Moratoria regulatoria

Juan Carlos Hidalgo dice que considerando el deterioro económico, el gobierno de Alvarado debería declarar una moratoria regulatoria para lo que resta de su mandato, brindando certeza así a las empresas que no estarán sujetas a mayores costos regulatorios.

Por Juan Carlos Hidalgo

El principal obstáculo para la reactivación económica es la falta de credibilidad de la administración Alvarado –empezando por el propio presidente– que no transmite suficiente confianza a consumidores y empresarios. No solo es que las prioridades del gobierno están en otra parte, sino que el ADN estatista del oficialismo siempre se impone sobre cualquier retórica de mejorar el clima de negocios.

Por ejemplo, el ministro de la Presidencia afirma que “la prioridad es que el país vuelva a trabajar”, pero al mismo tiempo el gobierno continúa con los operativos contra los choferes de Uber, empresa a la que en su momento incluso instó a hacer maletas. Y mientras en Zapote hablan de simplificación de trámites, se siguen anunciando regulaciones que asfixian al empresariado.

Hace poco el ministerio de Salud publicó un decreto que impone requisitos estridentes sobre la venta de ropa americana. Los importadores de esa mercadería afirman que los nuevos trámites aumentan significativamente sus costos de operación y que llevarán al cierre de muchos negocios. El Minae también emitió un decreto que obliga a los comercios de venta de comidas a cumplir con estrictas normas técnicas, entre estas reubicar los cilindros de gas fuera de sus locales y obtener una costosa certificación de verificación de una lista reducida de ingenieros autorizados. Ya se están reportando clausuras de establecimientos –en particular sodas– por no cumplir con las nuevas ordenanzas.

Por su parte, la fracción oficialista impulsa una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia que ha sido catalogada por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio como “otro proyecto de persecución empresarial”. Entre muchas otras barbaridades, la iniciativa autoriza a la Comisión Nacional del Consumidor a realizar decomisos e inmovilización de bienes y ejecutar clausuras temporales de negocios.

Ante el innegable deterioro económico, urge que Zapote le envíe un “shock de confianza” al país. Un buen lugar para empezar sería declarar una moratoria regulatoria por lo que resta del cuatrienio, de tal forma que el Ejecutivo renuncie a decretar o sancionar nuevas regulaciones que impongan mayores costos al sector privado –al menos, claro, que medie una necesidad imperiosa–. En un país ya de por sí híper-regulado como el nuestro, pocas medidas serían más razonables.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 9 de junio de 2019.