La Primera Enmienda protege el derecho a prestar asesoramiento jurídico básico
Thomas A. Berry, Dan A. Greenberg y Alexander Xenos dice que Nueva York prohíbe el ejercicio ilegal de la abogacía (UPL). Sin embargo, la aplicación excesivamente estricta que Nueva York hace de sus leyes sobre el UPL podría acabar con una innovadora organización sin ánimo de lucro y, con ello, agravar aún más la crisis de acceso a la asistencia jurídica.
Por Thomas A. Berry, Dan A. Greenberg, y Alexander Xenos
Al igual que todos los estados, Nueva York prohíbe el ejercicio ilegal de la abogacía (UPL). Sin embargo, la aplicación excesivamente estricta que Nueva York hace de sus leyes sobre el UPL podría acabar con una innovadora organización sin ánimo de lucro y, con ello, agravar aún más la crisis de acceso a la asistencia jurídica. Ahora, la Corte Suprema tiene la oportunidad de examinar un importante recurso basado en la Primera Enmienda que reivindicaría el derecho a prestar asesoramiento jurídico básico y proporcionaría un alivio crucial en el acceso a la justicia.
En las acciones por deudas de consumo, Nueva York permite a los demandados por presuntas deudas impagadas utilizar un formulario de contestación de una página, creado por el estado, que agiliza las respuestas mediante una serie de casillas de verificación. La organización sin ánimo de lucro Upsolve pretende formar a voluntarios no abogados para que ayuden a personas con bajos ingresos a rellenar estos formularios sin costo alguno. Esos voluntarios no representarían a nadie ante las cortes ni redactarían documentos legales. Solo quieren hablar para ofrecer asesoramiento básico sobre cómo rellenar el formulario. Sin embargo, el régimen de UPL de Nueva York tipifica como delito esta comunicación porque constituye asesoramiento jurídico individualizado, convirtiendo una conversación en un delito basándose únicamente en su contenido.
Las leyes de UPL de Nueva York se basan íntegramente en el contenido del discurso. Si Upsolve y sus voluntarios asesoran a alguien sobre estrategias financieras para gestionar la deuda, eso es legal; si asesoran a alguien sobre las implicaciones legales de la deuda o la supuesta deuda, eso es un delito. La corte de distrito sostuvo que esta restricción del discurso basada en el contenido da lugar a un "escrutinio estricto", la forma más escéptica de revisión judicial. Y ella corte de distrito bloqueó la aplicación de las leyes de UPL de Nueva York contra Upsolve, sosteniendo que las justificaciones de las leyes en este contexto no satisfacían el escrutinio estricto. Pero el Segundo Circuito revocó la decisión, sosteniendo que solo debía aplicarse un "escrutinio intermedio" porque las leyes de UPL regulan en función del "propósito, enfoque y circunstancias" del discurso, más que de su contenido.
Ahora, Upsolve ha solicitado a la Corte Suprema que admita su caso, y Cato ha presentado un escrito amicus curiae en apoyo de dicha petición.
Nuestro escrito plantea cuatro puntos clave. En primer lugar, explicamos que la restricción de Nueva York se basa en el contenido según la jurisprudencia establecida. El Noveno Circuito cometió un error al sostener que las leyes UPL son neutrales en cuanto al contenido porque se centran en el "propósito, enfoque y circunstancias" del discurso. Ese razonamiento crea una distinción sin diferencia: permitiría a los estados suprimir el discurso sobre cualquier tema sujeto a la licencia profesional. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ese enfoque en un dictamen anterior, National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra (2018), explicando que el discurso no recibe menos protección constitucional por el mero hecho de que lo pronuncie un profesional o se refiera a un ámbito regulado. La norma del Segundo Circuito amenaza las protecciones de la Primera Enmienda mucho más allá de la profesión jurídica. Cualquier profesión regulada podría invocar el mismo marco para suprimir la expresión indeseada mientras alega que regula la conducta. Pero no existe un escudo de la licencia profesional frente al escrutinio de la Primera Enmienda.
En segundo lugar, presentamos el contexto de elección pública que hace que este caso sea importante. Las restricciones al ejercicio no autorizado de la abogacía fueron defendidas históricamente por abogados ya establecidos que buscaban limitar la competencia. Este caso ejemplifica cómo la licencia profesional puede servir como un mecanismo para la búsqueda de rentas en lugar de para la protección del consumidor. En tercer lugar, documentamos la crisis de acceso a la justicia que estas restricciones provocan. Millones de estadounidenses se enfrentan a problemas legales civiles sin ayuda profesional, y programas como el de Upsolve son precisamente el tipo de innovación que tales prohibiciones categóricas reprimen. La crisis de cobro de deudas en la ciudad de Nueva York demuestra que la ciudad necesita especialmente los servicios de Upsolve.
Este caso, en resumen, se basa en la doctrina clara de la Primera Enmienda: cuando una ley prohíbe la libertad de expresión en función del tema o el mensaje expresado, se trata de una restricción basada en el contenido sujeta a un escrutinio estricto. El Gobierno no puede eludir el escrutinio estricto que exige esta restricción caracterizándola como dirigida al "propósito" o la "función" de la expresión.
La Corte Suprema debería admitir a trámite el recurso y dejar claro que la libertad de expresión no pierde la protección de la Primera Enmienda por el mero hecho de referirse al asesoramiento profesional.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 18 de marzo de 2026.