Sánchez apuesta las elecciones anticipadas a una crisis de vivienda que él mismo ha creado

Este lunes, Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Lo hizo tres días después de que el Congreso tumbara los dos decretos de emergencia en materia de vivienda a los que había fiado las últimas semanas de su mandato. Las elecciones cierran ocho años en el poder que habrían acabado varias veces con la mayoría de los primeros ministros europeos.

Empecemos por los tribunales. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, fue condenado en junio a 24 años de prisión por cobrar comisiones en contratos de la pandemia. Santos Cerdán, que sucedió a Ábalos como número tres de los socialistas, pasó meses en prisión preventiva por la misma trama. El pasado noviembre, el fiscal general del Estado se convirtió en el primero en la historia democrática de España en ser condenado, por filtrar datos confidenciales sobre la pareja de una rival política. En julio, el hermano del presidente del Gobierno fue inhabilitado durante nueve años por un puesto creado a su medida. Mientras tanto, se espera que la esposa de Sánchez se siente ante un jurado la próxima primavera por otras acusaciones de corrupción.

José Luis Rodríguez Zapatero también se ha convertido recientemente en el primer expresidente del Gobierno de la democracia en ser formalmente investigado. El predecesor socialista de Sánchez, y uno de sus defensores más vehementes, está siendo investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en relación con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Cuando la policía registró su despacho en mayo, encontró una caja fuerte con joyas que una tasación judicial valoró en 1,3 millones de euros. El juez ha abierto desde entonces una pieza separada sobre las joyas, en la que añade presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando.

Está además lo que la prensa ha bautizado como las "cloacas" del PSOE: una presunta operación paralela para buscar trapos sucios de los periodistas, jueces, fiscales y policías que investigan al entorno de Sánchez. Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano del presidente y lo envió a juicio, ha solicitado personarse en la causa de la Audiencia Nacional como perjudicada. Sostiene que fue espiada y acosada. Su escrito también afirma que la red contactó con miembros de un clan de narcotraficantes de Badajoz para actuar contra ella. Según informaciones de prensa, un intermediario ofreció al clan un acuerdo por el cual la Fiscalía retiraría sus causas si ayudaba a "eliminar" a la jueza. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado su petición de ser tratada como víctima.

Está también el precio que Sánchez pagó por seguir en el poder. Primero indultó y después amnistió a los líderes separatistas catalanes responsables del intento inconstitucional de secesión de 2017. El Tribunal Supremo los había condenado por sedición y malversación. La amnistía, que también borró los delitos de malversación, se negoció con los mismos partidos cuyos líderes se beneficiaban de ella, a cambio de los votos que devolvieron a Sánchez al poder en 2023. Entretanto, un Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados nombrados bajo Sánchez, y presidido por el ex fiscal general de Zapatero, ha anulado las condenas de dos expresidentes socialistas de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el caso de los ERE. En aquella trama, 680 millones de euros destinados a trabajadores despedidos funcionaron durante una década como un fondo de reptiles ilegal. A día de hoy, sigue siendo el mayor caso de corrupción de España.

El balance económico de Sánchez no es mejor. El Instituto Juan de Mariana, el think tank liberal donde dirijo el área de Estudios, ha contabilizado unas 140 subidas de impuestos y cotizaciones sociales aprobadas por los gobiernos de Sánchez desde 2018. La presión fiscal en España se sitúa en el nivel más alto jamás registrado, y la inflación ha agravado la situación mediante la progresividad en frío: como los tramos del IRPF no se han deflactado, la subida de los salarios nominales empuja a los trabajadores a tramos superiores aunque su renta real no haya crecido. Como resultado, el poder adquisitivo real apenas ha mejorado en años. El PIB agregado ha crecido, pero en buena medida porque lo ha hecho la población: el número de residentes nacidos en el extranjero ha pasado de 6,2 millones en 2018 a 10,3 millones hoy, un aumento de más de cuatro millones de personas. El Gobierno también ha perdido el control de las fronteras. En la noche del 30 de julio, cerca de 80.000 personas, en su mayoría marroquíes, entraron ilegalmente en Ceuta, en la mayor entrada irregular jamás registrada en la ciudad.

Desde 2018, Sánchez se ha apoyado en los socios más radicales disponibles. En 2020 formó el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia con la extrema izquierda de Podemos, cuyos fundadores habían trabajado como asesores remunerados del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Desde 2023 gobierna con Sumar, que incluye al Partido Comunista de España. En el Parlamento ha dependido de los separatistas catalanes de ERC y Junts, y de EH Bildu, heredera política de Batasuna, ilegalizada por los tribunales españoles como brazo político de la banda terrorista ETA.

Con los socialistas en el 25,9% de intención de voto, su nivel más bajo de la legislatura, las encuestas favorecen a los dos partidos de la derecha, el Partido Popular y Vox. Los sondeos recientes les otorgan en torno a 200 de los 350 escaños del Congreso, holgadamente por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

La "saga Maricarmen"

Sin embargo, la contienda no está decidida. Sánchez lo apuesta todo a la vivienda, el único asunto en el que el enfado de los votantes puede dirigirse contra los caseros y los "fondos buitre" en lugar de contra el Gobierno. La estrategia ha funcionado en otros lugares. En las elecciones regionales de Berlín del 20 de septiembre, Die Linke quedó primera con un 25,7%, más del doble que en 2023, con una campaña centrada en los alquileres y la expropiación de los grandes propietarios. Sánchez aspira a hacer lo mismo en España. Creyó haber encontrado el rostro de esa campaña en una mujer de 87 años llamada Maricarmen.

El 23 de septiembre, la policía desalojó a Maricarmen del piso de Madrid en el que vivía desde 1956. En cuestión de horas se había convertido en un símbolo nacional. La versión del Gobierno era sencilla: las viviendas de España habían sido acaparadas por corporaciones despiadadas que echan a los pensionistas a la calle. Una semana después, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos de emergencia que llevaban su nombre en todo salvo en el BOE. Prorrogaban los contratos de alquiler dos años, limitaban las subidas al 2%, suspendían los desahucios hasta 2030 y hacían los contratos renovables automáticamente. El casero que se negara a renovar debería al inquilino doce mensualidades.

Los hechos son menos convenientes. El contrato de Maricarmen lo firmó su padre bajo la legislación arrendaticia franquista, que congelaba las rentas y permitía transmitir los alquileres dentro de la familia. El contrato expiró legalmente en 2007, cuando se agotó la última subrogación permitida por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Los tribunales lo confirmaron ya en 2022. Según el propietario, durante años siguió pagando unos 200 euros al mes más gastos en uno de los barrios más caros de Madrid, donde pisos comparables se alquilan por más de 2.500 euros. El Ayuntamiento de Madrid le ofreció diversas alternativas, desde una residencia asistida hasta una vivienda municipal. Las rechazó todas.

Su historia no es, desde luego, la de un capitalismo depredador. Muestra lo que ocurre cuando el Estado congela los precios durante setenta años. El ajuste no desaparece: se aplaza, y luego cae de golpe sobre una sola persona, normalmente la más frágil. También dice mucho de la política española que la respuesta del Gobierno fuera construir un nuevo sistema de alquileres congelados, heredables e indefinidos. El viernes, el Congreso tumbó ambos decretos, por 178 votos contra 172 y por 184 contra 166. El lunes, Sánchez llevó la batalla a las urnas.

Una escasez fabricada por la política

La crisis de la vivienda en España es real. Desde 2015, el precio de la vivienda ha subido un 80%, frente al 27% de los precios al consumo. El alquiler mediano ya supera el salario mediano de un trabajador joven. Solo el 15% de los españoles de entre 16 y 29 años vive fuera de casa de sus padres, el porcentaje más bajo registrado. La vivienda encabeza la lista de preocupaciones en las encuestas oficiales.

La causa no es ningún misterio. Entre 2021 y finales de 2025, España sumó más de 1,16 millones de hogares, pero solo terminó unas 465.000 viviendas privadas nuevas, un déficit de cerca de 700.000. España inicia hoy 2,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, la mitad que a principios de los noventa.

Los promotores no son vagos ni falta capital. Sencillamente, España hace que construir sea casi imposible:

• Suelo: el 95,7% del territorio nacional está clasificado como no urbanizable. Convertir suelo rústico en una parcela edificable lleva entre diez y quince años. Las administraciones públicas poseen en torno al 58% del suelo urbano sin desarrollar de España y no lo mueven.
• Licencias: las licencias municipales tardan habitualmente más de un año. EY y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid estiman que ese retraso encarece cada vivienda nueva en 18.000 euros.
• Impuestos: los tributos vinculados a la vivienda recaudan 52.200 millones de euros al año, y casi una cuarta parte del precio de una vivienda nueva se la queda el fisco.
• Okupación: desalojar a un okupa sin título legal lleva cerca de dos años en los tribunales, el doble que cuando Sánchez llegó al poder. Más de 100.000 viviendas están afectadas actualmente.

Y encima de todo ello, el control de alquileres. La Ley de Vivienda de Sánchez de 2023 permitió a las comunidades autónomas topar los alquileres en "zonas tensionadas", y los resultados son exactamente los que la profesión económica había anticipado:

• Barcelona: los contratos de alquiler firmados cayeron un 43% desde su máximo de 2021.
• Navarra: los contratos en zonas topadas cayeron un 44% en dos trimestres.
• A Coruña: los contratos se redujeron a la mitad en cinco meses.

Mientras tanto, Madrid, que se negó a aplicar los topes, tiene tres veces más pisos anunciados en alquiler que Barcelona. Pero ni siquiera Madrid pudo escapar de la normativa nacional: en cuanto se anunciaron los "decretos Maricarmen", varios miles de anuncios de alquiler desaparecieron en cuestión de horas.

Nada de esto es nuevo. Antes de que el Tribunal Constitucional alemán lo anulara, la congelación de alquileres de Berlín de 2020 redujo la oferta cinco veces más de lo que redujo los precios. Ese historial no impidió que los berlineses votaran el mes pasado por más de lo mismo. En Estocolmo, la lista de espera para un piso de renta controlada supera los once años. Donde las ciudades permiten que la oferta responda, los alquileres bajan. En Estados Unidos, Austin construyó a un ritmo récord y vio caer los alquileres en torno a un 22% desde su máximo. En Nueva Zelanda, Auckland amplió la edificabilidad en 2016 y los alquileres familiares acabaron siendo aproximadamente un 30% más bajos de lo que habrían sido. Argentina vivió un auge similar de la oferta de alquiler después de que el Gobierno de Javier Milei eliminara el control de rentas.

El lado de la demanda del que nadie quiere hablar

Cualquier análisis honesto debe mirar también a la demanda. La población española alcanzó un récord de 49,8 millones en julio de 2026. Todo el crecimiento procede de personas nacidas en el extranjero, que ya suman 10,3 millones, uno de cada cinco residentes. Solo entre abril y junio, la población creció en 104.000 personas, el mayor aumento trimestral registrado. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE muestra que más de la mitad de los inquilinos nacieron en el extranjero.

Se opine lo que se opine sobre la inmigración, la aritmética es clara. Un país no puede sumar un millón de residentes cada par de años mientras bloquea la construcción, grava cada transacción y espanta a los caseros del mercado, y aun así esperar que los alquileres se contengan. Sánchez ha defendido la inmigración acelerada como respuesta al envejecimiento de la población activa y al agujero de las pensiones. Puede que sea o no una política acertada, pero combinarla con una congelación de la oferta garantiza un choque en el mercado de la vivienda. El Gobierno ha optado por culpar de ese choque a los caseros y a los "fondos buitre" en lugar de reconocer su propia responsabilidad.

Lo que de verdad funcionaría

La alternativa no es radical ni está por probar:

• Suelo: todo el suelo que no esté específicamente protegido por motivos medioambientales o patrimoniales debería ser edificable por derecho, no por favor político.
• Licencias: los proyectos ordinarios deberían poder ejecutarse mediante declaración responsable certificada por un técnico independiente acreditado, y los proyectos complejos deberían contar con un plazo de 30 días para su resolución.
• Impuestos: suprimir los gravámenes sobre la construcción y la venta de inmuebles, reduciendo asimismo otros gravámenes inmobiliarios.
• Okupación: un juez debería poder ordenar el desalojo de un okupa sin título en 24 horas, con aviso a los servicios sociales cuando haya menores o personas vulnerables.
• Control de alquileres: derogar por completo los topes.
• Vivienda pública: toda vivienda construida con apoyo público debería mantenerse como parque de alquiler permanente, en lugar de venderse con descuento a quien gane el sorteo.

Proteger a personas genuinamente vulnerables como Maricarmen es una tarea pública legítima. Pero es tarea del Estado, no del propietario privado que tenga la escritura. España lleva setenta años pidiendo a los caseros que actúen como un sistema de bienestar no remunerado, y el resultado es un país en el que demasiada poca gente quiere ser casero.

Sánchez quería que Maricarmen fuera el rostro del fallo del mercado. Es el rostro de setenta años de fallo del Estado. El 29 de noviembre, los españoles decidirán si dan otra legislatura al hombre que, ante ese fracaso, intentó repetirlo.

Este artículo fue publicado originalmente en Economic Affairs (Reino Unido) el 5 de octubre de 2026.