El Congreso pone en la mira las facultades arancelarias del Ejecutivo
Alfredo Carrillo Obregón, Clark Packard y Scott Lincicome señalan que el hecho de que cada vez más legisladores no solo se estén pronunciando en contra del abuso presidencial de las facultades arancelarias, sino que de hecho estén presentando proyectos de ley para limitar este abuso y reafirmar parte de la autoridad del Congreso sobre aranceles y comercio, según el Artículo I, es una buena noticia en sí misma.
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Por Alfredo Carrillo Obregón, Clark Packard, y Scott Lincicome
Los expertos del Instituto Cato han argumentado desde hace tiempo que el Congreso debe limitar las facultades arancelarias que ha delegado al poder ejecutivo, el cual ha aprovechado estas amplias facultades para gravar una parte cada vez mayor de los productos que los estadounidenses compran en el extranjero. En medio del continuo abuso por parte de la administración de Trump de estas facultades delegadas para imponer aranceles cada vez más impopulares, algunos miembros del Congreso parecen cada vez más interesados en reafirmar cierta autoridad del Congreso sobre la política comercial, aunque estos esfuerzos no lleguen a constituir una reforma integral.
Lincicome, Packard y Chad Smitson, de Cato, escribimos anteriormente sobre la legislación presentada por el senador Ron Wyden (demócrata por Oregón) que, entre otras medidas, otorgaría al Congreso un papel central en la aprobación de los aranceles propuestos por el poder ejecutivo, derogaría las facultades arancelarias obsoletas y exigiría la aprobación del Congreso para cualquier acuerdo comercial negociado por el poder ejecutivo. En los últimos días, después de que la administración de Trump invocara la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer aranceles adicionales a 60 países, se han presentado otros proyectos de ley con objetivos similares, aunque menos amplios, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Estas propuestas más recientes también invalidan los aranceles impuestos por la administración en virtud de estas facultades ejecutivas y prevén reembolsos sin demoras a los importadores que ya hayan pagado estos impuestos, abordando así otras inquietudes planteadas anteriormente por los expertos del Instituto Cato.
El 27 de agosto, inmediatamente después de que Canadá anunciara aranceles de represalia en respuesta a la aplicación por parte de la administración de los aranceles de la Sección 338 sobre $5 mil millones en productos canadienses, el representante Brad Schneider (demócrata de Illinois), junto con los senadores Kirsten Gillibrand (demócrata de Nueva York) y Peter Welch (demócrata de Vermont), presentaron la Ley para la Prohibición de Aranceles Obsoletos y la Aplicación de Gravámenes Equitativos en Estados Unidos (BAD DEAL). El proyecto de ley deroga la Sección 338, invalida retroactivamente los aranceles de la administración Trump contra Canadá y ordena a la administración que reembolse a los importadores que hayan pagado cualquier arancel cobrado en virtud de esta ley. El alcance del proyecto de ley se limita a la Sección 338, y podría decirse que le otorga al presidente demasiada flexibilidad en cuanto a los reembolsos arancelarios (es decir, el proyecto de ley solo ordena al presidente que "tome las medidas que sean necesarias para disponer" los reembolsos). Sin embargo, esta simplicidad también significa que el proyecto de ley se mantiene enfocado en sus objetivos principales: derogar la ley y los aranceles impuestos a través de ella, y reembolsar a las empresas que han pagado estos aranceles.
Un segundo proyecto de ley, presentado por el senador Chuck Schumer (demócrata de Nueva York) el 1 de septiembre, utiliza una formulación igualmente sencilla, pero va más allá. La Ley para Poner Fin a los Aranceles de Trump no solo deroga la Sección 338 con efecto retroactivo, sino que también hace lo mismo con respecto a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La administración de Trump había invocado esta ley para imponer un arancel "global" del 10 por ciento inmediatamente después de que la Corte Suprema anulará los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). También invalida los aranceles por "trabajo forzado" de entre el 10 y el 12,5 por ciento impuestos por la administración de Trump en virtud de la Sección 301, aunque no deroga por completo dicha ley. Quizás lo más destacado es que el proyecto de ley exige con mayor firmeza el reembolso de estos aranceles invalidados al ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que los emita automáticamente (es decir, sin que los importadores tengan que solicitarlos explícitamente) y en un plazo de 30 días, dando prioridad a las pequeñas empresas. Dadas las deficiencias que hemos identificado anteriormente en el proceso de reembolso de aranceles de la IEEPA, este enfoque en simplificar y agilizar los reembolsos futuros es bienvenido.
Para ser claros, ninguno de los proyectos de ley aborda todos los problemas que los académicos de Cato han planteado sobre las facultades arancelarias del poder ejecutivo. A diferencia de la Ley de Reforma de las Facultades Comerciales del Congreso de 2026 del senador Wyden, ni el proyecto de ley de Schumer ni el de Schneider abordan la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974 ni la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 —a pesar de que la administración ha recurrido cada vez más a esta última ley para imponer aranceles por "seguridad nacional" a artículos de uso cotidiano que a la mayoría de los estadounidenses les costaría, sin duda, relacionar con los imperativos de defensa de la nación. Aunque el proyecto de ley del senador Schumer deroga los aranceles de la Sección 301 relacionados con el "trabajo forzado", no menciona otros aranceles que actualmente se cobran en virtud de esa ley (por ejemplo, sobre las importaciones de Brasil), ni propone medidas de protección adicionales para prevenir abusos futuros. Y ninguno de los dos proyectos de ley aborda la legalidad de los "acuerdos comerciales recíprocos" negociados por la administración sin el consentimiento del Congreso. En resumen, los proyectos de ley de Schumer y Schneider envían un mensaje contundente de desaprobación hacia los aranceles más recientes de Trump —y reconocen los daños que causan a los estadounidenses que consumen productos importados—, pero son (al menos por ahora) poco contundentes en cuanto a cambios en algunos de los mecanismos legales que sustentan los aranceles más expansivos de la administración.
Dicho esto, el hecho de que cada vez más legisladores no solo se estén pronunciando en contra del abuso presidencial de las facultades arancelarias, sino que de hecho estén presentando proyectos de ley para limitar este abuso y reafirmar parte de la autoridad del Congreso sobre aranceles y comercio, según el Artículo I, es una buena noticia en sí misma. Además, el hecho de que los demócratas estén detrás de estos proyectos de ley indica que los aranceles son un lastre político —una valoración confirmada por los datos de las encuestas— y que el partido podría incluso estar reconsiderando parte de su escepticismo de décadas hacia la liberalización comercial. Es poco probable que alguno de los proyectos de ley analizados aquí logre la mayoría a prueba de veto necesaria para convertirse en ley, pero sus propuestas deberían inspirar un esfuerzo más ambicioso y integral —e, idealmente, bipartidista— para eliminar aranceles costosos e injustificados, compensar a los estadounidenses que se han visto perjudicados por ellos y reformar las leyes que actualmente otorgan al poder ejecutivo una discrecionalidad desmesurada sobre la política arancelaria.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 3 de septiembre de 2026.