¿Cómo se parece la Ley de Alivio por el COVID-19 a la Ley Patriota?

El Presidente Joe Biden parece determinado a aprobar su “Plan de Rescate Estadounidense” sin votos republicanos. Este es de $1,9 billones (“trillion” en inglés) o no sirve, dice él, encima de una ley de alivio por el coronavirus sin precedentes de $3 billones en marzo de 2020 y otra de $900 mil millones en diciembre, monto que todavía no se ha terminado de gastar. De hecho, los Republicanos no tienen suficiente apoyo para detener la ley. Pero el plan también está recibiendo críticas duras por parte de fuentes no-republicanas. Dos artículos importantes en el Washington Post a principios de febrero hacían un llamado a que el monto del plan sea reducido a las medidas comprensiblemente necesarias, dejando otros componentes del plan para que sean considerados mediante el proceso normal en el congreso de audiencias y debates.

Lawrence Summers, secretario de la Tesorería del Presidente Clinton y director del Consejo Económico Nacional del Presidente Obama, dio su opinión. Summers dijo que “las medidas que proveen una red de seguridad para aquellos que están sufriendo y la inversión en vacunas y pruebas” necesitan ser implementadas de manera inmediata. Pero advirtió que el tamaño total del paquete es de “al menos tres veces el tamaño del déficit en la producción” y por lo tanto seis veces el tamaño relativo de la ley de estímulo de Obama —la cual ya fue cuestionada por su clientelismo. Él advirtió que una inyección masiva de dinero prestado en la economía bien podría alentar la inflación y ciertamente desplazaría todavía más una lista de programas deseados por los Demócratas. Cuestionar la primera gran ley de la administración es algo poco popular entre muchos demócratas, y Politico reportó que el artículo está “siendo circulado en la izquierda como literatura prohibida”.

Mientras tanto, el antiguo reportero y columnista del Washington Post Steven Pearlstein, quien como Summers no es ningún devoto de Milton Friedman, lamentó que el “mensaje de disciplina” de los Demócratas estaba cubriendo “la exageración, la mala concepción y la lógica económica errónea”. Él también estaba de acuerdo con que “los fondos para realizar pruebas de coronavirus y vacunar en contra del virus, extender los beneficios de desempleo y la prohibición de desahucio, y obtener dinero para los restaurantes y otros negocios realmente pequeños” son “tan buenos y tan urgentes que podrían ser aprobados con el respaldo de ambos partidos”. Así que apruébenlos, dijo él, y dejen “las iniciativas de políticas públicas menos urgentes y más discutibles” tales como aumentar el salario mínimo y expandir el ingreso ganado, los créditos tributarios por niño y cuidados de niños a “audiencias extensas y un debate meditado” en lugar de aprobarlas “rápidamente en el Congreso mediante un voto que sigue la línea del partido” en nombre de una emergencia.

Pearlstein señala que el dinero que Biden está proponiendo para las escuelas y para los gobiernos de los estados y ciudades por sí solo es “más que el gasto discrecional anual de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, Justicia, Trabajo y Transporte combinados”. ¿Realmente es esto necesario?

Todo esto era acerca de lograr que la economía se recupere. Pero la manera de revivir la economía es detener la pandemia. Así que hay que acelerar las pruebas y especialmente las vacunas. Gastar prudentemente en programas que provean alivio, con la debita atención a las precauciones señaladas por Summers, Pearlstein y otros. 

Esta demanda de aprueben la ley ahora; es una emergencia es una vieja historia de Washington. El difunto y grandioso Bill Niskanen escribió en 2009 que había presenciado cuatro veces durante su vida profesional ocasiones en las “que el presidente había pedido o ejercido una autoridad sin precedentes y de manera expedita con poca o nula supervisión por parte del Congreso. Cada una de esas ocasiones anteriores resultaron ser un desastre”. Él citó la Resolución del Golfo de Tonkin que condujo hacia la Guerra de Vietnam, la “Nueva Política Económica” del Presidente Nixon que contenía controles de salarios y precios y el cierre de la ventana de oro, la resolución de la Guerra en Irak, y el Programa de Alivio para Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) de 2008.

Cuando Niskanen escribió eso, el jefe del personal de la Casa Blanca durante la administración de Obama Rahm Emanuel estaba declarando, “Nunca quiere que una crisis serie se desperdicie. A lo que me refiero es que es una oportunidad para hacer cosas que antes pensaba que no se podían”.

Eso es muchas veces cierto respecto de estas gigantescas leyes de emergencia que no reciben mucho escrutinio por parte del Congreso o la prensa. Gran parte de la Ley Patriota luego de los ataques del 11 de septiembre ha sido descrito como “una viaje lista de deseos por parte de los agentes de la fuerza y el orden que había sido rechazada anteriormente por el congreso, en algunos casos repetidas veces”. Como Gene Healy y Steven Horwitz escribieron en 2009, la ley de estímulo fue la Ley Patriota del Partido Demócrata, “una oportunidad de establecer una serie de programas variados que habían querido instaurar desde hace años atrás”. Robert Pear del New York Times la denominó “no solamente un paquete de incrementos de gasto y recortes de impuestos con la intención de catapultar a la nación fuera de la recesión. Para los Demócratas, también es una herramienta para reescribir el contrato social con los pobres, los que no tienen seguro y los desempleados, de maneras que desde hace mucho han deseado hacerlo”. Y, además: la asistencias a los distritos locales de escuelas, el entrenamiento en el trabajo, los rieles de alta velocidad (Amtrak), los alcantarillados en zonas rurales, la banda ancha, las computadores nuevas para la Seguridad Social, $90.000 millones para la “energía verde”. Una lista de deseos de grupos de intereses especiales y una bonanza para los lobbies. 

Y ahora llega el plan de Biden —el Plan de Rescate Estadounidense— nuevamente ofrecido en nombre de una emergencia e incluyendo otra lista de deseos de ítems que no han atravesado el proceso normal en el Congreso. Más allá de las medidas que de hecho están relacionadas al COVID-19 como los fondos para las pruebas, la vacunación, y las medidas de alivio —que podrían ser un monto demasiado alto, como argumenta Summers— el plan incluye un salario mínimo considerablemente más alto, nuevas normas para hacer cumplir las regulaciones OSHA (normas ocupacionales y de salud), una moratoria para los desahucios de dudosa constitucionalidad, un mayor financiamiento para los bonos de alimentos, y cientos de miles de millones de dólares que el gobierno federal no tiene para las empresas, los gobiernos tribales, el tránsito público, las escuelas locales y más.

En noviembre, hice un llamado al Presidente-electo Biden de que no se extralimite. Tiene un mandato obtuso de no ser como Trump y de abordar la pandemia, lo cual revivirá la economía. Si no me quiere escuchar, debería escuchar a Larry Summers, Steve Pearlstein y otros aliados que están urgiéndolo a que enfoque su plan en las preocupaciones inmediatas y los recursos disponibles del país.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 9 de febrero de 2021.