julio, la administración de Trump desempolvó esa ley largamente olvidada y ordenó aranceles del 50 por ciento sobre un primer lote de aproximadamente 20 mil millones de dólares en productos canadienses. Canadá tomó represalias contra más de 27 mil millones de dólares en productos estadounidenses, y la administración de Trump pasó el otoño revisando su propia lista. No vale la pena mantener una ley que ha estado inactiva durante casi un siglo y cuyo único uso ha sido una guerra comercial con nuestro aliado más cercano. Los senadores Kirsten Gillibrand (Demócrata de Nueva York) y Peter Welch (Demócrata Vermont), y el diputado Brad Schneider (Demócrata de Illinois) han presentado un proyecto de ley para revocar los aranceles de la Sección 338 y reembolsar los derechos de aduana. El nuevo Congreso debería ir más allá y derogar la autoridad en sí misma.

Reescribir las Secciones 232 y 301

La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 otorga al presidente la autoridad para restringir las importaciones que pongan en peligro la seguridad nacional. Los tribunales la han interpretado de manera amplia, y el presidente Trump ha recurrido a ella como una ley de protección para todo uso. Actualmente cubre el acero, el aluminio y el cobre en un 50 por ciento; los automóviles y camiones pesados en un 25 por ciento; muebles y madera; ciertos productos farmacéuticos patentados; y los drones con polisilicio, que probablemente se incluyan en diciembre. La lista sigue creciendo.

Quizá sea necesaria una verdadera herramienta de seguridad nacional, pero la ley necesita urgentemente una reforma. En primer lugar, el Congreso debería definir la seguridad nacional de manera estricta y vincularla a las necesidades de defensa. La ley nunca define el término, y es por eso que terminamos con aranceles de "seguridad nacional" sobre los muebles. En segundo lugar, el Congreso debería otorgarle al Pentágono, en lugar de al Departamento de Comercio, el papel principal en la identificación de una amenaza. En tercer lugar, debería exigir la aprobación del Congreso para cualquier medida en un plazo de 60 días, o permitir que caduque. Ese mecanismo de aprobación fue fundamental en la Ley de Revisión Comercial bipartidista, presentada el año pasado por los senadores Chuck Grassley (Republicano de Iowa) y Maria Cantwell (Demócrata de Washington).

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 está diseñada para combatir prácticas comerciales desleales específicas por parte de socios comerciales. El 24 de julio, el día en que expiraron los recargos arancelarios de la Sección 122, entraron en vigor los nuevos aranceles de la Sección 301: aranceles del 10 o 12,5 por ciento sobre 60 economías, entre ellas Canadá, México, el Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea, basándose en la teoría de que no habían prohibido ni controlado las importaciones realizadas con trabajo forzado. La Tax Foundation estima que los aranceles abarcan cerca de 1 billón de dólares en importaciones anuales.

En un mundo ideal, la Sección 301 se eliminaría por completo, y Estados Unidos utilizaría los mecanismos de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (lo cual requeriría, en primer lugar, que Washington dejara de bloquear los nombramientos para el Órgano de Apelaciones de la OMC, que no ha podido conocer nuevas apelaciones desde antes de la pandemia de COVID-19) y diversos tratados de libre comercio para impugnar las prácticas desleales. Si la Sección 301 va a seguir vigente, debería exigir que las medidas correctivas sean proporcionales a la carga que representan para el comercio estadounidense y estén dirigidas a la práctica en cuestión; ofrecer a los países afectados una salida mediante la corrección de la medida o práctica infractora; y exigir una votación del Congreso sobre cualquier medida arancelaria.

Forzar una votación sobre la derogación

Las reformas a los procesos de las Secciones 232 y 301 son importantes a largo plazo, pero los estadounidenses votaron por los precios: 6 de cada 10 votantes dijeron en la encuesta de votantes de AP que estaban muy preocupados por el costo de los alimentos y los productos de supermercado, por ejemplo. Los aranceles del presidente Trump, impuestos desde 2025, ahora cubren alrededor del 54 por ciento de las importaciones de bienes de Estados Unidos, y las estimaciones del costo anual para un hogar promedio oscilan entre unos $800 y $1.100. Las nuevas mayorías en el Congreso deberían aprobar una ley que ponga fin a los aranceles de la Sección 232, a los aranceles de la Sección 301 relacionados con el trabajo forzado y a los aranceles de la Sección 338 contra Canadá. Los demócratas pueden obligar a los republicanos a defender los aranceles por sus propios méritos. Si el Congreso aprueba esa legislación y el presidente la veta después de unas elecciones en las que se haya debatido el costo de vida, los republicanos tendrán que explicar esa decisión a los votantes en 2028.

Durante una década, la opinión generalizada en Washington fue que el proteccionismo era una buena estrategia política. Sin duda, ninguna elección es una prueba definitiva de nada, pero es difícil interpretar las encuestas, el gasto en publicidad y los resultados electorales como algo distinto a un rechazo a la agenda arancelaria mal concebida del presidente. Los demócratas tienen ahora dos años para convertir el tema de la campaña en propuestas concretas para reformar las facultades arancelarias.

Limitar la autoridad arancelaria del presidente es una buena idea tanto desde el punto de vista político como normativo. Los demócratas deberían aprovechar esta oportunidad para recuperar el poder arancelario, no solo de este presidente, sino también de futuros presidentes, incluidos los demócratas. Un Congreso que se opone a los aranceles unilaterales e imprudentes solo cuando los impone el otro partido está fallando a sus electores y a la Constitución.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 6 de noviembre de 2026.