Los retos del gobierno de PPK

Iván Alonso considera que quizás una de las mejores reformas institucionales que el nuevo gobierno podría acordar con una mayoría en el congreso sería la creación de una oficina especializada en analizar el impacto económico de las propuestas legislativas.

Por Iván Alonso

Son dos los problemas que enfrenta todo gobierno en sus relaciones con el Congreso. Primero, cómo hacer para que se aprueben sus proyectos de ley, especialmente si está en minoría parlamentaria. Segundo, cómo evitar que le impongan otros que obstaculizan sus planes o con los que simplemente no está de acuerdo.

El primero no parece tan serio. Siempre cabe la posibilidad de gobernar con lo que se tiene y recurrir al Congreso solamente en casos excepcionales. En el ámbito económico, al menos, son pocas las propuestas realmente trascendentales de Peruanos por el Kambio que requieren de una ley expresa. Y se supone que no hay en esa materia diferencias fundamentales con el fujimorismo: ambos planteaban en la campaña aumentar temporalmente el déficit fiscal, por poner un ejemplo; ambos planteaban, también, beneficios tributarios para reducir la informalidad. No debería ser difícil ponerse de acuerdo. Que sean medidas convenientes o efectivas es otra cosa.

Si para lidiar con este problema contamos con la inequívoca recomendación de los analistas políticos —dialogar, tender puentes y todo eso—, para el segundo podemos apelar a las no menos precisas indicaciones del entrenador del colegio para conjurar los ataques del equipo contrario: defensa bien plantada...

Alguna vez escuchamos de boca del propio presidente electo cómo había tenido que rechazar, siendo primer ministro, más de trescientas leyes que había aprobado el Congreso. No va a ser más fácil en estos cinco años. Necesitará su gobierno la máxima concentración para alejar los peligros de la indisciplina fiscal y la interferencia con el funcionamiento de una economía de mercado; en otras palabras, para defender el modelo económico contra aquello que, con magnífica ironía, llaman los congresistas “trabajar por el país”. Tendrá que cuidarse de todas las bancadas; no solamente de la mayoría fuerzapopulista, sino también de la izquierda y hasta de sus propios congresistas. Hay que pasar lista no más de quiénes votaron a favor de las leyes que están desnaturalizando el sistema privado de pensiones o de la que permite el retorno de Petro-Perú a la exploración y explotación de petróleo.

Lamentablemente, el análisis costo-beneficio que acompaña a los proyectos de ley que se presentan en el Congreso no es nada que merezca ese nombre. El formulismo de que “este proyecto no generará gastos al estado” no solamente no es verdad en muchísimos casos, sino que ignora cuál es el propósito de ese análisis, que es el de identificar —y, en lo posible, cuantificar— los recursos que el país tendrá que sacrificar para cumplir con la norma y los beneficios que recibirá a cambio.

Quizás una de las mejores reformas institucionales que el nuevo gobierno podría acordar con la mayoría parlamentaria sería la creación de una oficina especializada dentro del Congreso que analice las implicancias económicas de las propuestas legislativas, a la manera de la Congressional Budget Office de EE.UU. En tanto eso no ocurra, haría bien en conseguirse un primer ministro comprometido con esa tarea y dotarlo de un equipo encargado de escudriñar las leyes enviadas por el Congreso antes de promulgarlas. Nada garantiza, por supuesto, que este último vaya a prestar atención a las observaciones que haga el gobierno; pero, por lo menos, el error quedará al descubierto.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 24 de junio de 2016.