Armas, prohibiciones y mundos imaginarios

El pasado 8 de septiembre, el gobierno colombiano eliminó una prohibición general del porte de armas que estaba vigente desde 2012 y que se aplicaba incluso a quienes contaban con un permiso para portarlas. 

Y comenzó el escándalo. 

Para aclarar: el decreto en mención no legalizó el porte de armas. Simplemente, eliminó una restricción adicional que obligaba a quienes ya contaban con un permiso para portar armas a obtener una autorización adicional. 

Y no se legalizó. Esto tampoco resulta extraño en Colombia, un país en el que, por muchas razones, es difícil hacer reformas abruptas. Es, si se quiere, un país de cambios incrementales, de medidas moderadas y no de extremos.  

Volviendo al tema, no hubo legalización del porte de armas. Pero, como suele suceder con estas cuestiones, la decisión generó alarmismo y, con él, reaparecieron los mismos argumentos de siempre: que ahora todo el mundo se iba a armar, que la violencia aumentaría, que el Estado debería tener el monopolio de la fuerza, que la seguridad es tarea del Estado…

De fondo, todos esos argumentos tienen dos problemas. 

El primero, una incomprensión de qué es lo que se aprobó. El segundo, la recurrente comparación de la realidad con un mundo imaginario que solo existe en la mente de quienes lo imaginan.

Sobre la incomprensión. Insisto: no es cierto que se haya legalizado el porte de armas en el país ni que ahora todo el mundo pueda salir a comprar una.

Además, hay un salto lógico importante. Se cree que eliminar una prohibición equivale, de alguna manera, a crear una obligación. Una persona en la red social X, muy preocupada, decía que a ella no le gustaban las armas, como si la eliminación de la prohibición la obligara, de ahora en adelante, a tener una.

Pero lo más grave es discutir desde un deber ser sustentado en mundos imaginarios.

Dicen que el Estado debería ser el que nos proteja. Podría uno aceptar esa premisa, pero la realidad es que ningún Estado puede garantizar esa protección en todo momento. En la vida real, existen millones de interacciones diarias que ningún Estado tiene la capacidad de monitorear para evitar cualquier ataque contra la vida, la integridad o la propiedad. Los individuos, en la práctica, tenemos que asumir buena parte de nuestra propia protección.

Hay, además, otra equivocación en el argumento: los delincuentes no necesariamente respetan las prohibiciones. Una restricción legal puede dificultar el acceso a las armas, pero no implica que quienes pretenden utilizarlas para cometer delitos dejen de conseguirlas, muchas veces por vías ilegales.

Un salto adicional en la argumentación aparece cuando se afirma que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza. Si con ello se alude al monopolio del uso legítimo de la violencia, no se sigue de allí que los ciudadanos no puedan poseer armas. En mis clases suelo problematizar esa interpretación con, por ejemplo, la Segunda Enmienda de los Estados Unidos: sería absurdo sostener que el Estado estadounidense carece del monopolio de la violencia legítima simplemente porque existe una protección constitucional a la tenencia de armas.

Pero, además, esa interpretación vuelve a remitir a un mundo imaginario e irrealizable. Ningún Estado puede garantizar que solo sus agentes tengan acceso a las armas. 

Más allá de sus problemas de partida, esos argumentos tienen implicaciones graves.

Un lector agudo se habrá dado cuenta de que, al referirme a ese mundo imaginario, he evitado utilizar el adjetivo utópico. Y lo he hecho porque esas creencias, llevadas a sus últimas consecuencias, podrían conducir más bien a distopías.

¿Cómo sería un Estado que tuviera la capacidad de proteger todo el tiempo a todos los ciudadanos? Una protección de ese tipo exigiría niveles de vigilancia y control difícilmente compatibles con una sociedad libre. Llevada al extremo, esa pretensión terminaría acercándose más a un Estado policiaco que a una sociedad segura.

Y un Estado que concentrara de manera efectiva la capacidad coercitiva, sin contrapesos suficientes, tendría un enorme potencial de abuso frente a ciudadanos con una capacidad muy limitada de resistir.

Alguien dirá que no hay que exagerar, porque todo depende de a quiénes se les da el poder. Pero ese argumento desconoce un problema fundamental: las instituciones no deberían diseñarse suponiendo que quienes ejercen el poder serán siempre prudentes, moderados o virtuosos. La concentración de poder genera incentivos y riesgos que no desaparecen simplemente porque confiemos en quienes lo poseen y que, en determinadas circunstancias, pueden facilitar la justificación de excesos y abusos.

Por último, es cierto que, como dicen muchos expertos, hay que tener en cuenta la evidencia. Pero para hacerlo correctamente no basta con citar estudios: hay que establecer qué evidencia es realmente comparable con la medida que se está discutiendo. Como he insistido, esta no es una legalización del porte de armas. Claro que hay que examinar casos comparables y sus posibles efectos sobre la violencia y la mortalidad, pero también hay que evaluar qué efectos tuvo la prohibición vigente desde 2012 sobre la criminalidad y la seguridad de los ciudadanos.