La política sobre el tabaco debería reflejar el mundo tal como es
Jeffrey A. Singer y Caleb O. Brown sostienen que las alternativas libres de humo que podrían ayudar a los adultos a dejar el tabaco combustible siguen provocando un pánico político desproporcionado en comparación con las verdaderas implicaciones para la salud pública.
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Por Jeffrey A. Singer y Caleb O. Brown
Si los informes son correctos y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, renunció bajo presión de la Casa Blanca para que se aprobaran productos de vapeo con nicotina y sabores, este episodio dice mucho sobre el estado de la política estadounidense sobre el tabaco. Los cigarrillos siguen siendo legales, omnipresentes y extraordinariamente mortales. Sin embargo, las alternativas libres de humo que podrían ayudar a los adultos a dejar el tabaco combustible siguen provocando un pánico político desproporcionado en comparación con las verdaderas implicaciones para la salud pública.
Hay algo profundamente poco serio en la forma en que Washington habla de la nicotina. Los cigarrillos, los productos más peligrosos de la categoría, siguen estando ampliamente disponibles. Las alternativas sin humo, sin embargo, suelen ser tratadas como si su mera existencia fuera inaceptable. Esa desconexión ha alimentado un debate regulatorio que, con demasiada frecuencia, está impulsado por el pánico moral hacia la nicotina en lugar de por los resultados.
El debate se ha alejado mucho de una política de salud pública basada en resultados.
La reciente aprobación por parte de la FDA de varios productos sin humo con sabor ha desatado la indignación de los sectores de siempre, y los críticos argumentan que cualquier vía legal para las alternativas con sabor es intrínsecamente imprudente. El senador Dick Durbin (Demócrata de Illinois) publicó en X que "estos productos crean adicción en los niños y los exponen a sustancias químicas nocivas".
Un fumador adulto parado en el mostrador de una tienda de conveniencia no se enfrenta a un debate político abstracto. Esa persona se enfrenta a decisiones reales: seguir fumando cigarrillos, comprar un producto ilícito de origen incierto o probar una alternativa legal que ha sido sometida a revisión. Cualquier sistema regulatorio que ignore esas decisiones del mundo real pierde contacto con la realidad.
La norma de salud pública que creó el Congreso reconoce precisamente esa realidad. Se supone que la FDA debe evaluar los efectos en la población en su conjunto, no fingir que los fumadores adultos no existen. Eso exige que los reguladores sopesen los riesgos para los jóvenes, al tiempo que tienen en cuenta los posibles beneficios de alejar a los fumadores adultos de los cigarrillos combustibles, que siguen siendo excepcionalmente letales.
Los estudios sugieren que los cigarrillos electrónicos con nicotina son las herramientas más efectivas para dejar de fumar. Las encuestas a fumadores adultos revelan que les resulta más fácil dejar de fumar con cigarrillos electrónicos con sabores. Gran parte de la evidencia sugiere que el vapeo ha desplazado, en lugar de aumentar, el consumo de tabaco entre los jóvenes. Las tasas de tabaquismo juvenil cayeron drásticamente durante el auge de los cigarrillos electrónicos, y tanto el tabaquismo como el vapeo entre los jóvenes han disminuido en los últimos años, alcanzando un mínimo histórico en 2025.
Un sistema regulatorio confiable requiere una vía legal y basada en la ciencia para la revisión adecuada de los productos libres de humo.
Sin esa vía, el mercado se traslada a la clandestinidad. Los productos no autorizados siguen inundando las tiendas de conveniencia, las gasolineras y los vendedores en línea. A los adultos les quedan menos opciones reguladas, y se vuelve más difícil hacer cumplir las medidas de protección para los jóvenes. En este escenario, el gobierno da a entender que cumplir con la ley es cosa de tontos, mientras que el mercado ilícito dicta las reglas.
Pocos apoyarían permitir que los niños tengan acceso a productos con nicotina. Por eso son importantes la aplicación estricta de la ley, las medidas de verificación de edad, las restricciones de mercadotecnia y la responsabilidad de los minoristas. Pero las políticas públicas para adultos no deben basarse en normas diseñadas para menores. Tampoco debe consistir la respuesta en borrar todas las distinciones entre productos legales e ilegales o entre cigarrillos combustibles y alternativas sin humo. La salud pública no se promueve fingiendo que esas diferencias carecen de importancia.
Gran parte de este debate se ha convertido en una cuestión de imagen y mensajes morales. Si apoyas una vía legal para las alternativas sin humo, te acusan de no preocuparte por los niños. Si sugieres que los adultos deberían tener acceso a opciones de menor riesgo, te tratan como si hubieras abandonado por completo la salud pública. Ese enfoque puede generar aplausos e indignación, pero no sustituye a la formulación seria de políticas.
Los adultos que fuman merecen un sistema que sea honesto, coherente y basado en la evidencia. Necesitan un gobierno que pueda distinguir entre los productos que cumplen con los estándares legales y los que no. Y necesitan responsables políticos dispuestos a admitir que reducir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo a veces requiere adoptar soluciones imperfectas que, sin embargo, son mejores que el statu quo.
Se debe juzgar a la FDA por si construye un sistema que proteja a los jóvenes, respete la ley y ofrezca a los fumadores adultos una vía realista para alejarse de los cigarrillos combustibles. Así es como se ve una regulación seria.
El país necesita políticos dispuestos a enfrentar las realidades del consumo de nicotina, el comportamiento de los consumidores y los mercados ilícitos.
Este artículo fue publicado originalmente en Washington Examiner (Estados Unidos) el 7 de junio de 2026.