Un grano de arroz sobre las indeseables intervenciones estatales

Una nueva controversia del gobierno de Abelardo de la Espriella muestra, una vez más, cómo las intervenciones estatales pueden terminar distorsionando las decisiones económicas. 

En días pasados, se volvieron virales unas declaraciones del actual ministro de Agricultura de Colombia, Indalecio Dangond. En ellas, el ministro llamaba a los agricultores a dejar de producir arroz y los alentaba a dedicarse a otros cultivos, como el marañón. 

La controversia ha girado en torno a los enfrentamientos del actual gobierno con diversos gremios de la producción y al hecho de que el ministro se haya pronunciado en contra del cultivo de arroz. Pero ese enfoque deja de lado lo realmente importante de sus declaraciones. 

Lo primero que debería llamar la atención es esto: ¿qué hace un ministro diciendo qué deben producir o no los agricultores? El problema recuerda la tiranía de los expertos de la que habló William Easterly, pero aquí adquiere una dimensión adicional: es un político asumiendo que tiene mejores criterios que miles de productores para decidir en qué deben invertir sus recursos. 

Y es claro que ningún político – incluidos los ministros – dispone de toda la información ni del conocimiento necesarios para considerar que sus decisiones son mejores que las de miles de productores. Pero, además, este tipo de intervenciones genera incentivos que pueden terminar causando más daño que bien. 

El ministro dice que el arroz no es negocio porque los precios están muy bajos. Habría que examinar qué explica esa situación, pero, en ausencia de otros incentivos o restricciones, unos precios que no permiten cubrir los costos deberían llevar a los productores a considerar otros usos para sus recursos. El hecho de que esto no ocurra, como parece sugerir la preocupación del ministro, puede indicar que existen incentivos ajenos a las señales del mercado que están influyendo en sus decisiones. 

Muy posiblemente, esos incentivos estén relacionados con las políticas gubernamentales de apoyo y protección a la producción de arroz. 

Pero, además, esas declaraciones reflejan otro problema: un razonamiento que no considera el sistema en su conjunto. El ministro se preocupa por una sola cara de la moneda, la de los productores, y parece dejar de lado la otra, la de los consumidores. Una disminución de la producción nacional, manteniendo las demás variables constantes, tendería a presionar los precios al alza o a aumentar las importaciones, algo que ciertos sectores consideran problemático. En el primer caso, el mayor precio reduciría los recursos que los consumidores pueden destinar a otros bienes. 

Esto, por un lado. Por el otro, algunos de quienes participan en la controversia sostienen que, en lugar de pedirles a los agricultores que dejen de producir arroz, debería incentivarse —es decir, subsidiarse— una mayor producción. Uno de los argumentos es que así podrían reducirse las importaciones. 

Esta posición refleja, al menos, tres equivocaciones. Primero, supone que siempre habrá recursos disponibles para subsidiar la producción de un bien cuyos precios, al parecer, ya no son suficientes para cubrir los costos. Una mayor producción tendería a deprimir aún más los precios, agravando el problema y creando un ciclo en el que serían necesarios subsidios crecientes para sostenerla. Segundo, supone que una distorsión ya existente puede corregirse con nuevas distorsiones. Tercero, y tal vez lo más importante, parte de la idea de que las importaciones son un problema, cuando también pueden ser parte de la solución al permitir que los consumidores accedan a bienes producidos a menor costo.   

Ambas posiciones muestran los problemas que pueden generar intervenciones de este tipo. Los precios son señales del mercado y, cuando se distorsionan, se alteran también las decisiones de productores y consumidores, desencadenando efectos adicionales que no siempre pueden anticiparse. Así, estas intervenciones no solo pueden terminar sin resolver el problema para el que fueron planteadas, sino generar otros nuevos. Pero hay, además, un problema de justicia: resulta difícil justificar que el gobierno beneficie a unos ciudadanos trasladando los costos de esas decisiones a otros.   

Por falta de espacio, dejo por fuera otros temas que estas declaraciones ponen sobre la mesa y que merecen una discusión más profunda: la presión del gobierno sobre organizaciones privadas como los gremios; la dependencia de algunos de ellos de recursos estatales y las posibilidades reales de preservar su independencia; los límites físicos de la producción; y el papel del comercio internacional, así como sus límites en un contexto cada vez más caracterizado por lógicas geoeconómicas. Habrá que abordar estos asuntos en futuros escritos. 

Por lo pronto, esta controversia deja algo claro: detrás del problema actual hay años de intervenciones que han acumulado distorsiones e incentivos equivocados. Las declaraciones del ministro sugieren que el actual gobierno, como tantos anteriores, parece dispuesto a continuar por el mismo camino. Y eso es especialmente lamentable en una Colombia que atraviesa una situación crítica. Son precisamente estos momentos los que abren la posibilidad de hacer cambios que en circunstancias normales parecerían imposibles. Si hay un momento para romper con la lógica de intervenir una y otra vez, es este.