Todo vale

Un problema central en el desarrollo económico de naciones con instituciones débiles es que los derechos de propiedad no están bien protegidos. Esto genera incertidumbre en torno al cumplimiento de los contratos, reparos en torno a las grandes inversiones de mediano y largo plazo y conflictos —muchas veces violentos— en torno a recursos cuya propiedad está en cuestión. La gran excepción es la dolarización en el ámbito monetario, que protege los derechos de propiedad de los ecuatorianos sobre su dinero. 

En Ecuador gastamos gran parte de nuestra atención en luchas inacabables sobre quién tiene derecho a explotar los recursos naturales, cómo, cuándo y dónde. El resultado de esto es que se ha solido presumir que lo mejor es que sea del Estado el que lo haga todo, entendiéndose que así serán los beneficios “de todos”; pero estos en la práctica son privatizados por quienes capturan rentas del sector público y tienen los incentivos de ordeñar estos recursos “de todos” mientras dure su paso por el puesto. Un régimen de discrecionalidad política provee menos certeza que uno basado en reglas y entonces no se hacen las inversiones que aumentarían la productividad, sino que se explota al máximo lo que se pueda hoy. El resultado es deplorable. El país sufre de un atraso considerable en inversiones en sectores de servicios públicos, petrolero y minero. 

Esta historia se repite una y otra vez en otros ámbitos. Los trabajadores no son dueños de su ahorro, que es monopolizado por el IESS, institución a través de la cual generaciones de políticos los han manejado a discreción, como una caja chica del gobierno central. La Reserva Internacional, cuyos dueños son mayoritariamente los depositantes en el sistema financiero, recurrentemente es percibida por políticos como un chanchito cebado que es “de todos” y que por lo tanto debería ponerse a “mejor uso” por parte de… usted lo adivinó: ellos mismos. El dinero recaudado por el gobierno central, que es de los contribuyentes de cada localidad y que es concedido a cambio de servicios públicos, es percibido por las autoridades como suyo, y luego distribuye solo una parte como dádivas entre los Gobiernos Autónomos y Descentralizados (GADs). 

El resultado son inconsistencias que derivan en crisis recurrentes. En el caso de los ahorros de los trabajadores, ya sabemos que —dadas las condiciones actuales— no habrá dinero para honrar las promesas que generaciones de políticos les hicieron a los jubilados y los aportantes no tienen mayor incentivo de ahorrar dado que se ha mermado el vínculo entre los aportes y la pensión. En cuanto a la distribución de los recursos del fisco nacional, se distribuyen competencias y recursos sin la capacidad recaudatoria correspondiente, rompiéndose así el vínculo entre lo recaudado y el servicio público recibido. Así tenemos todos los incentivos perversos para aprovecharnos del sistema en cuanto podamos y no asumir responsabilidad individual.

Como decía el periodista francés Frédéric Bastiat: “Mientras se admita en principio que la ley puede ser apartada de su verdadera función, que puede violar la propiedad en lugar de protegerla, cada clase querrá hacer la ley, ya sea para defenderse de la expoliación, ya sea también para beneficiarse de ella”.^[1]