Una propuesta de aprobación previa de la IA podría dar a Washington un "interruptor de emergencia" sobre la libertad de expresión y la innovación

Los informes indican que la Casa Blanca está considerando un decreto presidencial para crear un nuevo grupo de trabajo encargado de regular la inteligencia artificial (IA) que "examinaría posibles procedimientos de supervisión". Este grupo tendría la tarea de diseñar un sistema para que el gobierno "apruebe" los modelos más avanzados antes de que puedan lanzarse al mercado. La veracidad de los riesgos asociados a los modelos de IA más avanzados no está clara, pero el control estatal o una regulación excesiva de la tecnología supondrían riesgos significativos para la innovación y la libertad de expresión. Tal enfoque abriría la puerta a un nivel de control estatal que podría conducir a la captura regulatoria, a restricciones a la libertad de expresión y a la instrumentalización general del poder estatal para castigar a las empresas políticamente desfavorecidas.

El requisito de aprobación previa al lanzamiento fue criticado por ser excesivo y anticompetitivo cuando se incluyó en la orden ejecutiva de la administración Biden sobre IA. Si la administración Trump lleva a cabo tal requisito, suscitará preocupaciones similares y representará un cambio drástico respecto al enfoque de mano suave que la administración ha favorecido con respecto a esta tecnología emergente.

Según informes adicionales, la Casa Blanca había estado trabajando en nuevas medidas centradas en la seguridad antes del lanzamiento de los modelos recientes de Anthropic y OpenAI, pero los esfuerzos parecen haberse acelerado después de que estos modelos plantearan preocupaciones adicionales sobre la ciberseguridad. Las últimas descripciones incluso lo denominan una aprobación tipo "FDA para la IA". Esto abandonaría el enfoque que ha llevado a la tecnología estadounidense a florecer y lo reemplazaría por un marco que agobia la innovación con una burocracia estancada y una serie de otros problemas.

Las preocupaciones sobre la ciberseguridad son válidas, pero la aprobación previa del gobierno conlleva importantes compensaciones. Es probable que las políticas alternativas sean más capaces de equilibrar los riesgos legítimos de ciberseguridad, al tiempo que evitan el enfriamiento de la libertad de expresión y la innovación que implicaría la aprobación previa obligatoria.

Un enfoque prescriptivo y de arriba hacia abajo, en el que la Casa Blanca controle el mercado, sometería a una industria en desarrollo a un control sin precedentes impulsado por los caprichos del poder ejecutivo. Esto no solo causaría un daño tremendo a la innovación tecnológica y económica, sino que, en el caso de un producto expresivo como la IA, probablemente pisotearía los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Ese poder podría abusarse fácilmente no solo para favorecer a ciertas empresas, sino incluso para ejercer presión o censura al controlar qué información puede producir un modelo.

Acontecimientos recientes, como la disputa entre Anthropic y el Pentágono, han demostrado que la controversia entre el gobierno y los innovadores sobre lo que debe hacer su modelo no es meramente hipotética. Si bien este caso se limitó a la aplicación de un modelo de IA en el ámbito de la defensa, fue un ejemplo perfecto de cómo el gobierno puede invocar la regulación para tomar represalias contra una empresa por decisiones de diseño con las que no está de acuerdo, particularmente si dichas empresas deben solicitar la aprobación del gobierno antes del lanzamiento. No sería descabellado creer que, si se le otorga a la Casa Blanca el poder de manipular ampliamente el mercado de la IA, probablemente lo ejercerá con fines políticos.

Si una administración considera que un modelo es "demasiado progresista", "sesgado" o que difunde información errónea o desinformación, ahora tendría el poder de impedir su lanzamiento. Es probable que el establecimiento de un régimen de aprobación previa a la comercialización limite considerablemente la libertad de expresión, ya que las empresas evitarán ahora llamar la atención política de la administración en el poder para prevenir cualquier conflicto político que pudiera influir en el proceso de aprobación.

La instauración de un proceso de revisión obligatorio también dañaría gravemente y ralentizaría la innovación tecnológica. Como algunos han señalado, el gobierno tendrá un incentivo para actuar con lentitud en lugar de con agilidad, y un desincentivo activo para aprobar modelos. Esto podría poner a las empresas estadounidenses en el tipo de desventaja global a la que suele enfrentarse Europa, donde las empresas llevan mucho tiempo teniendo que solicitar primero la aprobación del gobierno. Los incentivos políticos empujan entonces al gobierno a exigir a los desarrolladores de IA que demuestren que un modelo es seguro, en lugar de demostrar que no tiene fallas evidentes. Este es un umbral significativamente más alto que, sin duda, tomará más tiempo superar, lo que retrasará el lanzamiento de nuevas funciones y podría dejar menos productos disponibles o productos más desactualizados. En lo que respecta a las preocupaciones de seguridad subyacentes en torno a la IA, existen alternativas menos restrictivas.

Es posible que la administración ya esté considerando algunas. Por ejemplo, recientemente, varias empresas pioneras en IA acordaron voluntariamente compartir información que permitiría al Centro para las Normas e Innovación en IA (CAISI) probar y revisar sus modelos para identificar posibles riesgos y capacidades relacionados con la seguridad, sin que el gobierno tenga la última palabra en la aprobación o rechazo. Estos acuerdos voluntarios para la revisión gubernamental y la auditoría de seguridad de los modelos de IA permiten una revisión independiente por parte de terceros de las afirmaciones de las empresas en materia de seguridad. Sin embargo, no deberían dar lugar a que el gobierno sea el árbitro definitivo en el desarrollo de la tecnología, como ocurre con los riesgos de la aprobación previa obligatoria.

Es importante señalar que, a día de hoy, los modelos de vanguardia no están completamente desregulados ni carecen de supervisión. Como se mencionó anteriormente, el CAISI ya puede celebrar acuerdos voluntarios con empresas dispuestas a someter sus pruebas de seguridad a auditorías independientes. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) ya ha publicado un marco de gestión de riesgos de IA (RMF), un documento de orientación que comparte las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos de IA para desarrolladores e implementadores. Al mantener un carácter voluntario, el NIST ha reunido a las empresas para crear un documento en rápida evolución más adecuado para reflejar el rápido ritmo de cambio de la industria, lo que convierte al RMF en una valiosa herramienta de gobernanza de "derecho indicativo". Pero todas estas herramientas son significativamente menos extremas que la aprobación estatal previa a la comercialización.

Establecer un régimen de revisión o de licencias previo al lanzamiento para las empresas de IA otorgaría al gobierno, en particular al poder ejecutivo, un control significativo sobre las tecnologías de IA que podría obstaculizar la innovación o controlar la expresión. Los costos del desarrollo tecnológico y económico serían onerosos. Pero el impacto que podría tener en la creación de contenido y discursos impulsados por la IA podría ser aún peor.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 6 de mayo de 2026.