Los liberales deberían celebrar la emancipación tanto como el fin de la prohibición

Jonathan Blanks señala que el 6 de diciembre se celebró el aniversario de la prohibición de la propiedad de esclavos en EE.UU., esto es, del avance más importante de la libertad en la historia estadounidense.

Por Jonathan Blanks

Cada año el 5 de diciembre, muchos liberales y organizaciones liberales realizan eventos para celebrar el aniversario de la derogación de la Prohibición mediante la Enmienda No. 21. Esta conmemoración sirve como una oportunidad para socializar con unas cuantas bebidas alcohólicas, pero también para recordar que hubo un momento en la historia de nuestro país cuando pudimos reconocer de forma colectiva que habíamos cometido un error masivo de política pública al prohibir un estupefaciente popular y, en nuestra época actual, recordarnos que deberíamos hacer lo mismo para acabar con la guerra contra las drogas. El día de la derogación es, en pocas palabras, una celebración de la libertad individual y un llamado a tener más de ella.

Aún así los liberales parecen estar mucho menos ansioso cuando se trata de celebrar el 6 de diciembre, que es el aniversario de la ratificación de la Enmienda No. 13, con la cual se prohibió legalmente la propiedad de esclavos en EE.UU. La emancipación fue el avance más singular de la libertad en la historia estadounidense y aún así la gente cuya identidad política evoca la liberación rara vez celebra el aniversario de la Enmienda No. 13.

La emancipación provee una oportunidad para contemplar la subversión legal y social de la libertad humana. Así como las lecciones de la Prohibición aplican a nuestra guerra contra las drogas, nuestra tolerancia nacional del encarcelamiento de nuestros conciudadanos —un número desproporcionado de ellos siendo descendientes directos de esclavos que fueron emancipados hace más de 150 años— deberían darle a los auto-proclamados partidarios de la libertad humana un momento para reflexionar.

La Enmienda No. 13 dice:

“Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente condenado”.

Es irónico que la enmienda constitucional más liberadora provea una excepción que ayudó a conducir hacia la encarcelación masiva. La mayoría del resto de las naciones en el planeta han encontrado formas de castigar y rehabilitar a los agresores criminales sin encerrarlos por décadas sin fin y sin exponerlos a horrores mentales y físicos como parte del proceso.

Muchas cárceles y prisiones estadounidenses están abrumadas y no logran proveer una atención médica física y mental adecuadas a los prisioneros. Entre los encarcelados, las tasas de enfermedades infecciosas —tales como tuberculosis, hepatitis, y VIH/SIDA— son mucho más altas que para la población en general, y las condiciones de la prisión muchas veces exacerban y diseminan esas enfermedades. En particular, la violación en las cárceles que puede esparcir estas infecciones e infligir un daño psicológico horrible es tan común que es un tropo muy conocido en la cultura estadounidense, para nuestra gran vergüenza.

A los estadounidenses les gusta pensar de nuestro país como uno que es ilustrado e intolerante de la barbaridad de la esclavitud, a pesar de que encierra a más de dos millones de personas en estas peligrosas jaulas. Odiamos el racismo como un concepto abstracto, pero a pocos les preocupan las interminables filas de niños y jóvenes negros en trajes anaranjados y encadenados que se encuentran en las cortes alrededor de todo el país. Nosotros pagamos por estas atrocidades bajo el disfraz de la ley, el orden y la seguridad. Justificamos el daño que el gobierno inflige con el lema “haces el crimen, cumple el tiempo”, castigando en exceso actos que pueden o no merecer sanción alguna, con una insensible indiferencia frente a los costos personales para los criminales, sus familias, o sus comunidades (muchas veces empobrecidas y racialmente segregadas). La “rendición de cuentas” y el “Estado de Derecho” se han vuelto sellos de aprobación para cualquier tipo de sentencia que los abogados acusadores consideren apropiado ofrecer en el acuerdo de cooperación. Sin ironía, llamamos a estos mecanismos carcelarios nuestro sistema de “justicia”.

Esta crueldad en el nombre de una mayor virtud y el orden civil no es nueva.

Hace aproximadamente 160 años, el vicepresidente de la Confederación Alexander Stephens dijo que la institución de esclavitud racial estaba basada en una “verdad moral” y que el Sur gozaría de “un reconocimiento pleno de este principio a lo largo del mundo civilizado e ilustrado”. La Confederación, después de todo, decía que estaba luchando por su “libertad” de esclavizar a otros — muchos de los cuales eran descendientes de las violaciones perpetradas por los mismos esclavizadores— y que la plataforma Republicana para detener la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios estadounidenses era, de hecho, una tiranía.

Luego de la Reconstrucción, el Sur aprovechó el lenguaje de “excepto como castigo de un delito” contenido en la Enmienda No. 13. Como Douglas A. Blackmon expuso en su libro, Esclavitud con cualquier otro nombre (Slavery By Any Other Name), las autoridades a lo largo de la ex-Confederación criminalizaron todo tipo de transgresiones y comportamientos de menor importancia para colocar a los afroamericanos en jaulas y para ponerlos al servicio de otros mediante el sistema de alquiler de trabajadores-prisioneros. Aunque estas leyes no fueron explícitamente racistas —era típico que en sus textos no aparezca mención alguna acerca de la raza— estas fueron principalmente utilizadas en contra de individuos liberados y sus descendientes, en lugar de ser utilizadas en contra de blancos empobrecidos que eran culpables de los mismos supuestos “delitos”.

Este sistema fue agregado encima del ya explotador sistema de reparto de cosechas, el cual ataba a muchos ex-esclavos a las tierras y a los otrora esclavizadores sin ninguna esperanza realista de lograr la prosperidad o la libertad económica. Si un agricultor de reparto renunciaba y tenía problemas encontrando trabajo en otra hacienda o en otro trabajo, podía ser encarcelado por holgazanear y vagabundear y ser alquilado a una empresa por el sheriff local cuando este no podía pagar por la fianza. El Sur efectivamente criminalizó el hecho de ser pobre y negro.

Mientras más cambiaban las cosas, más parecían seguir iguales.

Aunque hoy los prisioneros todavía trabajan sin recibir un salario llevadero para empresas privadas, el sistema de alquiler de convictos ha terminado. Mientras que muchos activistas atacan a la industria privada de cárceles, muchas cárceles y prisiones son dirigidas por los gobiernos de los condados o de los estados, y los fiscales debidamente elegidos son los responsables de que se llenen. Remover el incentivo de obtener ganancias del estado carcelario hace que el sistema sea solamente marginalmente más justo, mientras que sus efectos sobre las comunidades negras particularmente son a veces difíciles de distinguir de las políticas racistas de hace un siglo.

EE.UU. ha expandido considerablemente sus promesas de libertad hacia millones de personas de maneras que los Fundadores nunca lo pretendieron. Pero todavía no es tan libre como podría o debería ser. Las Enmiendas No. 21 y No. 13 deberían ser celebradas como grandes victorias para la libertad, pero también sirven como un duro recordatorio de las muchas formas en que EE.UU. todavía fracasa en satisfacer sus ideales fundacionales.

Demasiadas personas siguen encadenadas.

Este artículo fue publicado originalmente en Rare (EE.UU.) el 6 de diciembre de 2017.