No hay marcha atrás

Cuando la dictadura de Primo de Rivera cayó en 1930, el intento de volver a la situación previa al golpe de estado fue imposible. Los intentos de restaurar la Constitución de 1876 y retornar al juego politico de la Restauración se saldaron con un estrepitoso fracaso. El Régimen fundado por Cánovas estaba agotado y fue incapaz de refundarse abordando una profunda reforma que respondiese a las necesidades del país. Así terminó un sistema lleno de defectos, sin duda, pero que había proporcionado a España estabilidad y libertad durante medio siglo. El resultado fue un cambio de régimen, la sustitución de la Monarquía constitucional por la República.

Esa referenda histórica tiene una extraordinaria importancia en estos momentos. España está en un punto de inflexión crítico, iniciado en 2019, y cuya evolución puede abocar a una mutación de Régimen: entendida esta por la configuración de un modelo institucional y económico muy diferente al pergeñado en 1978 y radicalmente distinto al existente en las democracias occidentales. Sus rasgos básicos son la eliminación-erosión de todos los oontroles efectivos al poder de la mayoría, la progresiva reducción de la esfera de autonomía de los individuos y de la sociedad civil y la sustitución delo que resta de economía de mercado por otra dirigida por el Gobierno.

El Estado de Derecho surgió para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder ab initio por parte del Ejecutivo, pero la evidencia española muestra que esa protección ha mostrado una extraordinaria debilidad ante la fusión de hecho entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria que le apoya, lo que ha abierto el camino hacia un neodespotismo en el cual se consagra la vieja invocación de todo poder totalitario y autoritario para justificar sus abusos: Vox populi, Vox Dei. Quien asume ese epigrama se siente legitimado para hacer cualquier cosa y las restricciones institucionales a su actuación son molestos obstáculos que es preciso eliminar.

Esta es la situación de España en esta hora. Las limitaciones al poder nunca se echan de menos hasta que dejan de existir y sólo entonces se percibe el error de haberlas menospreciado. Esas cortapisas formales y, a veces, no comprendidas por la sociedad constituyen la base sólida e imprescindible de un Estado respetuoso de los derechos y libertades de todos que es además la esencia de un Gobierno representativo. Y esto es lo que está desapareciendo en España.

El Gobierno social-comunista se ha convertido en el monopolista de la distribución imperativa de los valores y de los recursos y esto le hace prisionero de una negociación permanente con los socios que le garantizan mantenerse en el poder y oon la base social cuyos votos compra. Cuanto más débil es un Gobierno, menores son los contrapesos a su actuación, menos escrúpulos tiene y mayor es su tendencia a la arbitrariedad y su disposición a emplear cualquier medio para conseguir los fines. Es una forma degenerada de de democracia soportada en la explotación de quienes no apoyan al Gobierno en favor de quienes lo hacen. El final es una enorme polarización política, social, económica y territorial; una forma de guerra civil fría.

Lo que acaece en España es consecuencia de los frágiles y sorteables escollos a la acción del Ejecutivo-Legislativo establecidos por la Constitución, derivados en gran medida de la ambigüedad de muchos de sus preceptos cuya literalidad permiten interpretarlos de una manera distinta y opuesta a la deseada por el Constituyente. En ocasiones, por ejemplo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no garantiza su independencia; en otras, léase el derecho de propiedad, no se le considera fundamental. Por añadidura, la configuración del modelo de organización territorial del Estado es todo menos un modelo: es el caos cuya evolución depende bien de los Gobiernos centrales, bien de la buena voluntad de los políticos. La casuística podría ampliarse mucho mas.

La izquierda apela al progresismo para interpretar como le place la Ley de Leyes. Ante esta actitud es preciso recordar que la existencia de una constitución escrita y rígida obedece al deseo de limitar y mantener a raya no al pueblo, cuyo nombre se invoca en vano, sino a la clase política, dispuesta a ccnceder cualquier cosa para obtener el voto. Lo que se pretende es pemtitir al ejecutivo, al legislativo y a un judicial dependiente de ambos ejercer la mas amplia discrecionalidad. Cuando esto ocurre, nadie salvo los amigos-partidarios de quienes mandan puede estar seguro.

Estas reflexiones no son baladíes ni son un ejercicio teórico. Apuntan a la necesidad de plantear un ambicioso proyecto de reformas destinado a corregir las deficiencias del actual marco constitucional. Ya no cabe volver al 78. Hay que preservar su espíritu y reformar aquellos aspectos que han mostrado ser inadecuados para lograr la meda perseguida por los Constituyentes.