El sector privado de Estados Unidos está listo para construir: ¿allanará Washington el camino con una reforma en materia de permisos?

Estados Unidos tiene grandes planes. Pero obtener permiso para construir un gran proyecto es otra historia. La nueva Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos de 2026, o BAAJA (que se pronuncia igual que el Baja Blast de Mountain Dew, y es tan audaz y refrescante como él), tiene como objetivo eliminar las barreras políticas que mantienen los proyectos en suspenso. Los senadores Capito (Republicano de West Virginia), Lee (Republicano de Utah), Whitehouse (Demócrata de Rhode Island) y Heinrich (Demócrata de Nuevo México) presentaron el texto del proyecto de ley —que cuenta con la friolera de 417 páginas— el 30 de septiembre. La BAAJA se basa en iniciativas de reforma anteriores, como la EPRA de Manchin-Barrasso de 2024 y las leyes SPEED y PERMIT de esta legislatura. A diferencia de iniciativas anteriores, la BAAJA ya está obteniendo un fuerte apoyo bipartidista, lo que le da una oportunidad real de superar el requisito de 60 votos del Senado cuando este vuelva a reunirse la semana del 9 de noviembre.

Este momento es diferente por innumerables razones: el crecimiento de la demanda de electricidad está alcanzando niveles nunca vistos en este siglo, los costosos subsidios energéticos de la era Biden se han recortado o restringido en su mayor parte, y los demócratas ahora comprenden cuánto daño puede causar un presidente cuando desprecia ciertas formas de energía. El oleoducto Keystone XL fue el ejemplo más emblemático de la cancelación arbitraria por parte de los demócratas de grandes proyectos energéticos bajo los mandatos de los presidentes Obama y Biden, y Trump ha dedicado su segundo mandato a aplicar la misma estrategia a los proyectos solares y eólicos.

Y hay mucho en juego. La consultora McKinsey estimó en 2025 que hasta 1,5 billones de dólares en inversión en infraestructura estaban a la espera de permisos federales. Una encuesta de la Asociación Nacional de Fabricantes y la Fundación para la Innovación Estadounidense reveló que casi dos tercios de los encuestados probablemente aumentarían la inversión en Estados Unidos si la tramitación de permisos fuera más rápida y predecible. La reforma del sistema de permisos es importante porque todos pagamos más de lo necesario por los servicios básicos de energía. Reducir la prima de riesgo político al hacer que los proyectos energéticos estén menos sujetos a los caprichos políticos es una respuesta obvia a las preocupaciones sobre la accesibilidad de la energía.

La BAAJA podría ser el proyecto de ley de energía de mayor impacto desde la Ley de Política Energética de 2005. A continuación, presentamos nuestro análisis de las reformas más significativas.

Ley Nacional de Política Ambiental

Una reforma integral del sistema de permisos sería imposible sin enmiendas a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), y la BAAJA las incluye. La NEPA se ha convertido en el arma favorita de quienes entablan litigios ambientales contra grandes proyectos. Aquellos que requieren un permiso federal, como la construcción de carreteras en terrenos federales, desencadenan una revisión bajo la NEPA, lo cual (1) genera un retraso prolongado y costoso, dado que el proceso de elaborar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) sólida lleva años, y (2) les brinda a los opositores una forma práctica de detener los proyectos en medio de la construcción.

En 2019, el tiempo medio para completar una EIS fue de 3,6 años. Para 2024, se había reducido a 2,2 años, en parte porque el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, que estableció plazos de un año para las evaluaciones ambientales y de dos años para las EIS, los cuales las agencias pueden extender tras consultar con el solicitante. La BAAJA mantiene los mismos plazos, pero exige el permiso del solicitante (no solo una consulta) para prorrogarlos. Ese cambio debería reforzar la reducción de los plazos y permitir que las empresas dediquen menos tiempo a los trámites y más tiempo a la construcción.

La BAAJA también se muestra creativa en cuanto al cumplimiento de los plazos. Agregaría un mecanismo de cumplimiento inusual (pero ingenioso) para las agencias que no cumplan con los plazos de revisión ambiental o de otorgamiento de permisos. Sesenta días después de que una agencia incumpla un plazo, la BAAJA prohibiría al director de la agencia —como el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin— viajar a más de 25 millas de su "lugar de trabajo oficial" por motivos oficiales. La restricción permanecería vigente hasta que la agencia complete el documento ambiental atrasado y las autorizaciones pendientes. Esta medida creativa de cumplimiento está justificada porque, a pesar de algunas mejoras recientes, más de la mitad de las revisiones de la NEPA realizadas por las agencias incumplen sus plazos. Para alinear aún más los incentivos, los jefes de las agencias deberían considerar aplicar la "tobillera electrónica" imaginaria a todos los empleados que trabajen en la tramitación de permisos.

Dicho esto, el verdadero problema con la NEPA no es el papeleo del EIS, sino las demandas que utilizan supuestas violaciones de la NEPA para meter a los proyectos en un "círculo vicioso" de litigios. Los retrasos por litigios elevan los costos, ahuyentan a los inversionistas y acaban con los proyectos. La BAAJA nos salvaría de ese círculo vicioso al elevar los requisitos para tener legitimación procesal, acortar el plazo para presentar impugnaciones y restringir el uso de órdenes de "suspensión de obras".

En cuanto a la legitimación procesal, la BAAJA se basaría en los requisitos existentes y exigiría expresamente a los demandantes que aleguen un daño directo real o inminente —y que hayan planteado sus inquietudes durante el período de comentarios públicos de la agencia encargada de otorgar los permisos. En cuanto a los plazos, los demandantes tendrían solo 150 días para presentar demandas después de que la autoridad publique la autorización, en lugar de 6 años. En cuanto a la certeza del proyecto durante el litigio, la BAAJA prohibiría a los tribunales detener la construcción únicamente para subsanar una violación de la NEPA mientras el caso sigue en curso. Los desarrolladores avanzarían con mayor confianza en que la autoridad encargada de otorgar los permisos no emitirá una orden de "suspensión de obras" mientras resuelve un recurso legal.

Ley de Agua Limpia

Los cambios que propone la BAAJA a la Ley de Agua Limpia (CWA) facilitarían mucho la construcción de infraestructura que abarca varios estados, incluyendo oleoductos y gasoductos, así como líneas de transmisión eléctrica. La sección 401 de la CWA tiene como objetivo proteger la calidad del agua, pero también permite a los estados bloquear proyectos prácticamente por cualquier motivo, ya sea negando la certificación requerida o retirando la solicitud. En la práctica, la sección 401 de la CWA se ha convertido en un veto de facto que utilizan los gobernadores para bloquear la infraestructura energética a la que se oponen. Por ejemplo, Nueva York restringe los nuevos gasoductos destinados a abastecer a la región de Nueva Inglaterra, que padece escasez de energía, simplemente retirando la solicitud de la sección 401 de la CWA presentada por el desarrollador del gasoducto. La BAAJA obligaría a un estado a demostrar que ninguna modificación razonable podría resolver sus preocupaciones sobre la calidad del agua antes de bloquear un proyecto. También existe el derecho expreso de impugnar la decisión de un estado ante los tribunales.

El senador Armstrong (Republicano de Oklahoma) ha sido uno de los principales defensores de la reforma de la CWA. Además, ha realizado una labor incansable de divulgación, que incluyó organizar una reunión con el equipo de energía del Instituto Cato. En esa reunión, el senador Armstrong destacó el atractivo bipartidista de impedir que un solo estado vete un proyecto que beneficiaría a los consumidores de muchos estados. Un estado "azul" podría inclinarse por rechazar un gasoducto, mientras que un estado "rojo" podría oponerse a una línea de transmisión eléctrica. En ambos casos, los líderes políticos de un estado determinado no deberían poder bloquear una infraestructura que llevaría energía a quienes la necesitan a través del comercio interestatal.

Seguridad en los permisos

La BAAJA impide que las agencias retiren permisos o detengan proyectos ya aprobados. Las violaciones legales y las amenazas graves son las excepciones, pero el proyecto de ley faculta a los tribunales para supervisar a las agencias y otorgar compensaciones a los desarrolladores afectados. Ambos partidos políticos han revocado aprobaciones existentes, como lo hizo Biden con Keystone XL y Trump con el proyecto eólico Lava Ridge. Este cambio haría mucho más difícil que los gobiernos detengan proyectos energéticos aprobados por razones políticas. La certeza en los permisos es una gran victoria para los consumidores estadounidenses porque todos pagamos la prima de riesgo incorporada en los proyectos de infraestructura.

Transmisión eléctrica

La sección sobre transmisión de la BAAJA incluye varias mejoras, en particular una nueva medida para resolver una brecha de supervisión en los proyectos locales de transmisión de bajo voltaje. Los proyectos más pequeños pueden eludir el escrutinio al que se someten los proyectos más grandes, lo que permite a las empresas de servicios públicos cobrar a los clientes sin demostrar adecuadamente que ofrecen la mejor relación costo-beneficio. Esto hace que los hogares y las empresas paguen facturas de electricidad más altas por muchos proyectos pequeños que, en conjunto, cuestan más y suministran menos energía que los proyectos más grandes.

Como señalamos a principios de este año en nuestro testimonio ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la dependencia de las empresas de servicios públicos de estos proyectos "no beneficia mucho al consumidor y aumenta el costo total de la energía". Los legisladores que deseen hacer que la energía sea más accesible deberían apoyar la nueva disposición y detener la proliferación de pequeños proyectos de transmisión que son económicamente ineficientes, pero que se han convertido en una fuente de ganancias para las empresas de servicios públicos establecidas. Si se aprueba el proyecto de ley, los estados tendrán la facultad de cerrar esta laguna legal, y las empresas de servicios públicos contarán con mayores incentivos para construir un sistema eléctrico confiable y de bajo costo.

El mecanismo está bien diseñado: la BAAJA agrega un proceso formal mediante el cual los estados pueden remitir a las empresas de servicios públicos a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) para que las investigue. Si una empresa de servicios públicos ignora opciones mejores o más baratas o perturba la planificación regional de la red eléctrica, la FERC podría obligarla a modificar sus planes y limitar las ganancias que obtiene de las líneas eléctricas locales. La FERC también podría imponer multas de hasta 5 millones de dólares a proyectos que, al cumplir los requisitos, considere imprudentes y perjudiciales para los clientes. En conjunto, estas disposiciones garantizan que las inversiones beneficien a los clientes en lugar de simplemente aumentar las ganancias de las empresas de servicios públicos a medida que la demanda de electricidad sigue creciendo.

Una debilidad de la BAAJA es su aceptación de la Orden N.º 1920 de la FERC, que brindaría respaldo del Congreso a un marco que ampliaría la autoridad de la FERC para respaldar restricciones a nivel estatal sobre ciertos recursos energéticos. La Orden N.º 1920 socializa los costos de los mandatos energéticos a nivel estatal, en detrimento de los contribuyentes y los usuarios. No obstante, los acuerdos bipartidistas requieren concesiones, y este es un costo relativamente bajo a cambio de acceder a las profundas reformas en materia de permisos que se incluyen en otras partes de la BAAJA. De hecho, cuando nos opusimos a la Orden N.º 1920 hace más de dos años, no estaba claro que (1) las impugnaciones legales a la norma fracasarían o que (2) la dirección de la FERC bajo el gobierno de Trump 2.0 se negaría a realizar cambios significativos en la norma. Ahora que sabemos que estamos atados a la Orden 1920, esta concesión no tiene prácticamente ningún costo.

Centros de datos

Las disposiciones de protección a los usuarios de la BAAJA tienen como objetivo evitar que los nuevos centros de datos transfieran los costos de la red eléctrica a otros clientes. El objetivo es razonable —especialmente dada la cantidad de desarrolladores de centros de datos y empresas de servicios públicos que ya han firmado el Compromiso de Protección a los Usuarios del presidente Trump—, pero esta sección corre el riesgo de trasladar los costos en la dirección opuesta. Es difícil determinar la parte de los costos de la red que corresponde a un centro de datos, y el proyecto de ley permite a los estados imponer cargos que superen esos costos y utilizar los ingresos adicionales para reducir las facturas de otros clientes. Eso corre el riesgo de que los centros de datos terminen subsidiando a todos los demás. Sin embargo, cierto grado de subsidio cruzado de los centros de datos a otros clientes podría ser políticamente necesario para suavizar la fuerte oposición a los centros de datos, incluso si la política dista de ser ideal.

La BAAJA no aborda una de las herramientas más importantes de protección de los usuarios de servicios públicos para los responsables políticos estatales. Como hemos discutido en otra ocasión, permitir que los centros de datos creen sus propios sistemas de energía fuera de la red ofrece otra forma de satisfacer la creciente demanda sin cobrar a otros clientes por la expansión de la red eléctrica. La forma más coherente de lograr ese resultado no es señalar a un tipo específico de cliente en la Ley Federal de Energía, sino permitir que los nuevos proyectos industriales de todo tipo construyan nuevas redes eléctricas que no impongan costos a la red eléctrica compartida.

La oposición política y el camino a seguir

La BAAJA ha puesto de manifiesto divisiones filosóficas entre los ambientalistas: algunos quieren que Estados Unidos construya de manera más limpia; otros quieren bloquear todos los nuevos proyectos de hidrocarburos, incluso si eso significa que construyamos menos. Pero facilitar la construcción puede beneficiar a todas las partes del debate energético. Una tramitación más rápida de los permisos puede ayudar a que los proyectos eólicos, solares, geotérmicos, de almacenamiento y nucleares avancen, lo que ofrece a los ambientalistas mucho que ganar con la reforma. Del mismo modo, muchas empresas eléctricas establecidas se sentirán amenazadas por el mayor escrutinio que implica la BAAJA. Pero los acontecimientos recientes demuestran por qué ese escrutinio ya se debería haber implementado hace tiempo, y por qué el Compromiso de Protección al Consumidor, por sí solo, no puede garantizar una protección real para los consumidores.

La reforma de los permisos es ahora más importante que nunca, y el senador Heinrich lo expresó de la mejor manera: “Estados Unidos está entrando en una nueva era de demanda energética. Tenemos una enorme oportunidad de volver a construir grandes proyectos para estar a la altura de este momento: generar más energía, ampliar nuestra red eléctrica, crear más empleos, reducir los costos de la energía y asegurarnos de contar con la energía que necesitamos para competir”.

La BAAJA es un excelente conjunto de reformas bipartidistas. No es perfecta en absoluto, pero representa un avance sustancial en la dirección correcta. Nuestra pregunta para los políticos es la siguiente: ¿apoyarán la reforma o el gobierno federal seguirá negando los permisos para proyectos energéticos tan necesarios?

Sonia Joshi, pasante del Cato Institute, contribuyó a este artículo. Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 12 de octubre de 2026.