La reforma laboral de Argentina es un paso en la dirección correcta

El 27 de febrero, tras la votación de la Cámara de Diputados la semana pasada, el Senado argentino aprobó un nuevo proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un país donde los costos laborales superan el promedio de la OCDE en más del 50% y la informalidad afecta a más del 40% de los trabajadores, la nueva ley tiene por objeto reducir el costo del empleo formal.

Con ese fin, la reforma laboral de Milei reduce en un 85% los impuestos a los empleadores que contraten formalmente a nuevos trabajadores, siempre que estos últimos estuvieran previamente desempleados o fueran antiguos empleados del sector público. Esto se aplica si el empleador realiza la contratación en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley y durante un máximo de cuatro años. Hasta ahora, los empleadores pagaban un 16,1% adicional sobre el salario del empleado a la seguridad social y a los programas de prestaciones sociales. A partir de ahora, esa cifra se reducirá al 2%.

Además de reducir el costo de la contratación, el proyecto de reforma laboral también reduce el costo del despido. La legislación argentina exige el pago obligatorio de una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio. La nueva ley mantiene este sistema, pero limita el cálculo de estos pagos para incluir solo el salario base del empleado, excluyendo así las vacaciones no disfrutadas y cualquier bonificación, incluido el aguinaldo, un salario extra exigido por ley que se paga cada año en dos plazos.

La nueva ley laboral también ofrece más certeza en caso de litigio judicial sobre una indemnización por despido, un fenómeno tan extendido en Argentina que se conoce como "industria del juicio". Según una estimación de 2025, en Argentina hay 21 veces más demandas por despido que en Chile y 15 veces más que en España. Hasta ahora, correspondía a los jueces decidir cuánto interés se pagaría una vez resuelta la disputa, lo que, una y otra vez, daba lugar a notorios fallos en los que se congelaban los activos de los propietarios de pequeñas empresas porque las indemnizaciones por despido superaban sus ingresos. Ahora, la ley determina que estos pagos se indexarán a la inflación y se les añadirá un 3% de interés anual.

Para ayudar a las empresas a gestionar las indemnizaciones por despido, la nueva ley también establece un fondo de indemnización opcional, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La idea es que los empleadores puedan optar por participar en el sistema pagando contribuciones mensuales al FAL para poder utilizar estos fondos en caso de despido. Si deciden hacerlo, pagarán menos impuestos sobre la nómina como compensación. De esta manera, las indemnizaciones por despido no saldrían necesariamente de los ingresos operativos, lo que reduciría la amenaza de quiebra para las pequeñas empresas.

La nueva ley laboral también introduce cambios en el lugar de trabajo mediante los cuales los trabajadores ganan más autonomía y los sindicatos pierden algunos de los privilegios legales que les proporcionaban poder de negociación. Por ejemplo, la nueva ley permite a los empleadores y a los empleados negociar aumentos salariales a nivel individual, eludiendo así los convenios colectivos. También permite a los empleados que trabajan horas extras tomarse ese tiempo libre en una fecha posterior, así como permitir que los salarios se paguen en dólares estadounidenses en lugar de solo en pesos, todo lo cual estaba prohibido antes de la reforma. El proyecto de ley también establece límites al tiempo que las actividades sindicales pueden ocupar en la empresa.

El proyecto de reforma laboral también desregula determinadas profesiones al derogar leyes que regulaban cómo se debía trabajar. Estas leyes derogadas se aplicaban a determinadas profesiones, como la de vendedor ambulante. El Estatuto del Periodista, por ejemplo, no solo concedía licencias a los periodistas, sino que también establecía la prohibición de que los extranjeros pudieran dirigir un medio de comunicación, entre otras restricciones. Algunas de estas leyes también se aplicaban a todos los trabajadores en situaciones específicas, como la Ley de Teletrabajo en el caso del trabajo virtual, que imponía regulaciones estrictas que desalentaban la adopción del trabajo a distancia.

Por último, pero no menos importante, la nueva ley laboral incluye también algunas reducciones fiscales indirectas para las empresas, la más significativa de las cuales es el Régimen de Incentivos para Inversiones Medianas. La ley permite esencialmente una amortización acelerada para el cálculo del impuesto sobre la renta y una devolución más rápida del IVA en inversiones superiores a 150.000 dólares para las pequeñas empresas. Se trata de una ampliación limitada de otra ley (conocida por sus siglas en español, RIGI), que el Congreso aprobó en 2024 para ofrecer incentivos fiscales durante dos años a las inversiones superiores a 200 millones de dólares, y que recientemente se ha prorrogado por un año más. Hasta ahora, Argentina ha conseguido más de 25.000 millones de dólares en inversiones a través de un total de diez proyectos gracias al RIGI.

La nueva ley argentina es un paso en la dirección correcta, aunque se necesitarán más medidas para liberalizar completamente el mercado laboral. En ese sentido, el primer borrador del proyecto de ley incluía inicialmente modificaciones que tuvieron que ser eliminadas durante las negociaciones, ya que Milei no cuenta con mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entre ellas figuraban la eliminación de las cotizaciones obligatorias a los sindicatos y la implantación de un sistema menos oneroso para los empleadores en caso de baja por enfermedad, ambas medidas abandonadas tras la fuerte presión de los sindicatos y la oposición.

Sin embargo, la aprobación del proyecto de ley de reforma laboral, solo unos meses después de la victoria de Milei en las elecciones de mitad de mandato en octubre, envía un mensaje positivo a los inversores. Ahora se espera que la administración Milei impulse una reforma fiscal y, posiblemente, una reforma de la seguridad social. Es probable que las negociaciones sean difíciles en ambos casos, pero Milei tiene el impulso a su favor.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 28 de febrero de 2026.