La tarjeta dorada de Trump es una buena idea, en teoría

Durante años, mi organización, el Instituto Cato, ha apoyado la idea de una categoría de visados basada en el precio. Una especie de "tarjeta dorada" o "gold card" en la que el inmigrante paga una tasa a cambio de un visado que le permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. De esta manera, se "crearía un sistema dinámico, basado en el mercado, en el mérito, relativamente más eficiente desde el punto de vista económico y autorregulado que serviría a la economía estadounidense en constante cambio", escribió mi colega Alex Nowrasteh en 2019.

Sin embargo, es probable que los intentos del presidente Donald Trump de establecer su propio programa de tarjetas doradas resulten infructuosos.

El 4 de abril, el presidente Trump reveló por primera vez su homónima "Tarjeta Dorada Trump", que planea vender a los inmigrantes por 5 millones de dólares a cambio de la residencia permanente legal en Estados Unidos a partir de pronto. Aunque Trump mostró una tarjeta real, eso podría ser lo más cerca de la realidad que llegará su propuesta. Vender la residencia legal a los inmigrantes tiene sus ventajas, pero la idea de Trump no encontrará adeptos.

El presidente Trump ha declarado que puede empezar a emitir tarjetas doradas en las próximas semanas y no va a pedir al Congreso que tome medidas. Pero para que la tarjeta dorada se haga realidad, debe superar dos obstáculos principales.

En primer lugar, el presidente carece de autoridad para conceder a los compradores de tarjetas doradas el estatus de residentes permanentes legales en Estados Unidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad enumera con precisión qué inmigrantes legales pueden obtener la codiciada "tarjeta verde", que denota el estatus de residente permanente.

Es más complicado determinar si alguien tendría legitimidad para demandar y detener la emisión de la tarjeta dorada de Trump (¿Quién podría alegar de forma plausible que se ve perjudicado por la inmigración de millonarios extranjeros?). En cualquier caso, la falta de autoridad legal alimenta el segundo gran problema: la falta de demanda de inmigrantes para una tarjeta verde de 5 millones de dólares.

Aunque el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirma que 37 millones de personas en todo el mundo podrían permitirse la tarjeta dorada —y Trump cree que puede vender un millón de tarjetas—, solo alrededor de 1,5 millones de no estadounidenses tienen un patrimonio neto (excluyendo su residencia principal) de 5 millones de dólares o más.

Numerosos economistas creen que convencer a este grupo de que se traslade a Estados Unidos sería muy beneficioso para el país. Pero estas personas con un elevado patrimonio neto no van a regalar simplemente toda su fortuna a Estados Unidos por la oportunidad de vivir aquí. Si están teniendo éxito financiero donde viven actualmente, es probable que tengan pocos motivos para mudarse. De hecho, el Congreso ha establecido un fuerte desincentivo: la legislación fiscal estadounidense.

Muchas personas con altos ingresos en el extranjero no querrán mudarse a Estados Unidos porque eso sometería sus ingresos en el extranjero a la fiscalidad estadounidense. Trump lo entiende, por lo que propone gravar a los titulares de la tarjeta dorada solo por los ingresos generados en Estados Unidos. Pero, una vez más, dejando de lado la cuestión de cómo se podría detener el plan, el presidente no puede cambiar la legislación fiscal estadounidense sin una ley del Congreso.

Si la falta de autoridad legal para llevar a cabo esta idea no es suficiente para disuadir a los posibles clientes de la tarjeta dorada de Trump —y debería serlo—, existen mejores opciones legales para este grupo, incluso si estuvieran dispuestos a mudarse. Las personas con un alto patrimonio neto pueden obtener fácilmente visados para visitar Estados Unidos durante un máximo de seis meses, manteniendo su residencia en otro lugar.

Si los individuos acaudalados realmente desean la residencia permanente aquí, tienen varias opciones mucho más fáciles. Por ejemplo, si tienen "reconocimiento nacional o internacional sostenido", podrían obtener una tarjeta verde EB-1A por habilidades extraordinarias. Si por alguna razón no tienen la notoriedad requerida, podrían fácilmente gastar una pequeña fracción de su riqueza para generar notoriedad.

También existe el visado de inversor EB-5. Con el EB-5, los inmigrantes pueden obtener la residencia permanente en Estados Unidos si invierten al menos 800.000 dólares en una zona rural o económicamente deprimida y crean 10 puestos de trabajo en dos años. El EB-5 no solo supone menos dinero, sino que los inversores recuperan su inversión. La tarjeta dorada sería, desde el punto de vista de la inversión, una pérdida del 100%.

En 2024, menos de 5.000 inversores solicitaron el EB-5. El presidente Trump sabe que el EB-5 es más fácil, por lo que planea poner fin a esta categoría. Por supuesto, poner fin a una categoría de tarjeta verde mediante un decreto ejecutivo es tan ilegal como crear una categoría de tarjeta verde, pero crearía partes perjudicadas que podrían demandar y, potencialmente, detener toda la política (incluidas las nuevas "tarjetas doradas" que sustituyen al EB-5).

Es probable que la emisión de las tarjetas doradas de Trump sea ilegal, que la modificación de la legislación fiscal sea ilegal y que la eliminación del visado para inversores EB-5 sea ilegal. Pero incluso suponiendo que el presidente consiga que el Congreso actúe o que pueda eludir la revisión judicial de sus acciones, pocos inmigrantes de alto valor entregarán su fortuna a Trump.

La escasa demanda que existe para la tarjeta dorada de Trump probablemente provendría de ricos empresarios chinos, saudíes y rusos que valoran la libertad en Estados Unidos por encima de su prosperidad bajo los regímenes tiránicos de sus países. Pero es probable que Trump reciba poco apoyo político dentro de su propio partido por alentar a estos grupos a emigrar a Estados Unidos. Por ejemplo, muchos republicanos ya han planteado objeciones a la inmigración EB-5 de chinos ricos por temor a dejar entrar a un comunista.

Por desgracia, Trump también está devaluando este beneficio potencial de la tarjeta dorada al revocar las tarjetas verdes a las personas que se oponen a sus opiniones en materia de política exterior. Esto significa que los clientes pagarían por una tarjeta que les permitiría trasladarse a Estados Unidos, pero que podría serles retirada en cualquier momento por disputas políticas con el presidente. Esto reducirá la confianza en dicha tarjeta dorada y socavará la demanda.

Si el Congreso decide intervenir, podría funcionar una versión ligeramente diferente de la tarjeta dorada. El presidente Trump quiere obtener 1 billón de dólares en ingresos, por lo que el Congreso debería fijar ese objetivo y reducir progresivamente la cantidad necesaria para obtener la tarjeta dorada hasta que la demanda sea suficiente para alcanzar el objetivo de ingresos. Un umbral más dinámico acabaría aumentando los ingresos y haría viable la idea de Trump. Esperemos que el presidente esté abierto a revisiones.

Este artículo fue publicado originalmente en Time (Estados Unidos) el 30 de abril de 2025.