Cómo proteger a los consumidores de electricidad y apoyar el desarrollo de centros de datos

En julio, Reuters y Politico informaron que la Casa Blanca planea ampliar el Compromiso de Protección a los Consumidores al alentar a las empresas de servicios públicos, a los desarrolladores de centros de datos y a los gobernadores republicanos a sumarse a la iniciativa. El compromiso se basa en un principio sencillo: las empresas tecnológicas que impulsan el auge de la inteligencia artificial deberían pagar el costo total de la infraestructura eléctrica que necesitan, en lugar de trasladar esos costos a las familias estadounidenses.

Ese es el objetivo correcto. El siguiente paso es encontrar una política que realmente lo logre.

La preocupación pública por los centros de datos ha crecido rápidamente, impulsada no tanto por la oposición a la inteligencia artificial como por el temor a facturas de electricidad más altas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió recientemente imponiendo una moratoria estatal a la construcción de nuevos centros de datos. Otros estados están considerando restricciones similares. Independientemente de si esas preocupaciones están justificadas o no, la realidad política es clara: si los políticos no pueden proteger a los consumidores del aumento de los costos, terminarán protegiéndolos frenando el desarrollo.

Estados Unidos necesita una mejor opción. La administración de Trump debería impulsar reformas que logren ambos objetivos a la vez: acelerar la infraestructura de IA y, al mismo tiempo, garantizar que las familias estadounidenses nunca tengan que subsidiar el desarrollo. La electricidad regulada por los consumidores (CRE) ofrece exactamente esa solución al permitir que los desarrolladores construyan y operen redes eléctricas totalmente privadas fuera de la red regulada tradicional.

El sistema eléctrico actual obliga a casi todos, desde propietarios de viviendas hasta centros de datos a hiperescala, a depender de la misma red. Ese modelo único cada vez sirve menos a ambos grupos. Los grandes clientes pueden esperar una década o más para recibir el servicio, mientras que los usuarios comunes temen que la expansión de la red para nuevas cargas industriales masivas acabe por aumentar sus propias facturas.

La CRE separa esos intereses en lugar de obligarlos a coincidir. Bajo este modelo, los desarrolladores que necesitan enormes cantidades de electricidad financiarían, construirían y operarían nuevos sistemas. Y estas nuevas redes podrían atender a cualquier número de nuevos clientes. Los desarrolladores asumirían el riesgo de inversión y negociarían contratos privados con los nuevos clientes, quienes recibirían electricidad sin tener que esperar años a que se apruebe a través del proceso regulatorio existente. Igualmente importante es que a los hogares conectados a la red pública no se les pediría que financien infraestructura construida para el negocio de otra persona.

Esa distinción es lo que hace que el CRE sea superior a las propuestas que exigen a los reguladores determinar con precisión qué parte de cada mejora de la red deben pagar los centros de datos. Esos debates se convierten rápidamente en disputas sobre la asignación de costos. Las empresas de servicios públicos, los clientes industriales, los defensores de los consumidores y los reguladores terminan discutiendo sobre quién debe pagar las inversiones en la red, que son cada vez más complejas.

El CRE evita por completo esa disputa. En lugar de pedir a los reguladores que dividan los costos a posteriori, permite a los inversionistas privados construir infraestructura separada con su propio capital desde el principio. El resultado es una mayor certeza tanto para los consumidores como para los desarrolladores, las empresas de servicios públicos y los responsables de políticas.

Quizás lo más importante es que el CRE comienza a impulsar a la industria eléctrica hacia algo de lo que ha carecido durante casi un siglo: una competencia institucional significativa.

La mayoría de las industrias estadounidenses mejoran porque los emprendedores tienen libertad para experimentar. Las empresas desarrollan nuevas tecnologías, modelos de negocio y métodos de producción utilizando capital privado, al tiempo que asumen las consecuencias del éxito o el fracaso. La electricidad, por el contrario, sigue organizada en torno a estructuras regulatorias diseñadas cuando se pensaba que los monopolios eran la única forma práctica de suministrar energía.

Esa suposición merece una revisión. El período más transformador en la historia de la electricidad ocurrió antes de que el modelo regulatorio actual tomara forma por completo. A finales del siglo XIX, inventores como Thomas Edison y Nikola Tesla compitieron para desarrollar mejores formas de generar y distribuir electricidad. Fueron las tecnologías en competencia, y no la planificación centralizada, las que sentaron las bases del sistema eléctrico moderno.

La CRE vuelve a crear espacio para ese tipo de experimentación. Las empresas podrían probar nuevos enfoques en materia de generación, confiabilidad, almacenamiento y diseño de redes sin imponer riesgos a los usuarios cautivos. Las ideas fallidas permanecerían aisladas. Las exitosas podrían difundirse por todo el sector.

Los beneficios van más allá de lo económico. La red eléctrica de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más interconectada, lo que permite que las interrupciones se propaguen en cascada a través de amplias regiones geográficas. A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más sofisticadas, concentrar la infraestructura crítica en un puñado de redes masivas y sincronizadas genera vulnerabilidades. Un futuro con múltiples redes eléctricas financiadas con capital privado sería más diverso, más adaptable y, en última instancia, más resiliente.

Afortunadamente, esta visión no requiere desmantelar la red existente. El Congreso puede aclarar que las redes eléctricas intraestatales totalmente privadas quedan fuera del alcance de muchas de las leyes federales que rigen los servicios públicos tradicionales, mientras que los estados pueden establecer límites legales claros entre los servicios públicos y los proveedores privados fuera de la red. Nuevo Hampshire, Ohio y Utah ya han comenzado a avanzar en esta dirección.

La Casa Blanca merece reconocimiento por reconocer que la infraestructura de IA no debe construirse a costa de los contribuyentes estadounidenses. Pero proteger plenamente a los consumidores exige más que una promesa: requiere brindar a las empresas otra forma de construir.

Los centros de datos pueden ser los primeros beneficiarios de la CRE, pero no serán los últimos. La mayor oportunidad radica en un sector eléctrico que se vuelva más ágil, más innovador y más competitivo, gracias a que los emprendedores vuelvan a tener libertad para construir nuevos tipos de redes con su propio capital y asumiendo su propio riesgo. Así es como Estados Unidos construyó muchas de sus industrias más exitosas, y así es como podemos garantizar que la próxima generación de infraestructura energética proteja a los consumidores al tiempo que impulse las tecnologías del futuro.

Michael Abi-Nader, investigador asociado de Cato, y Sam McNamee, pasante de Cato, contribuyeron a este artículo.