Estamos estableciendo límites a la IA, pero ¿qué pasa con el gobierno?

Durante la mayor parte del año, la política en materia de inteligencia artificial (IA) se ha centrado, de manera razonable, en establecer medidas de protección para mitigar algunos de los mayores riesgos que implican el desarrollo y la implementación de modelos de IA de vanguardia. Este año se ha observado una rápida expansión de las capacidades de los modelos, con el lanzamiento de los primeros modelos capaces de llevar a cabo ciberataques avanzados. También hemos sido testigos de los primeros casos en que los modelos se han vuelto lo suficientemente avanzados como para superar en ingenio a los humanos que los sometían a pruebas de estrés, lo que ha generado cierta preocupación sobre una posible pérdida de control sobre la IA de vanguardia. En respuesta a ello, los responsables políticos han promulgado medidas para mitigar algunos de los riesgos asociados con el desarrollo y el uso de estos modelos avanzados. Desde el marco de evaluación de la Casa Blanca hasta el Compromiso Conjunto sobre Responsabilidades de Vanguardia, las normas que establecen los deberes y responsabilidades de la industria de la IA han aumentado progresivamente.

Sin embargo, aunque la industria enfrenta un escrutinio cada vez más intenso, existe una preocupante ambigüedad sobre el papel y la autoridad del gobierno como regulador.

A principios de este año, la administración impuso controles a la exportación a una de las principales empresas de IA de vanguardia con poca o ninguna justificación. Emil Michael, vicepresidente del "Grupo de Trabajo sobre Superinteligencia" de la Casa Blanca, ha dicho que probablemente los impondrán nuevamente contra una empresa que no "coopere" con el gobierno. De hecho, afirma que el poder ejecutivo cuenta con una amplia gama de herramientas a su disposición. 

Al mismo tiempo, los informes indican que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ya está investigando a OpenAI por el incidente de pérdida de control que condujo al ataque a Hugging Face, una investigación que se lleva a cabo en paralelo a su intención de emprender acciones contra las empresas de IA si considera que cualquier sesgo ideológico constituye una práctica engañosa según la Sección 5 de la Ley de la FTC.

En resumen, mientras que la industria y el público están presenciando una avalancha de normas y acuerdos que trazan el camino a seguir para las empresas de IA, el gobierno no ha hecho lo mismo. No hay claridad respecto a qué agencia o entidad gubernamental es responsable de evaluar el cumplimiento de estos compromisos por parte de la industria. No existen umbrales que delimiten claramente cuándo una empresa ha incumplido (o no) el acuerdo. De hecho, aunque muchos de estos acuerdos son un subproducto de una negociación nominalmente voluntaria, la declaración de Michael podría interpretarse como otro caso de presión, en el que se obliga a las empresas a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo, so pena de quedar sujetas a un conjunto de sanciones no reveladas y potencialmente cada vez más amplias por parte del poder ejecutivo. Para empeorar las cosas, en los casos en que el gobierno afirma limitar su poder —por ejemplo, al evitar un régimen de revisión previa al lanzamiento—, está creando vías de facto para eludir dicho compromiso, con el fin de conservar la capacidad de impedir que se lancen modelos de IA o de retirarlos del mercado cuando así lo desee.

Los riesgos de otorgar al gobierno una libertad de acción amplia y en gran medida sin control sobre la industria de la IA no deben tomarse a la ligera. Como hemos argumentado mi colega Jennifer Huddleston y yo, el desarrollo, la implementación y el uso de la IA están integrados en una amplia gama de comportamientos expresivos que están protegidos por la Primera Enmienda. Si bien los usos más riesgosos y militaristas de la IA han sido el centro de atención durante estas discusiones —una respuesta razonable, dados los riesgos inmediatos—, no se deben pasar por alto los comportamientos expresivos comúnmente asociados con el uso civil de la IA. Dado que actualmente no existen directrices ni leyes que limiten específicamente la acción del gobierno para enfocarse exclusivamente en los usos más riesgosos, esta administración y cualquier otra futura podrían invocar fácilmente estos poderes regulatorios para sancionar a una empresa de IA que consideren “demasiado progresista”, “sesgada” o que difunda información errónea o desinformación.

En este momento, el poder ejecutivo puede imponer sanciones significativas a una empresa de IA sin mucha justificación, ya que no está sujeto a una ley específica ni a un conjunto de reglas predeterminadas. No necesita dar a conocer públicamente su razonamiento; no existe recurso de apelación, ya que no está obligado a ceñirse a un conjunto específico de criterios, y no hay un umbral que deba superar antes de poder ejercer su poder. Puede considerar unilateralmente que un modelo es peligroso o inadecuado para su lanzamiento, y la ciudadanía debe aceptar su palabra. Es fácil ver cómo un presidente podría abusar de este poder simplemente para enemistarse con una empresa, alegando que no coopera lo suficiente con el gobierno o que su producto es riesgoso, con el fin de castigarla por una expresión protegida constitucionalmente. Dado que el poder ejecutivo no tiene la obligación de dar a conocer su razonamiento, la empresa no tiene forma de recurrir a los tribunales para que examinen la acción del gobierno.

Las palabras de Michael deberían servir de alerta tanto para la industria como para los políticos. Si bien es importante establecer medidas de seguridad para mitigar los riesgos asociados con los sistemas de IA de vanguardia, es necesario abordar con igual urgencia la definición del papel y las facultades del gobierno. El enfoque regulatorio actual respecto a la IA le otorga al gobierno amplia libertad para intervenir y regular la industria de la IA, con pocos controles sobre su poder para proteger a los ciudadanos contra el uso de ese poder con fines censores.

Cualquier presidente en ejercicio podría retirar un modelo del mercado o impedir su lanzamiento por capricho, y no necesitaría mucha justificación para hacerlo. Esto abre la puerta al amiguismo, al abuso estatal y a la erosión del estado de derecho. Establecer medidas de protección contra el abuso estatal debe ser tan importante como las medidas de protección contra los riesgos relacionados con la IA.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 20 de octubre de 2026.