Los malos políticos desean castigar la producción

Víctor Pavón considera inconveniente un nuevo tributo al sector agropecuario porque la manera de promover la industrialización no es mediante el desaliento de las exportaciones de las materias primas.

Por Víctor Pavón

El partido Frente Guazú presentó días atrás su agenda legislativa para el período 2017-2018, en la que se destacó la importancia de aprobar un tributo al sector agropecuario, aduciendo la necesidad de desalentar la exportación de materia prima. Desde hace años se viene intentando aprobar en el Congreso un impuesto a la exportación de los llamados commodities como la soja, el trigo, el maíz y otros en estado natural.

La pretendida legislación encuentra su explicación no solo en el desconocimiento del proceso económico, sino también en el oportunismo y obsecuencia que caracteriza a los malos políticos que no les interesa el perjuicio que puedan ocasionar al agro y a las miles de familias campesinas.

Establecer un costo a la producción de granos sabiendo que la misma está expuesta a los vaivenes de los precios en el mercado internacional, lo que supone modificaciones en las ganancias y en la posibilidad de contraer pérdidas en el negocio agropecuario, muestra que los propulsores de este tipo de leyes están enceguecidos tanto por la ignorancia económica como por el odio y el resentimiento hacia aquella parte de la población que desea trabajar en paz y en absoluta independencia de la politiquería.

Como los productores no forman parte de los votos cautivos dependientes de los políticos de turno, entonces éstos vividores del dinero público prefieren “negociar”, eufemismo de sacar dinero apelando a la extorsión —a cambio de no aprobar la ley o hacer algunas modificaciones menos perjudiciales.

Lo que los malos políticos —y malos por su mala fe e ignorancia— no entienden es que el productor desea aumentar sus ganancias; y resulta que la exportación de granos en estado natural implica menos dinero que la obtenida por la industrialización. Esto es, no es que el productor no desee industrializar la producción agropecuaria —como de hecho ya se está haciendo en el país— pero la industrialización no funciona como con una varita mágica.

La industrialización es un arduo proceso de trabajo e inversión, de riesgos por los préstamos contraídos, el clima e inversiones que realiza el productor. Para lograr este propósito, los productores se ven obligados a vérselas con el cálculo económico. La industrialización no tiene nada de malo; por el contrario, es un proceso que se forja en el esfuerzo diario con deudas ligadas a garantías hipotecarias que permiten al productor contar con el suficiente capital para la compra de maquinarias, semillas y tecnología de punta que, por cierto, mejoran la calidad de los alimentos, aumenta la producción y preservan los recursos naturales.

Cuando son propicias las condiciones de precio y rentabilidad, el productor pronto se percata de la conveniencia de exportar con valor agregado. Pero si ese productor se ve obligado a pagar un nuevo costo —como lo es el pretendido impuesto a su producción— sin siquiera saber que tendrá ganancias, entonces el resultado será el desaliento a la tan ansiada industrialización, ¡precisamente lo que los legisladores dicen desear con la ley!

El agravante es todavía peor, por cuanto que lo que ahora ingresa en dinero por la producción, disminuirá directamente en el porcentaje del nuevo impuesto y de ese modo se reducirá la cantidad de trabajadores y empresarios en el campo. Así mismo, el fisco percibirá menos ingresos debido a la merma en las compras de maquinarias e insumos en general por el pago de los impuestos que hoy existen. El productor paga el IVA y el impuesto Inmobiliario y Renta (Iragro), mientras que el comercializador y el exportador también pagan IVA y Renta (Iracis).

Los productores agropecuarios del país, pequeños, medianos y grandes, necesitan de verdaderos líderes políticos que hagan de su labor una vocación al servicio del trabajo y del progreso e igualmente rechacen la pretensión de los malos políticos (ignorantes y de mala fe) de castigar la producción.