La administración de Trump toma medidas contra el acaparamiento de importaciones

Cuando el gobierno de Trump anunció aranceles amplios y elevados a principios de 2025, los importadores se apresuraron a traer mercancías a Estados Unidos antes de que los aranceles entraran en vigor. El impacto de esta “corrida” de importaciones fue más allá de provocar un breve aumento en las importaciones mensuales de Estados Unidos; el acopio de importaciones por parte de las empresas ayudó a mitigar los aumentos de costos para los importadores y a retrasar los aumentos de precios para los consumidores finales. En otras palabras, de no haber sido por el acopio, los impuestos a las importaciones de la administración habrían resultado aún más costosos para los estadounidenses, y es probable que los consumidores hubieran tenido que asumir una mayor parte de esos costos.

La administración está tomando medidas enérgicas contra los importadores que acaparan importaciones de polisilicio y derivados del polisilicio (sobre todo celdas y módulos solares) que estarán sujetos a nuevos aranceles y precios mínimos a partir del 4 de diciembre. Aunque de alcance limitado, esta medida —publicada en el Registro Federal dos días después de su fecha de entrada en vigor (22 de septiembre)— podría allanar el camino para restricciones más amplias en el futuro, dada la base legal en la que se apoya la administración para aplicarla.

A modo de resumen, el presidente Trump impuso aranceles al polisilicio y un "precio mínimo de importación" (MIP) el 6 de agosto, haciendo uso de su autoridad en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Nuestros colegas del Instituto Cato, Scott Lincicome, Chad Smitson y Eli DeLuca, ya resumieron y evaluaron el impacto potencial de estas medidas, que probablemente agregarán otro capítulo a la larga saga del proteccionismo fallido de Estados Unidos en el sector solar. Oculto en la proclamación, tal como lo señaló Jacob Jensen, del American Action Forum, hay una disposición que no se encuentra en ninguna de las proclamaciones arancelarias anteriores del presidente, la cual ordena al Secretario de Comercio y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que restrinjan la importación de polisilicio y sus derivados por parte de una empresa que el Secretario haya determinado previamente que está acumulando dichos productos antes de la fecha en que entren en vigor los aranceles y el MIP. El Reglamento Provisional (TFR) publicado por el Departamento de Comercio pone en práctica esta disposición sin precedentes.

Específicamente, el TFR describe múltiples criterios y procesos que el Departamento de Comercio utilizará para supervisar a las empresas que importan polisilicio y sus derivados cubiertos por la medida arancelaria de la Sección 232, hacer cumplir las prohibiciones sobre la importación de estos productos y brindar a las empresas la oportunidad de solicitar que el Departamento de Comercio exima de dichas prohibiciones. Estos incluyen:

• Para los importadores "existentes" (es decir, registrados ante la CBP antes del 6 de agosto):El Departamento de Comercio evaluará si dichos importadores están importando polisilicio y los derivados cubiertos en volúmenes "sustancialmente mayores que sus promedios históricos", basándose en a) el volumen total y el promedio semanal de dichas importaciones desde el 6 de agosto; b) el volumen promedio semanal de dichas importaciones a lo largo de 2025 y del 1 de enero al 6 de agosto de 2026; y c) el uso que hagan estos importadores de filiales existentes o nuevas que no tengan un historial de importación de productos de polisilicio para realizar dichas importaciones. Si el Departamento de Comercio determina que una empresa está importando productos de polisilicio en volúmenes "sustancialmente mayores" que sus promedios históricos, se le prohibirá a dicho importador traer más de esos productos hasta el 4 de diciembre, a menos que obtenga una exención.
• Para los importadores "nuevos" (es decir, registrados ante la CBP después del 6 de agosto): A menos que el importador obtenga una exención del Departamento de Comercio, se le prohíbe importar polisilicio o los derivados cubiertos por encima de un volumen semanal máximo específico para cada producto, especificado en la TFR, el cual el Departamento de Comercio podrá ajustar en el futuro si es "necesario para abordar el acopio de existencias". A un nuevo importador cuyos volúmenes de importación semanales excedan estos umbrales se le prohibirá importar productos de polisilicio adicionales hasta el 4 de diciembre, a menos que obtenga una exención.
• Aplicación: Además de prohibir las importaciones adicionales de polisilicio y los derivados incluidos en la lista, la TFR señala que el Departamento de Comercio y la CBP "tomarán medidas contra los importadores y los agentes aduanales que establezcan, utilicen o faciliten múltiples [importadores registrados] u otros arreglos" para eludir las restricciones establecidas para los nuevos importadores. No queda claro qué significa esa "medida" en el contexto de los importadores (es decir, las empresas); por otro lado, a los agentes aduanales se les puede revocar o suspender sus licencias, o se les pueden imponer sanciones económicas.
• Exenciones: Tanto los importadores existentes como los nuevos pueden solicitar al Departamento de Comercio que les exima de las prohibiciones de importación a las que quedan sujetos. Los importadores que soliciten una exención deben presentar información sobre la estructura de propiedad de sus empresas, la titularidad beneficiaria y las operaciones de fabricación; el tipo, volumen y uso de las importaciones de polisilicio para la fabricación o para su transferencia a terceros; y las razones comerciales para su importación de polisilicio y sus derivados. Un funcionario de alto rango del importador solicitante también debe certificar la exactitud de la información presentada bajo pena de perjurio.

Estas disposiciones plantean múltiples inquietudes. En primer lugar, el Departamento de Comercio conserva una discrecionalidad significativa para determinar si una empresa está acumulando existencias de productos de polisilicio importados. Esto es particularmente cierto en el caso de los importadores "existentes", donde la evaluación del Departamento de Comercio se basa en "promedios históricos" y se realiza caso por caso. Además, el proceso de exención parece implicar una solicitud intrusiva y no inspira mucha confianza en cuanto a previsibilidad y transparencia, ya que el TFR no especifica en qué criterios se basará el Departamento de Comercio para tomar su decisión, ni si explicará las razones para aprobar o rechazar las solicitudes, ni si dará a conocer públicamente dichas aprobaciones o rechazos. Por último, el TFR sugiere un enfoque intensivo para supervisar y hacer cumplir esta prohibición de acaparamiento, lo que plantea preguntas adicionales sobre la complejidad burocrática (y los costos) de esta operación, especialmente en un momento en que el Departamento de Comercio y la CBP tienen la tarea de supervisar el cumplimiento de múltiples medidas arancelarias ejecutivas.

Estas son consideraciones a corto plazo. Más preocupante es la posibilidad de que prohibiciones similares de importación y acopio se conviertan en la norma en futuras medidas arancelarias. Las leyes que la administración de Trump ha utilizado para imponer aranceles ciertamente no prohíben claramente ese enfoque: la Sección 232, en la que se basa la restricción al polisilicio, simplemente otorga al presidente la autoridad para "ajustar las importaciones" y solo exige un período de transición de 15 días antes de que dicho ajuste entre en vigor (La ley se ha utilizado anteriormente para bloquear por completo la importación de bienes específicos). La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —la ley utilizada por el presidente Trump para imponer aranceles a 60 países por su supuesta importación de bienes fabricados con trabajo forzado— autoriza de manera similar al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), bajo la dirección del presidente, a "imponer aranceles u otras restricciones a la importación", estas últimas incluyen "limitaciones" y "prohibiciones" no arancelarias, sin estar sujetas a un período de transición.

El artículo 122 de la misma ley, que el presidente Trump utilizó tras la decisión de la Corte Suprema que invalidó sus aranceles de "emergencia" para imponer aranceles temporales por "balanza de pagos", permite expresamente al presidente imponer tanto aranceles como restricciones cuantitativas (es decir, cuotas) por un período de 150 días. El artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930, la norma que alimenta la reciente guerra comercial con Canadá, permite al presidente imponer aranceles y prohibir importaciones, si bien solo los primeros están sujetos a un período de transición de 30 días.[1] En resumen, ninguna de las facultades arancelarias a disposición del poder ejecutivo le prohíbe expresamente restringir el volumen de mercancías extranjeras que los importadores pueden introducir antes de que entren en vigor los aranceles sobre esos productos.

Como se señaló al principio, prohibir el acopio de importaciones podría tener implicaciones significativas: los importadores que no puedan acumular existencias antes de medidas arancelarias discrecionales e impredecibles por parte del poder ejecutivo tendrán que trasladar los costos a los consumidores de estos productos más rápidamente. Este resultado se vería agravado cuando los importadores no puedan encontrar fuentes alternativas para los productos sujetos a aranceles o cuando las alternativas sean significativamente más caras. Podría haber situaciones particulares —como aquellas que impliquen amenazas legítimas a la integridad y la defensa de Estados Unidos— en las que restringir de manera oportuna la importación de ciertos bienes pueda ser una política razonable. Obligar a las empresas y a los consumidores estadounidenses a soportar una mayor carga de un proteccionismo costoso, miope y impopular no es una de ellas.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 24 de septiembre de 2026.

[1] En virtud de la Sección 338, el presidente solo puede restringir la importación de mercancías de un país extranjero si determina que, tras una medida arancelaria inicial en virtud de esta ley, el país ha «mantenido o aumentado» su discriminación contra el comercio estadounidense.